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Reconocer la necesidad de cambios en las políticas de drogas en nuestra región y en nuestro país es fundamental. Es importante comprender e identificar los cambios y avances, transitando de estrategias basadas en el prohibicionismo enmarcado en la tradicional guerra contra las drogas desde los años 70 para enfocarse en políticas centradas en principios de salud pública, justicia, seguridad pública y derechos humanos.
Esto incluye considerar los usos medicinales, la descriminalización e incluso la legalización del uso adulto de sustancias consideradas ilegales. Implica comprender el estado regional de las políticas que han evolucionado de la represión y la abstinencia hacia aquellas basadas en evidencia científica, prevención, reducción de daños, así como en un tratamiento digno y eficaz para los usuarios.
En las últimas décadas, los países de América han sido pioneros en la reforma de la política de drogas global, pasando de la tolerancia cero a un enfoque basado en la salud pública. Esto incluye medidas como la regulación del cultivo y consumo de hojas de coca en la región andina y la implementación de programas de reducción de daños para usuarios de pasta base de cocaína, crack o heroína. En algunos países, las cortes supremas han jugado un papel clave en el debate sobre la criminalización del consumo de drogas. La descriminalización del uso personal de ciertas sustancias y la introducción de programas de reducción de daños son pasos importantes que están siendo observados por toda la región, buscando no solo reducir la carga del sistema de justicia penal, sino también ofrecer un tratamiento más humano y efectivo a quienes consumen drogas.
Una herramienta útil para analizar comparativamente esta información en las Américas está disponible a través del Monitor de Políticas de Drogas, lanzado por el Instituto Igarapé el pasado 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, con información de todos los países de las Américas.
El Monitor muestra cómo Colombia ha liderado el debate internacional y la implementación de políticas de drogas más progresistas en América, siendo uno de los ocho países (de 36 en la región) donde el uso de todas las drogas está descriminalizado y uno de los 20 países que cuentan con criterios de cantidad para distinguir el consumo personal del tráfico. Un avance hacia la etapa final de liberalización se ha intentado múltiples veces en Colombia, de hecho, el proyecto de legalización del consumo de cannabis adulto ha pasado sin éxito 13 veces por el Congreso. Un nuevo proyecto pasó por una primera aprobación en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la primera semana de septiembre, requiriendo aún siete debates más en el Congreso en 2024/25.
La Ley 30 de 1986, conocida como el Estatuto Nacional de Estupefacientes, no considera como crimen el porte de la dosis personal de drogas, tras la sentencia C-221/94 de la Corte Constitucional, reafirmada luego de un intento de cambio en 2009 y del Decreto 1844 de 2018, que prohibía la posesión, entrega, distribución y comercialización de drogas en espacios públicos. Finalmente, el Decreto 2114 de 2023 derogó la sanción de multa impuesta por el gobierno anterior para el porte de dosis personal, manteniendo la despenalización sin sanción administrativa para hasta 20 gramos de marihuana, 5 gramos de hachís, 1 gramo de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína, y 2 gramos de metacualona.
Colombia también se destaca entre los países con avances importantes en el reconocimiento de las bondades de la marihuana con fines terapéuticos, medicinales e industriales. Un decreto firmado por el presidente Santos en 2015 reguló el cultivo, la producción y la venta de productos a base de marihuana. Más recientemente, el Decreto 811 de 2021 regula los usos industriales de la planta, incluyendo aplicaciones medicinales, así como la fabricación de fibras, bebidas, alimentos, biocombustibles y suplementos dietarios que pueden ser producidos en el país. Con estas medidas, Colombia es uno de los 15 países que permiten el autocultivo de cannabis, uno de los 22 que permiten su uso medicinal y uno de los 20 que autorizan la producción y distribución de cannabis medicinal, de los 36 países de la región, de acuerdo con el Monitor de Drogas.
Entre otras medidas con enfoque en salud pública, el Monitor identifica que Colombia es uno de los 11 países de la región que implementan estrategias de reducción de daños, en concordancia con la Política Nacional de Drogas 2023–2033 ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’. Estas estrategias incluyen enfoques de base comunitaria, en entornos de privación de libertad, para pospenados y en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Las estrategias de reducción de daños de consumo de drogas incluyen intervenciones accesibles y no restrictivas que buscan llegar a personas que consumen drogas y están excluidas de los servicios de salud tradicionales, proporcionando apoyo inmediato y práctico sin requisitos estrictos.
Por otro lado, hay avances con respecto a alternativas a la privación de la libertad, incluyendo tribunales de tratamiento de drogas, con énfasis en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes -Srpa y en mujeres cabezas de hogar. Sobre lo último, la Ley de Utilidad Pública (2023) es la primera norma que contempla alternativas al encarcelamiento con enfoque de género, sin embargo, a septiembre de 2024 solo una mujer ha sido beneficiada en Bogota. Esto se enmarca en el enfoque de género considerado en la actual política nacional de drogas. Existen también estrategias focalizadas en las ciudades, como en el caso de Bogotá.
Estos cambios en Colombia se enmarcan en avances recientes en la región como los vistos en Estados Unidos, donde se avanza en 2024 en la reclasificación del cannabis como una planta con uso médico aceptado y con menor potencial de abuso. De la misma manera, Brasil despenalizó el consumo de marihuana en junio pasado. Estos países se unen a Uruguay como líder en medidas más progresivas, que desde 2013 con base en la Ley N° 19.172 regula la marihuana para uso adulto, colocando el control del mercado bajo responsabilidad del Estado.
En Colombia, la situación es compleja y multifacética. Se han logrado importantes avances hacia un nuevo paradigma sobre drogas, incluyendo el liderazgo ejercido por Colombia en escenarios internacionales como la Comisión de Estupefacientes (CND), donde el país se posicionó como una voz de cambio en contra de la lucha contra las drogas, partiendo incluso desde su experiencia fallida en pasadas décadas. Sin embargo, la falta de coherencia entre los discursos internacionales y las políticas implementadas a nivel nacional y local queda en evidencia: el país sigue enfrentando grandes desafíos en la implementación de políticas de drogas más humanas y eficaces.
De manera importante, nos enfrentamos nuevamente a una ronda de debates para la legalización del cannabis de uso adulto, que ha pasado por más de una decena de intentos fallidos. Adicionalmente, algunas de las regulaciones, como la Ley de Utilidad Pública, avanzan lentamente. La violencia relacionada con el narcotráfico, las visiones punitivas dominantes a nivel local y la presión internacional para mantener una postura dura contra las drogas complican los esfuerzos internos para cambiar de rumbo de la política de drogas en Colombia.
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