La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, confirmó que llegó a un acuerdo con el Congreso para eliminar el artículo del proyecto de ley de la jurisdicción agraria, señalado de contribuir a una “expropiación exprés”. Se trata del artículo 4, relacionado con la función social y ecológica de la propiedad agraria.
En el pasado, el gobierno negó que ese artículo busque una expropiación exprés, algo que ratificó hoy la ministra Carvajalino. “No hay ningún artículo de expropiación”, aseguró. El proyecto de ley espera ser discutido la próxima semana.
La ministra hizo énfasis en otro artículo de ese proyecto. Lo único de la expropiación hace el proyecto de ley es decir que la competencia judicial es de los tribunales agrarios y rurales. Y el artículo 12 que tiene que ver con procesos especiales agrarios”, aseguró.
Esos procesos son: clarificación desde el punto de vista de propiedad; deslinde de tierras de la nación; extinción agraria del dominio; recuperación de baldíos ocupados y otros procesos que se suman como condición resolutoria; calidad administrativa; reversión de baldíos y revocatoria de adjudicación.
El artículo señalado de expropiar. Según la exministra de Agricultura, Cecilia López, y la representante Katherine Miranda, cuestionan que el artículo señale que “las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social”. También que sea la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la encargada de resolver procedimientos especiales y luego pase a la justicia ordinaria.
La defensa del gobierno. Las ministras Carvajalino y Ángela María Buitrago (Justicia), aseguraron que la ley 160 de 1994 regula la expropiación agraria y dicta que es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia. Y que el proyecto que se radicó ayer mantiene esa ley, por lo que no se está haciendo algo “inconstitucional”.
Ya hay ponencia radicada. Se radicó ante la Comisión Primera del Senado.
La ponencia:
Ponencia Primer Debate (Jur… by La Silla Vacía
¿Por qué es clave? La jurisdicción agraria es una de las metas del gobierno del presidente Gustavo Petro y ya ha tenido dos victorias en el Congreso. En el 2022 se aprobó su existencia y en la legislatura pasada, se aprobó y concilió cómo va a funcionar. El proyecto radicado busca reglamenta cómo funcionarán los jueces y juzgados de tierras.
Además, es el único proyecto que implementa el Acuerdo de Paz. Busca estructurar los alcances de los nuevos jueces de tierras para garantizar un acceso a la justicia a los campesinos y a las comunidades rurales, quienes por años han sufrido la ausencia de la justicia agraria.