La justicia, aunque lenta, llega para las víctimas de la Unión Patriótica 

Ante la criminalidad del poder, la justicia es lenta, débil, pero a veces llega; por ejemplo, 36 años después para decantar responsabilidades por los asesinatos de líderes de la Unión Patriótica (UP), ordenados por miembros de las élites regionales más reaccionarias.

 Mediante la providencia SEP-090-2024 de 2 de septiembre del presente año, con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a pena de 279 meses de prisión, y accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por 10 años, a César Augusto Pérez García, exrector de la Universidad Cooperativa de Colombia y excongresista del partido Liberal que ejerció como representante a la Cámara por Antioquia en los períodos constitucionales 1974-1994, como determinador del homicidio agravado de Elkin de Jesús Martínez Álvarez. Martínez Álvarez había sido elegido como alcalde de Remedios (Antioquia) en los comicios del 13 de marzo de 1988, primera elección popular de alcaldes en Colombia, pieza fundamental de la descentralización del Estado y de la consolidación de la democracia desde la participación política local.

El homicidio fue perpetrado dos meses después, el 16 de mayo de 1988, y está relacionado con la pérdida de poder de César Pérez García en municipios del nordeste antioqueño, cuyos espacios de participación estaban siendo ganados por la UP, partido político fundado legalmente en 1985, surgido de las negociaciones de paz celebradas en 1984 entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Belisario Betancur. Siendo el trasfondo de la guerra un conflicto social y político profundo, tenía valor en el origen en una mesa de conversaciones. Era una apuesta por una paz real, no ficticia, que convocaba a sectores del campesinado, de la lucha obrera, cívica, popular y por los derechos humanos, sectores históricamente aislados de los centros de decisión política caracterizados por el bipartidismo conservador/liberal, que ocluía la representación de la diversidad política de la nación colombiana. La existencia de la UP ponía a prueba a la clase política y a los poderes reales del establishment para ver si eran capaces de respetar un partido legal con una plataforma política de izquierda sin estigmatizarlo ni ilegalizarlo. En 1986, cuando la UP se presentó por primera vez a elecciones, obtuvo los resultados más significativos alcanzados hasta entonces por la izquierda en toda su historia: 350 concejales, 23 diputados en las Asambleas Departamentales, 9 representantes a la Cámara y 6 senadores.

Muy pronto llegó la respuesta temida: ante la pérdida de votantes de los partidos liberal y conservador y la posibilidad de que la UP canalizara las reivindicaciones de sectores del país históricamente excluidos (v. gr., promoviera una reforma agraria para dar salida a la concentración de la propiedad de la tierra y a la expresión de demandas populares y regionales que no encontraban eco en los partidos tradicionales), se desató la eliminación de militantes, diputados, alcaldes, concejales, representantes, senadores y de dos candidatos presidenciales (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, asesinados en 1987 y 1990), al punto de que el Consejo Nacional Electoral canceló la personería jurídica a la UP en 2002, privada de existencia legal con la excusa de su aniquilación.

El arrasamiento fue iniciado por miembros del Ejército y de la Policía en connivencia con grupos paramilitares, teniendo el período más crítico entre 1986 y 2000, lo que nos recuerda que los más importantes pasos hacia la apertura política en Colombia suelen ser contestados por poderes políticos y económicos de carácter regional que desatan una violencia política de tipo reaccionario para impedir los procesos democratizadores que apuntan a la inclusión de los críticos y opositores del orden imperante y al reconocimiento de la legitimidad de la diferencia, de la disidencia en el espacio público-político como elemento necesario para la superación de la violencia con fines políticos que ha signado la historia de Colombia.

Precisamente, la democracia opera como sucedáneo del uso de la violencia en las relaciones sociales y las luchas por el poder, si se tiene en cuenta que potencia la persuasión, el debate y la crítica pública en lugar de la fuerza como mecanismo para escenificar la competencia entre individuos y grupos sociales y hacer frente a sus desavenencias. Se trata de reconducir los conflictos por los canales institucionales de la contradicción pública con mecanismos y reglas para controlarlos e impedir la destrucción mutua. La democracia es, pues, una apuesta para que la política sea la hora de acuerdos y mutuas concesiones entre los diversos.

Ha sido constante en ciertas élites regionales y reaccionarias el que la política no se contemple en clave de polémica pública, pluralismo y rivalidad ideológica e institucional, de foro de debate para la toma de decisiones públicas por la regla de mayoría, sino en clave de código bélico, de exterminio del rival. La diferencia no tendría derecho a existir y a expresarse dentro de los cauces institucionales, lo que sucede ante la más completa debilidad del Estado para imponer a las élites regionales un marco de conductas democráticas para la resolución de conflictos sociales.

Aquí se inscriben los crímenes paramilitares en los que participó como inductor el excongresista, verdad que establece de manera inconcusa la Corte Suprema de Justicia: “desde 1986 el procesado CÉSAR PÉREZ GARCÍA integró la agrupación armada ilegal denominada Muerte a Revolucionarios de Nordeste, dentro de la cual asumió una posición de mando, esto es, con posibilidad de impartir órdenes que serían ejecutadas materialmente por los integrantes respecto de quienes ejercía un control mediato, en cuyo ejercicio dispuso desplegar una política de eliminación de los miembros de la Unión Patriótica en los municipios del nordeste antioqueño, especialmente en Vegachí, Segovia y Remedios”. Sobre ese grupo paramilitar se estableció en la providencia que tenía su “centro de operaciones en Puerto Boyacá, por entonces liderado por Fidel Castaño Gil y Henry de Jesús Pérez Morales, a cuya cúpula afirma perteneció el sindicado CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GARCÍA” (providencia SEP-090-2024).

Para arribar a la condena, se valoró el testimonio de Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir, quien en cumplimiento de la orden de exterminio impartida por la cúpula de ese grupo paramilitar se dedicó a perseguir a quienes el excongresista consideraba sus contradictores políticos, mediante amenazas de muerte. Alias Vladimir, entre 1986 y 1989, comandó 500 miembros de esa organización armada ilegal. Su testimonio ha sido esencial para esclarecer los hechos de la violencia política perpetrados por el grupo paramilitar precitado en contra del partido político UP. Este mismo comandante paramilitar testificó en el proceso de única instancia con número de radicado 33.118, afirmando que “en una finca del Magdalena Medio, Henry Pérez le ordenó ejecutar ese acto que se ha dado en llamar para la historia la “Masacre de Segovia”, luego de explicarle que CÉSAR PÉREZ GARCÍA, un reconocido político, era el gestor de semejante acto”.

En ese mismo proceso, con sentencia del 15 de mayo de 2013, se halló penalmente responsable a César Augusto Pérez García, en calidad de determinador, por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado (45 víctimas) y lesiones personales agravadas (8 víctimas), por los hechos ocurridos en la masacre de Segovia. Al condenado se le impuso la pena principal de treinta 30 años de prisión y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por diez 10 años.

Los hechos se resumen en la providencia judicial así: “En el año de 1988 se celebró por primera vez la elección popular de alcaldes. Una nueva fuerza que bajo el nombre de “Unión Patriótica” irrumpió en el quehacer político nacional, logró con Rita Ivonne Tobón Areiza y siete de trece concejales, constituirse en la fuerza electoral mayoritaria del municipio de Segovia, localidad del nordeste antioqueño, en donde por años habían dominado los partidos tradicionales como consecuencia de un sistema de designación de la primera autoridad local sin participación popular.

A organizaciones de ultraderecha no les agradó ese nuevo escenario y muy pronto se notificó a los segovianos de la aparición de un movimiento autodenominado “Muerte a revolucionarios del nordeste”, que restauraría el orden en el municipio. En medio de esa confrontación, irrumpió en la noche del 11 de noviembre de 1988 un ejército privado que bajo el mando de Alonso de Jesús Baquero, alias “Vladimir”, segó la vida a varias personas y afectó la integridad personal de otras, en un acto demencial de retaliación política contra los habitantes de ese municipio”.

Nadie debería resistirse a la verdad de estos crímenes contra personas civiles y contra la apertura y funcionamiento de la democracia, que han costado tanta sangre y dolor a los más progresistas y críticos del país. Particularmente, el sector de la sociedad que simpatizó con la guerra sucia practicada por agentes del Estado y con los grupos paramilitares y que aprobó las persecuciones, desplazamientos forzados, exilios, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, masacres y técnicas de terror contra la izquierda democrática del país.

Este sector de la sociedad se negó a creer en las denuncias de las víctimas sobrevivientes al exterminio de la UP, o se creó una coraza protectora tan gruesa, que no dejaba que las violencias y atrocidades de la extrema derecha con la que se simpatizaba aparecieran en el campo de visión, con una pasividad muy activa: mirar para el otro lado, no querer saber de las víctimas o pensar que se lo merecían porque eran “auxiliadores de la guerrilla”. Parece que sólo cuando los perpetradores son procesados y reconocen sus responsabilidades ante los tribunales mucha gente empieza a creer que el exterminio de la UP sí sucedió, que las víctimas sí decían la verdad.

Nunca debe volver a suceder algo similar. La democracia nunca elimina contradictores ni partidos políticos; eso sólo lo hacen las dictaduras y los sistemas totalitarios.