Entre babillas y tiburones: el drama de los desaparecidos de los paramilitares

“Si yo pudiera hablarle sin romperle el corazón se lo repetiría bien claro, para que deje sus desvelos y errancias en pos de una sombra. Le diría: Tu Matilde Lina se fue al limbo, donde habitan los que no están ni vivos ni muertos”. La multitud errante – Laura Restrepo

Parece ser que solo si las más de 121.768 víctimas de desaparición forzada pudieran atravesar el limbo donde habitan los que no están ni vivos ni muertos, podríamos tener las respuestas que por décadas llevamos buscando.

La desaparición forzada fue una de las modalidades de violencia más cruel en la historia del conflicto armado en Colombia. Aun cuando la cifra que conocemos es altísima, de acuerdo con la Comisión de la verdad, se estima que existe un subregistro de aproximadamente 210 mil personas. Este delito, además de constituir una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, es un crimen que afecta a los familiares de las víctimas que se encuentran en una espera prolongada, sufriendo por la incertidumbre, la ausencia de sus seres amados y la falta de justicia.

En Colombia, los responsables del 52% de las desapariciones forzadas fueron los paramilitares; sin embargo, grupos guerrilleros como las Farc-EP (24%) y el ELN (3%), también cometieron este delito. Como ya hemos mencionado en anteriores columnas, el discurso contrainsurgente desencadenó diferentes repertorios de violencia que, desde la década de los años setenta, violentaron sistemáticamente los derechos y la dignidad de los colombianos en todo el territorio nacional. De acuerdo con la documentación existente en nuestro país, además del patrón de desapariciones forzadas contra líderes campesinos, indígenas, afrocolombianos, estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos y opositores al gobierno, a finales de los años setenta y mediados de los años noventa se llevaron a cabo detenciones ilegales y desaparición de personas por parte de actores estatales como el DAS o la Policía. Entre finales de los años noventa y el año 2001, grupos paramilitares perpetraron desapariciones forzadas como mecanismo de terror, práctica de castigo y estrategia de ocultamiento (CNMH, 2016; Quintero, 2010).

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, las desapariciones forzadas fueron en algunos casos antecedidos por señalamientos, amenazas y retenciones ilegales. También, se dieron a través de diferentes mecanismos de privación de la libertad de las víctimas mediante la fuerza, el engaño y en el marco de otros hechos victimizantes como masacres, saqueos y asesinatos selectivos. Lamentablemente, la violencia ejecutada contra las víctimas también podía incluir tortura, sevicia, violencia sexual y en los casos en el que las personas desaparecidas fueron asesinadas, sus cuerpos fueron transgredidos, desmembrados, manipulados, ocultados en fosas clandestinas, trasladados a zonas de difícil acceso o incinerados en hornos crematorios como los existentes en el Norte de Santander.

En el caso del Caribe colombiano, el Bloque Norte de las AUC cometió 333 masacres, de las que al menos 127 ocurrieron en el departamento del Magdalena y dejaron 609 personas asesinadas. La barbarie con la que el Bloque Norte aterrorizó los territorios dejó secuelas profundas, especialmente, a familiares de víctimas de desaparición forzada que fueron asesinadas y que hoy desconocen si sus cuerpos fueron lanzados a animales salvajes -como babillas y cocodrilos-, a los ríos, las ciénagas o al mar. De acuerdo con los datos procesados por la Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas, en el Magdalena 5.356 personas fueron víctimas directas de desaparición forzada y 1.875 fueron víctimas indirectas. 

Con las versiones libres de los paramilitares que se desmovilizaron se ha obtenido algo de verdad y de claridad sobre algunos hechos. Según las declaraciones de Omar Ochoa Ballesteros, exintegrante del Frente “Resistencia Tayrona” de las AUC, el cerro Los Muchachitos (Vía Palomino, La Guajira) “era propicio para tirar cuerpos, pues cuando había marea alta los tiburones se los comían”. Por otro lado, en la memoria de las víctimas resuenan los relatos de tigres, leones y pozos con babillas en los que se les daba tratamiento final a los cadáveres de quienes habían sido torturados, asesinados y desaparecidos.

Al respecto, las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) muestran que la desaparición forzada se impartió como una orden desde altos mandos militares en el país a Carlos Castaño Gil para no verse “perjudicados” ante el aumento de las cifras de homicidios en los territorios donde existía mayor presencia paramilitar. Inclusive, mencionó la existencia de cementerios en Venezuela en los que fueron enterradas víctimas de desaparición forzada, no solo con el conocimiento de militares colombianos, sino también de las fuerzas armadas venezolanas.

Recordemos que no fue hasta el año 2000 que Colombia reconoció la desaparición forzada como un delito. Los mecanismos de ocultamiento de los cadáveres de las personas que fueron asesinadas durante su desaparición y las prácticas asociadas fueron frías, calculadas y ejecutadas con atrocidad; buscando borrar la humanidad y dificultar el acceso a la justicia. No obstante, estas no son las únicas circunstancias en las que se dieron casos de desapariciones forzadas, algunas ocurrieron después de un secuestro, en casos de reclutamiento forzado o incluso posterior a un combate entre la guerrilla y las fuerzas militares.

Algo es claro y es que, sin importar el motivo o el grado de participación en el conflicto, la única verdad es que para las familias la búsqueda constituye un acto de amor y resistencia contra la impunidad, la incertidumbre y el olvido. Por esto, como resultado de los Acuerdos de Paz del 2016, se creó el 5 de abril de 2017 a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd).

Dicha Unidad realiza una labor indispensable para la reparación integral de las víctimas, garantizando su participación y el reconocimiento como ejes centrales en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de los cientos de familiares que llevan décadas elaborando sus propios duelos, lidiando con un dolor que permanece en medio de la indiferencia social, buscando sus propias respuestas, sobreponiéndose a las ausencias, siendo red de apoyo y manteniendo la esperanza de encontrarlos.

Sin embargo, el Estado tiene un desafío en materia de fortalecimiento de la Ubpd. Se hace necesario fomentar la articulación interinstitucional, aumentar su presencia y mejorar su infraestructura, capacidad técnica y científica para desarrollar las labores de investigación que contribuyan a conocer lo que sucedió. También, que contribuya a localizar a la persona viva o al sitio de interés forense (según sea el caso), garantizar el reencuentro o la prospección, recuperación, identificación y entrega digna del cuerpo. Con esto, honrar la memoria de quienes permanecen ausentes.

Caracterizar, diagnosticar y sistematizar cómo se dio la desaparición forzada y la experiencia de las víctimas en los territorios es fundamental para establecer planes estratégicos de búsqueda y promover la coordinación institucional, las iniciativas de reivindicación y la acción pública de memoria. 

Las formas despiadadas e infames en la que el conflicto armado arrebató la vida, los sueños y la humanidad en Colombia ha hecho de la búsqueda de las personas desaparecidas una tarea compleja. Madres, padres, hijos, hijas, esposos y esposas buscadores se enfrentan diariamente a la estigmatización, la discriminación, la pena moral de no encontrar una respuesta, la dolorosa idea de que quizás su ser querido no va a volver y la incertidumbre de no saber si ese será un capítulo de sus vidas que podrán cerrar.

Hoy sabemos que la desaparición forzada, no solo fue parte del repertorio de violencia de las AUC como un mecanismo coercitivo para hacerse con el control del territorio, sino también fue un resultado de la interacción estratégica con las fuerzas estatales. Relaciones de “cooperación y competencia” que siguen presentes en los territorios en los que la vida se ha reducido a una cifra estadística o una jurisdicción. 

Tenemos un reto en materia reparación de nuestro tejido social que está duramente impactado por los repertorios de violencia que hemos soportado. Para eso debemos seguir persistiendo en la paz como el único camino para llegar a la verdad. De esta manera, tendremos justicia para las almas en el limbo y para las vidas en la tierra que esperan su regreso.