Si nada extraordinario ocurre, la próxima semana resultará elegido como Procurador general de la Nación, contra todas las apuestas iniciales, el candidato postulado por el presidente Gustavo Petro, quien contará con los votos de prácticamente todos los partidos, incluidos los de oposición. En semejante ambiente político y con tanto que se invocan por estos días los pesos y contrapesos es curioso que los de Petro terminen siendo candidatos de consenso.
Uno de los temores más difundidos por los opositores del Presidente es que coopte todos los poderes públicos para debilitar los controles e intentar perpetuarse en el poder. El temor es -a mi juicio- infundado porque Colombia tiene un sistema institucional tan complejo e intrincado y un poder tan difuso que “tomarse” los poderes no es tan fácil, pero claro, con intención de quedarse o no, los presidentes intentan incidir en las personas que ocupan cargos en los otros poderes públicos, máxime cuando el diseño institucional les permite postular candidatos.
En la elección y el nombramiento de algunos funcionarios, Petro ha resultado el pragmático y conciliador que todo el mundo le pide que sea en otros temas.
Los voceros de la oposición insisten en que el Presidente se va a tomar la Corte Constitucional e incluso han usado ese argumento para difundir un supuesto acuerdo con el candidato a la Procuraduría que tendría la tarea de influir en las cortes para que en las ternas se incluyan “amigos” de Petro. El desprecio por las instituciones les permite afirmar, con toda desfachatez, que a cambio de algunos puestos en la Procuraduría los magistrados hacen sus listas como se las dicten desde la Casa de Nariño.
Lo cierto es que cuando el Presidente pudo enviar una terna incluyó al actual magistrado Vladimir Fernández, quien contó con el apoyo de todas las bancadas en el Senado. Obtuvo 88 votos, de 106 posibles, quizás la votación más alta en la historia de las elecciones a la Corte. Ahora el Consejo de Estado integrará una terna de una lista de 82 candidatos y seguramente enviará a tres juristas de los muchos muy buenos que hay en competencia. No hay uno solo que se pueda decir “petrista”, así haya algunos que sean ideológicamente “progresistas”.
En la terna para Defensoría del Pueblo, el Presidente incluyó tres mujeres y la elegida fue una profesional con todas las condiciones para merecer el voto de los representantes. Dicen que no la conocía. Iris Marín ha trabajado en el gobierno de Juan Manuel Santos, estuvo en el despacho los magistrados Antonio Lizarazo y Natalia Angel, de ninguno de los cuales se puede decir que sea “petrista”. Marín resultó elegida con el 90% de los votos de los miembros de la Cámara.
Ahora Gregorio Eljach obtendrá el apoyo de la inmensa mayoría del Senado.
Los candidatos de Petro han logrado el consenso porque evidentemente de ninguno puede decirse que sea una “ficha” del gobierno y sus electores, los congresistas, incluso los más radicales contra Petro, han creído que es posible confiar en que van a cumplir su tarea con independencia.
Es altamente probable que si Petro hubiese postulado un “petrista” a la Procuraduría, el Senado hubiese elegido a algunos de los otros dos candidatos, buenos juristas, que comparten con Eljach el estigma de haber estado en la política. Y si el candidato a la Corte no hubiera sido Fernández sino un jurista caracterizadamente de izquierda, como eran los otros dos candidatos con los que compitió Fernández, hubiera ganado el voto en blanco.
El diseño institucional que impone la participación de varios poderes y organismos en la elección de las cabezas de los órganos de control funciona con precisión. Quienes postulan están obligados a presentar candidatos “elegibles”, es decir, aceptables para los demás so pena de que no los elijan. Uribe no pudo hacer elegir ninguno de sus candidatos a la Fiscalía porque no quiso ceder ante la realidad de que alguien incondicional a su causa no sería aceptado por la Corte Suprema, quizás si hubiera actuado como Petro el resultado hubiera sido distinto.
Es cierto que Petro hizo una concesión con la postulación de Eljach, desistió de promover una reforma profunda o incluso la supresión de la Procuraduría, que es lo que, por ejemplo, en la reforma a la salud le han pedido, que desista de insistir en la desaparición de las EPS, así eso sea lo que haya dicho desde el momento de su creación. En el debate político la ambivalencia reina. “Quiere imponer todo”, “se le convirtió en una obsesión” y cuando la correlación de fuerzas obliga a hacer una concesión: “traicionó 10 años de lucha”.
Quedan pendientes todas las discusiones sobre la utilidad de la Procuraduría, sobre el cumplimiento de las órdenes de la Corte Interamericana -que hasta ahora el Estado colombiano no ha cumplido- respecto de quién puede sancionar e inhabilitar a los funcionarios públicos de elección popular, sobre la forma de elección del procurador. Por ahora, el sistema de pesos y contra pesos funcionó: nadie pudo imponer un candidato y fue necesario buscar uno “de consenso”.
