Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
La renovación de la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y el fallo de la Corte Constitucional sobre la ampliación de la subestación de guardacostas en la isla de Gorgona, han sonado en días pasados. En particular, en voces de sus detractores.
Pero ambas medidas son acertadas si se considera como prioridad la seguridad nacional, en especial en un gobierno que ha dado tantos traspiés en la administración del sector defensa. Se trata de encontrar un balance para dar prioridad a la defensa de la nación, la soberanía y la integridad territorial, sin renunciar a la protección del medio ambiente y de los derechos de las comunidades étnicas.
Lo que dice la teoría
En el estudio de las relaciones internacionales, hay dos teorías centrales para explicar las interacciones entre Estados, organismos y otros actores globales. Por un lado, el idealismo, que propone valores como la paz, los derechos humanos, la cooperación y el diálogo para guiar las políticas internacionales. Por otro, el realismo, que enfatiza la búsqueda de poder y seguridad por parte de los estados en un sistema anárquico, donde la supervivencia es la máxima prioridad.
En la segunda perspectiva, la disuasión es el concepto clave y determinante porque busca prevenir conflictos mediante la posibilidad creíble de represalias: la amenaza de mutua exterminación es la mayor garantía para evitar confrontaciones y el resultado consecuente es la paz. Lo anterior, necesariamente obliga a los estados a contar con un importante poderío militar, el cual promueve una industria que produce los recursos bélicos necesarios para sustentar estas estrategias, fortalecer la capacidad de defensa y la seguridad de sus ciudadanos.
Algunas personas de mi generación y colegas que he conocido en mi trayectoria como asesor de alto gobierno en derechos humanos, creen de manera inocente que por los tiempos en que vivimos el gasto en defensa es desmedido y llegan incluso a sugerir de forma ingenua que la existencia de un ejército está de más. Para ello, citan el caso de Costa Rica que desde 1949 eliminó sus fuerzas militares, luego de una guerra civil. Argumentan que, con esta decisión, el país centroamericano redirigió sus recursos hacia el desarrollo social, eliminó el riesgo de golpes de Estado y se proyectó internacionalmente como un referente de paz. Sin embargo, pasan por alto que Costa Rica es ahora más vulnerable al crimen organizado transnacional y que debe recurrir a sus aliados para defender su territorio y garantizar la seguridad cuando sus fuerzas policiales son superadas en la tarea de proteger a sus ciudadanos en el escenario de riesgo actual.
La renovación de la flota de aviones de combate
En Colombia, para garantizar objetivos de defensa como la protección de la soberanía territorial y del espacio aéreo, así como el apoyo logístico en situaciones de emergencia, la FAC cuenta con diversas herramientas. Entre ellas se tienen los aviones Hércules C-130, destinados al transporte táctico de tropas y suministros; los Embraer Tucano, especializados en misiones de entrenamiento avanzado y ataque ligero; además de aeronaves de vigilancia, transporte y reconocimiento. Los aviones de combate juegan un rol crucial en la superioridad aérea y la intercepción de amenazas para garantizar la seguridad nacional.
A Colombia le quedan 9 de los 24 aviones de combate Kfir C10/C12, cazas de fabricación israelí que adquirió hace 43 años. Estas aeronaves, caracterizadas por su velocidad supersónica y su capacidad de ataque aire-aire y aire-tierra, fueron adaptadas tecnológicamente para extender su funcionalidad. Sin embargo, su vida útil se agotó en diciembre de 2023, lo que hace que su reemplazo sea un paso inaplazable para mantener la capacidad operativa de la FAC frente a desafíos actuales como el avance de los drones que usan los grupos armados y delincuenciales en el suroccidente del país y el sobrevuelo no autorizado de aeronaves militares extranjeras.
En la década pasada, el gobierno de Juan Manuel Santos eligió prolongar la vida útil de los Kfir, antes que reemplazarlos. El de Iván Duque debió atender la emergencia por Covid-19, pero dispuso de los recursos para renovar la flota aérea mediante el Conpes 4078 que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 cuando el gobierno actual lo dejó vencer.
No obstante, este mes, durante la celebración por los 105 años de la FAC, el presidente Gustavo Petro confirmó que la flota de aviones de combate será renovada por aeronaves de última tecnología y que no causará impacto fiscal en el mediano plazo. Las opciones para reemplazar la flota son el Dassault Rafale de Francia, con un costo por unidad de 70 a 100 millones de dólares y capacidad para misiones de superioridad aérea, ataque y reconocimiento; el Saab Gripen de Suecia, con un precio de 25 a 35 millones de dólares, conocido por su eficiencia y capacidades de radar avanzado; y el F-16 Fighting Falcon de Estados Unidos, con un costo de 30 millones de dólares, reconocido por su versatilidad en misiones aire-aire y aire-tierra. Toma ventaja la opción de los F-16, de acuerdo con La Silla Vacía.
Sea cual sea la alternativa elegida, lo importante es contar cuanto antes con herramientas que disuadan las amenazas a la soberanía y garanticen la defensa nacional.
La subestación de guardacostas en la isla de Gorgona
Por otro lado, fue noticia esta semana la sentencia T-470 de la Corte Constitucional. La comunidad afro de Guapi Abajo se oponía a la ampliación de la estación naval de Gorgona, argumentando que el proyecto pondría en riesgo la biodiversidad del Parque Nacional Natural Gorgona y afectaría los medios de vida de las comunidades locales, especialmente de los pescadores. La Corte revocó un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que había ordenado suspender las obras, argumentando que el proyecto no afectaría directamente a la comunidad afro de Guapi Abajo ni sus actividades. Además, la Corte consideró que los cuestionamientos presentados eran generales y no demostraban un impacto específico en la comunidad.
La isla de Gorgona ha tenido diversos usos a lo largo de su historia. Entre 1960 y 1984, funcionó como prisión de máxima seguridad, conocida como la “prisión de las serpientes”. Tras su cierre como centro penitenciario, se transformó en un Parque Nacional Natural, gracias a su biodiversidad y ecosistemas marinos. En la década pasada, la Armada Nacional estableció una subestación de guardacostas en la isla. El proyecto de ampliación incluye la construcción de una torre de 50 metros para instalar un radar, que sería utilizado para actividades de seguridad y monitoreo en las aguas más transitadas por los narcotraficantes de la región.
Hoy por hoy, las mayores amenazas a la seguridad y la defensa nacional provienen de las rentas derivadas de las economías ilegales que explotan los grupos armados y las organizaciones criminales, tales como el narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación y el tráfico de personas y de armas. Ampliar la subestación de Gorgona representa para la Armada Nacional la oportunidad de mejorar sus capacidades para intervenir las rutas logísticas de estas organizaciones y así, debilitarlas y desmantelarlas para brindar seguridad a los ciudadanos.
Se quiso llevar la discusión de un aspecto vital para la defensa y la seguridad, como lo es la ampliación de la subestación al terreno de los derechos de las comunidades étnicas y de la protección del medio ambiente. En buena hora, la Corte zanjó la disputa demostrando que la comunidad demandante no veía afectado ninguno de sus intereses de manera tangible. De esta manera, sigue siendo garante de la Constitución y del derecho a la consulta previa, siempre que la evidencia así lo demuestre, como lo ha establecido en su jurisprudencia.
El tiempo obliga a actuar rápido y en ese sentido se espera que tanto la renovación de la flota de aviones de combate, como la ampliación de la subestación de guardacostas de Gorgona, se concreten pronto para disuadir las amenazas que se dirigen contra Colombia.
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