Fragilidad, o el costo de romper la confianza con las comunidades

Las relaciones humanas son frágiles por naturaleza.  Hay un delicado balance en la forma que los seres humanos establecemos vínculos con nuestros pares, balance que fácilmente puede quebrarse por problemas, intencionales o no, en la comunicación, en las respuestas verbales y no verbales que damos, en las actitudes que adoptamos frente a los otros. Como es de difícil establecer una relación cordial, empática, honesta y duradera con otra persona, y como es de sencillo tirarla por la borda, con una palabra o un gesto. Y la palabra clave en las relaciones es la confianza, la que establecemos con alguien basados en la buena fe, en la necesidad que tenemos de creer en los otros, y en el hecho bastante cierto de que, a pesar de la dureza de algunos (que no es ni mala ni buena), la mayor parte de la gente es buena y quiere hacer las cosas bien hechas. Perder la fe en la humanidad es lo peor que le puede pasar a uno, pues sé termina convertido en un cínico, un ser aislado y miserable que no puede esperar nada bueno de nadie, ni de si mismo).

Las relaciones con las comunidades, indispensables para transitar el camino de la conservación y el desarrollo local tienen características similares, y están sometidas constantemente a los desafíos que propios y extraños le plantean a la confianza.  Y, en ese sentido, la generación de confianza entre los proyectos y sus ejecutores y las comunidades es el punto de partida, inevitable, de cualquier intervención en los territorios.

Y generar confianza no es fácil, porque las comunidades tienen una larga historia de abandonos, traiciones, promesas incumplidas, intervenciones fallidas, operadores fraudulentos, tratos inequitativos, y otras situaciones que han dejado en ellas la sensación de que siempre alguien quiere aprovecharse, o lucrarse de su presencia, y que por ello no vale la pena trabajar con nadie.  Han sido, en muchos casos, convidados de piedra al festín de los recursos nacionales e internacionales que desfilan con frecuencia por sus veredas y municipios, y los que, en muchos casos, son los menos beneficiados de las acciones pagadas con esos recursos.

Generar confianza implica llegar sin imponer ideas preconcebidas o agenda preestablecidas por otros diferentes a las mismas comunidades; entregar en todo momento información clara, completa, oportuna y estar dispuesto a recibir solicitudes de más información, o preguntas sobre la que se ha entregado; respetar las estructuras propias de gobierno y los mecanismos e instancias de toma de decisiones, incluyendo tiempos que no necesariamente coinciden con los esperados; ser transparente en todas las posibles condiciones o restricciones de uso de los recursos, y establecer espacios de seguimiento, rendición de cuentas y solución de conflictos; mantener la comunicación permanente con las comunidades y acompañarlas en la ejecución (no ejecutar por ellas); y, por encima de todo, cumplir los compromisos pactados en su totalidad, exigir también el cumplimiento de los compromisos de las comunidades, y dar las explicaciones respectivas cuando no se alcanzan los resultados esperados, para plantear posibles ajustes o acciones correctivas.

La confianza se construye, no se gana automáticamente, ni tampoco se compra con actitudes paternalistas o recursos “invertidos” en acciones poco transparentes.  No se consigue con promesas de inversión, con cifras que pueden resultar muy atractivas en entornos de pobreza y abandono, no acostumbrados a la llegada del dinero en cantidades. Se construye con mucho trabajo, con persistencia, con respecto, con paciencia. Y también se destruye en un segundo, y cuando esto sucede la afectada es la confianza de las comunidades en el sistema, no en un actor individual, alcanzando las acciones presentes y futuras de proyectos e intervenciones puntuales.

En la historia de la Amazonía Colombiana hay cantidad de ejemplos de situaciones que han roto la confianza de las comunidades, por la acción u omisión de agentes privados, gubernamentales o de la sociedad civil: las fumigaciones de cultivos ilícitos, o la erradicación forzosa, sin acciones que los acompañen a emprender nuevas actividades productivas; la falta de decisión del Estado colombiano para implementar los acuerdos de paz, ocupar los espacios dejados por los actores armados y ejecutar las acciones consignadas en los PDET; los incumplimientos en los pagos del PNIS en años recientes; las demoras en los pagos iniciales de programas de pago por conservación; la entrega de material vegetal no apto para las condiciones amazónicas y el consecuente fracaso de proyectos de caucho o cacao, para mencionar un par; la actuación inmoral de los piratas del carbono que han planteado proyectos de mitigación que nunca se concretan, o cuyos recursos no les llegan directamente y en las cantidades justas a las comunidades que son su centro; o los proyectos con recursos del Sistema General de Regalías que, plagados de corrupción, prometen acciones que nunca se concretan, dejando expectativas frustradas y elefantes blancos a lo ancho de la región.  Y esto sin mencionar la acción de los actores ilegales, que medran y se reproducen en medio de la desconfianza y exacerban esa sensación de que los demás (como si ellos no tuvieran una parte de culpa muy importante) son responsables de las frustraciones locales.

En general, ante incumplimientos gubernamentales o de actores privados, la cooperación internacional ha jugado un papel importante para reconstruir el delicado tejido de la confianza, y mantener la esperanza de las comunidades frente a un futuro plagado de incertidumbres. Además, logra matizar los cambios de política y enfoques que son tan comunes en los gobiernos locales, y mantener algunas prioridades relativamente estables.  Por eso resulta especialmente preocupante cuando es la cooperación la que cambia radicalmente de prioridades (perfectamente entendible, aunque no estemos tan acostumbrados a ello) y decide cancelar o suspender, así sea por un corto período de tiempo, el flujo de recursos en aras de ajustar las acciones locales a dichas prioridades.

Claramente, quienes toman estas decisiones no son conscientes del daño inmediato que generan en las vidas de miles de personas que se ven afectadas por la interrupción de proyectos, y de los daños mediatos que producen sobre toda la cooperación. Seguramente, no han pensado en los costos que el reinicio, después de una pausa, representará para todos los involucrados, en lo difícil que se hará que las comunidades vuelvan a creer en ellos, a tener confianza en la disponibilidad de sus recursos, y a tener certeza de que en el futuro esta situación no se vuelva a presentar; ni tampoco han pensado en los procesos frágiles que morirán por desilusión y desencanto. 

O tal vez sí son conscientes, pero privilegian el poner en duda la efectividad y la eficiencia de invertir sus recursos en mejorar ingresos, en prevenir y combatir fenómenos de ilegalidad, y en crear condiciones para mejorar el arraigo y las oportunidades de vida digna en territorios que están más lejos de lo que pueden ver, pero más cerca de lo que quisieran.

Lo que no podrán poner en duda, porque las pruebas están ahí, a la vista de todos, es el cambio que, a lo largo de los años, han generado sus recursos en miles de vidas de hombres, mujeres, niños, ancianos, indígenas, campesinos. ¿Que el cambio puede ser mayor y mejor? Con absoluta seguridad y a todos nos gustaría que así fuera. Pero eso no se va a lograr eliminando ayudas a comunidades que no tienen acceso a otros recursos, a otros apoyos, y que, por efecto de un abrupto cambio de prioridades, seguramente van a terminar causando los efectos indeseados que los mismos formuladores de políticas dicen querer evitar.

Tampoco ayudan mucho las voces locales que, en medio de sus desvaríos, señalan que la cooperación internacional no es necesaria y, con arrebatos de soberanía trasnochada, indican que el país puede financiar esas acciones que la cooperación apoya ahora; palabras necias que se contradicen con las exiguas asignaciones de presupuestos para dichas acciones y con las afugias fiscales que el país enfrenta en este momento.  En fin.

Personalmente, quiero confiar en la resiliencia de las comunidades, en la fuerza de las convicciones de sus líderes y miembros de base, y en la relación de confianza mutua que muchos sí hemos construido y tratamos de no afectar. Confío en que, como lo han hecho en el pasado, a pesar de la fragilidad de las relaciones tejidas, del carácter apenas incipiente de algunos procesos, y con el apoyo de quienes queden, perseverarán en su intento de identificarse con la legalidad e insertarse plenamente en ella, de mejorar sus vidas y las de sus familias y comunidades, y de seguir conservando la biodiversidad de este país maravilloso.