Andrés Caro
El columnista Andrés Caro. Foto: La Silla Vacía

Me los imagino. Acaban de leerla en un libro o acaban de oír la gran idea: todo es ideológico. El marxismo, sí, pero también el fascismo y el capitalismo. 

“Todo es político”, aseguran, orgullosos de haber descubierto la idea trasnochada de que todo lo que involucra a los seres humanos tiene algo de ideológico. 

Y tienen razón. Incluso los valores científicos son “ideológicos”: la objetividad, la replicabilidad, la inducción. Todos estos conceptos tienen una historia y surgieron alrededor de ciertas instituciones. Son, además, fundamentalmente artificiales: a alguien en algún lugar y por alguna razón se le ocurrieron. Y otras personas los encontraron útiles. No son, entonces, completamente “puros” o “neutrales”. Nada que sea humano lo es. 

Tampoco, claro, el liberalismo del costo y del beneficio (con su tecnocracia fría, con sus pretensiones de imparcialidad y de maximizar la utilidad para la mayoría).

Es, de hecho, muy ideológico. Parte de premisas que no son verificables: que la persona humana tiene una dignidad particular, que tiene derechos, que las políticas públicas deben poder medirse y deben ser buenas para la mayoría de la gente, que el debate público es mejor cuando se hace sobre hipótesis confrontadas y comunes, que el poder público debe estar dividido. 

Que la vida con libertad, con cooperación y con competencia regulada es mejor que una vida aislada de los otros o que una regulada totalmente por el Estado. Y así: son cosas en las que uno cree como otros creen en Jesucristo, en Brahma o en Santa Fe. 

Una de las premisas que el liberalismo asumió como propias, y casi como indudables, es que la ideología no es tan importante en la política. Los liberales creíamos que nuestras ideas eran objetivas, que habían sido verificadas una y otra vez, y que eran compartidas. 

Teníamos la ilusión de que después de la caída del muro de Berlín todos estábamos en la misma página. Era “el final de la historia”. Pero no: como en tantos lugares del mundo, en Colombia nos estrellamos con el hecho de que la ideología importa. 

Nos habíamos convencido de que nuestros compromisos más firmes no eran ideológicos, sino, casi, rasgos de una condición natural, como emanados del sentido común.

Un sentido común que, como descubrimos, no compartimos con el actual gobierno de Colombia, que sistemáticamente rechaza las premisas de nuestra imaginación política: la utilidad, la verdad, la prudencia. Nos despertamos muy tarde de nuestro “sueño dogmático” y de nuestra fantasía. Y entonces nos dimos cuenta de que la ideología, y no el bienestar de la mayoría (el bienestar medible, digo, no el imaginario: el de la comida en la mesa y los bombillos prendidos, el bienestar del Excel, y no el de las reivindicaciones retóricas), es, ahora, el factor principal de las decisiones políticas. 

Y es que la ideología del gobierno, que quizás hemos subestimado, es lo único que puede explicar sus decisiones respecto al que va a ser su principal legado de política pública: la destrucción premeditada del sistema de salud. Les he preguntado a amigos, a expertos, a políticos que sólo piensan en términos prudenciales, a pacientes y a usuarios del sistema.

Ninguno disimula su perplejidad ante una catástrofe que ya está ocurriendo y que probablemente les va a explotar, como una granada entre las manos, a este mismo gobierno y a este presidente. No en vano, en algunas mediciones, la salud aparece como el asunto que más les preocupa a los colombianos

Las personas con quienes conversé explican las decisiones erráticas del gobierno por la ideología. Y creo que tienen razón: sólo el apego empecinado a unos ideales equivocados puede explicar las decisiones del gobierno, que están llevando a un desastre que pone en riesgo la vida y el bienestar de millones de personas

Algunos podrían decir que estamos equivocados, y que la destrucción del sistema de salud no se explica por la ideología del gobierno y del presidente (¿del presidente? ¿hay presidente en Colombia?) sino por la más trivial y conocida de las razones: están haciendo la reforma para robarse la plata de la salud desde EPS intervenidas, como lo revelaron esta semana Paula Bolívar y Juan Pablo Calvás

Pero el caso que denunciaron los periodistas y que supuestamente involucra a personas cercanas a la canciller de Colombia (aquí todos finjamos sorpresa), cercanas al presidente de la república (y aquí), cercanas a la gobernadora del Valle del Cauca (y aquí) y cercanas al embajador de Colombia en el Reino Unido (y aquí también) es un caso de corrupción que, en verdad, no explica la reforma a la salud del gobierno. 

Parece, más bien, que algunos ladrones se montaron en la reforma que los ideólogos estaban haciendo. Pero esto no es raro: ellos se meten en todo (estaban, también, en el sistema que el gobierno está desmontando). Lo más preocupante e interesante (porque es un fenómeno nuevo) es que la destrucción del sistema de salud no está ocurriendo porque unos ladrones se la inventaron, sino porque unos ideólogos la hicieron y se la impusieron a Colombia sin pasar por el Congreso, burlándose de las decisiones de la Corte Constitucional y desatendiendo los reclamos cada vez más urgentes y desesperados de los pacientes. 

La causa de la reforma es la contumacia del presidente y de sus dos ministros de salud, quienes, por creerse la premisa de que un derecho (la salud) no puede traducirse en un negocio (el sistema de salud con actores privados), decidieron hacer una reforma improvisada, creando una crisis de medicamentos y una crisis de financiación provocada por las omisiones y el desacato del gobierno a la orden judicial de corregir el monto de la UPC y que el presidente ya había anunciado al comienzo del gobierno, con su profético e infame “chú chú chú”. 

Sí, están desmantelando un sistema de salud que llegaba, con distintos niveles de eficiencia, a toda la población. Lo hacen porque no les gusta. A pesar de los logros del sistema, el gobierno decidió agravar la situación financiera. Antes, los problemas se debían principalmente al aumento de gastos causado por algunas instituciones mal diseñadas y por decisiones judiciales bienintencionadas pero equivocadas. Ahora, la causa es el desprecio del gobierno por el sistema y por sus actores privados y la desfinanciación de las EPS (incluso las intervenidas) y del sistema, que ha llevado a los cierres de servicios de pediatría, ginecobstetricia o diálisis en algunos hospitales. 

El presidente y su gobierno asocian el sistema de salud con dos de sus enemigos jurados: el neoliberalismo y Álvaro Uribe. Fue él quien impulsó la Ley 100, diseñada por Juan Luis Londoño. El sistema es un ejemplo del neoliberalismo y de la apertura a la colombiana y también del modelo de economía social de mercado de la Constitución de 1991, que prometía, y que cumplió, ampliar el acceso a servicios públicos como la salud, las pensiones, la vivienda o la educación. Lo hizo mediante la combinación de la supervisión y dirección estatal con la participación de privados. Estos podían crear y ejecutar modelos de negocio dentro del sistema, y también, en algunos casos, hacerse ricos. 

Para el gobierno esto es inaceptable. No pueden concebir que alguien haga un negocio alrededor de un derecho fundamental. Les parece inmoral, así funcione mejor que la alternativa que proponen. Esto nunca les ha importado mucho: si la realidad contradice sus teorías es la realidad la que está equivocada, y no su teoría, derivada de premisas morales absolutas, e incontrastable con el mundo real. 

“No necesito reflexionar mucho sobre mis principios”, dijo el presidente hace unos días, complacido con su propio dogmatismo.  Prefiere –siempre lo ha preferido– cambiar el mundo con amenazas y a la fuerza que adaptarse a un mundo con problemas que requieren coordinación e incentivos, y que no responde bien a la imposición de premisas anacrónicas. 

La persistencia tenaz de la ideología del gobierno va a destruir el sistema de salud. Esa fue la revolución del petrismo: una impopular y fracasada revolución contra la realidad y el bienestar que les va a explotar en las manos. 

Para reconstruir el sistema, tendremos que recuperar la ideología de la utilidad.  

Nota: después de una enfermedad que hizo pública con gracia y con inteligencia, murió la profesora Tatiana Andia. En Terrenal hablamos con ella sobre la vida y sobre la muerte. Un saludo a su pareja, a su familia, a sus amigos, a sus estudiantes y a tantas otras personas que la quisieron y que aprendieron de ella.  

Candidato a doctor en derecho por la Universidad de Yale. Ha estudiado en la Universidad de Chicago y en Oxford. Es abogado y literato de la Universidad de los Andes. Es cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, y ha sido miembro de la junta directiva del Teatro Libre de Bogotá y del Consejo...