La crisis explícita del sistema de salud ya llegó

Cada día, aproximadamente una de cada 20 personas (el 5%) busca servicios de salud, ya sea por un tratamiento menor, como una gripa, o por procedimientos más complejos, como una cirugía o quimioterapia para el cáncer. Naturalmente, esto implica que 19 de cada 20 personas no requieren atención médica, es decir, la inmensa mayoría.

Por eso cuando ocurre una crisis sistémica en el sector salud puede pasar mucho tiempo antes de hacerse evidente, a pesar de que la salud es, posiblemente, el bien más preciado para cualquier ser humano.

Pero a medida que la crisis se prolonga los afectados se acumulan y eso hace más evidente el problema. Los pacientes enfrentan mayores barreras para acceder a medicamentos y tratamientos, mientras que sus cuidadores deben hacer largas filas o esperar horas al teléfono para obtener citas y procedimientos. Esta situación no solo afecta a quienes requieren atención médica, sino también a sus familias, que ven con angustia el deterioro innecesario en la salud de sus seres queridos. 

Los servicios donde se ve la crisis

Además del acceso a medicamentos —que representan el 25% del presupuesto en salud—, otros servicios también reflejan el agravamiento de la crisis. La articulación entre actores del sistema y la oportunidad en la atención (el tiempo que transcurre entre la solicitud y la prestación del servicio) han empeorado significativamente. Recientemente, Luis Carlos Leal,  el exsuperintendente de salud y próximo asesor del Ministerio de Salud, insinuó en un video que estos problemas responden a una estrategia deliberada de algunos actores del sistema para generar crisis, ignorando los problemas presupuestales que los interventores de EPS han señalado con gran preocupación.

Con menos recursos disponibles las barreras de acceso se han incrementado. Esto obliga a un racionamiento más estricto de los servicios y a una renegociación de acuerdos entre aseguradores y hospitales, lo que ha llevado a la interrupción de tratamientos y a un deterioro aún mayor del sistema de salud. Hoy estamos viendo además, pérdidas en la capacidad del sistema por cierres de servicios y, por supuesto, más dificultad para encontrar condiciones laborales satisfactorias para el personal de salud. 

El problema es tan serio que recientemente una encuesta identificó la salud como la principal preocupación de los ciudadanos. Algo no antes visto.

Y todo este fenómeno se complica aún más por la pérdida del intangible más importante del sistema de salud: la confianza. Si bien el sector salud en los últimos 30 años presenció grandes pugnas entre aseguradores y hospitales, en gran parte explicadas por la posición dominante de las EPS, siempre existió confianza en que el regulador en últimas resolviera los problemas. 

Así ocurrió cuando se decretó la emergencia social y económica en 2009 o con el Acuerdo de Punto Final en 2020. Fueron medidas temporales, sí, pero reforzaron la confianza de los actores del sistema en el regulador. Y fue precisamente esa confianza la que permitió que Colombia alcanzara el tercer o cuarto lugar en los índices de cobertura de salud en América Latina con un gasto relativamente bajo. También llevó al país a destacar en uno de los pocos indicadores positivos dentro de la Ocde: el bajo gasto de bolsillo en salud.

Todos esos logros se perdieron porque los actores del sector ven al regulador (Ministerio, Superintendencia, Adres) en confrontación abierta no solo con ellos, sino incluso con la Corte Constitucional, que en su momento fue reconocida por el actual ministro de Salud y la exministra Corcho por la sentencia T-760 de 2008 y la jurisprudencia que dio paso a la Ley Estatutaria de Salud. Ahora, el gobierno vulnera abiertamente esta Ley al desfinanciar el sistema de manera deliberada, afectando no solo a las EPS, sino a toda la cadena de prestación de servicios, desde hospitales y profesionales de la salud hasta los propios pacientes.

Por eso, cada vez tengo menos confianza en que el sector recupere las condiciones que necesita durante lo que resta de este gobierno. Es por esto que el próximo gobierno deberá actuar con rapidez para enviar un mensaje de confianza desde el 7 de agosto de 2026 pues quien asuma la presidencia heredará un sistema de salud debilitado, sin confianza, desfinanciado y deslegitimado. Hoy el sistema tiene menos capacidad de enfrentar una crisis sanitaria que en 2020, y los nuevos retos en salud —como el cáncer, las enfermedades crónicas no transmisibles y factores intersectoriales como la calidad del aire— lo hacen cada vez más complejo.

Guía breve para recuperar el sistema de salud en 2026

Con más de 60  precandidatos a la presidencia de 2026, la salud se perfila como una preocupación creciente en los electores. Así que dejo una lista breve, sujeto de ampliación, de tres aspectos que considero fundamentales para que las diferentes campañas puedan articular una estrategia que resuelva los problemas que aquejan al sistema:

1. En los primeros 100 días el nuevo gobierno debe dar un mensaje de incremento suficiente de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), comprometerse a apropiar para 2027 por lo menos un punto adicional del PIB y restaurar la confianza con los actores por medio de una comunicación clara, transparente y decisiva con un plan estructurado de recuperación del sistema. Un Plan Marshall para la salud, le decía a alguien recientemente. Esto debe ir acompañado de un compromiso claro de todos los actores por mejorar y supervisar más cercanamente la calidad del gasto en salud.

2. El sistema de salud requiere urgentemente un sistema de información universal, obligatorio e interoperable para consolidar todas las cuentas del sistema de salud. Gran parte de los problemas alrededor de la legitimidad del sistema (incluida las condiciones que llevaron a la desfinanciación de la UPC en 2025) son ocasionados por la falta de consolidación de la información financiera. A mi parecer, esta es la única buena idea de la reforma a la salud, aunque su trámite en el Congreso no era necesario, el actual gobierno lo podría haber implementado administrativamente (como ha implementado el resto de la reforma a la salud). Lamentablemente, el gobierno desperdició dos años y nunca quiso implementarla.

3. Una reforma a la salud es necesaria. Aún más hoy cuando se perdió irreversiblemente la confianza de los actores en el sistema. Pero esta reforma debe ser corta, concreta y concertada, enfocada en proteger los aspectos positivos del sistema, mitigar los problemas estructurales y resolver los daños causados por este gobierno. Debo ser claro, esta reforma no puede ser un articulado que busque satisfacer a todos los actores, ni que pretenda recuperar batallas antiguas de las mismas. Todos deben ceder. Estos serían algunos de los puntos:

1.      Cambios clave a las instituciones del sector salud:

a)      Supersalud: mejorar su capacidad y un nuevo enfoque de intervenciones priorizando la garantía al derecho a la salud.

b)      INS: recuperar la capacidad técnica perdida.

c)      Invima: mejorar su desempeño y modelo de financiación.

d)     Iets: debe adquirir la competencia de ser la institución que define las  tecnologías que son pagadas con recursos públicos con el objetivo de mejorar la calidad del gasto en salud.

2.      Debe explorarse una UPC de riesgo compartido para poder hacer atractivo de nuevo el mercado de aseguramiento en salud y poder contar con suficientes oferentes, pues después de los cambios llevados a cabo por el gobierno, es difícil atraer un número suficiente de aseguradores al mercado.

3.      El sistema de salud debe tener un enfoque renovado en atención primaria con una adecuada articulación entre las funciones colectivas y las individuales.

4.      El pago por resultados a las EPS es fundamental para articular la función de control de costos con la función de mejorar los indicadores de salud y la rendición de cuentas a los ciudadanos.

5.      Un sistema de salud diferencial para zonas rurales que pueda acomodarse a las necesidades muy diversas de todos los colombianos.

6.      Un programa comprensivo para resolver los serios problemas de oferta de profesionales de la salud en el corto plazo y largo plazo.

7. El nuevo diseño debe proponer una mejor distribución del poder de negociación entre IPS y EPS.

Esta entrada está escrita a nombre personal y no representa la posición de ninguna institución. Así mismo, no tengo conflictos de interés por declarar. Declaro no recibir financiación de ninguna entidad colombiana.