Se están reclutando más niños que nunca en Colombia

Los niños en Colombia están en peligro de ser violentados, cooptados y reclutados por grupos armados y organizaciones criminales. Durante el primer año y medio del gobierno Petro, lideré desde la Presidencia la implementación de la política nacional de prevención del reclutamiento infantil. La evidencia es clara: hoy se están reclutando más niños que nunca, utilizando diversas modalidades y expandiéndose a territorios que creíamos a salvo del conflicto.

El problema del subregistro

El reclutamiento infantil es un fenómeno altamente subregistrado. Las denuncias son escasas, ya que hacerlo implica riesgos graves: amenazas, desplazamientos e incluso asesinatos de los reclutados y sus familias. Esto dificulta conocer el panorama real en los territorios. Aunque los datos son generalmente reservados, tuve acceso a cifras del Spoa de Fiscalía, del Programa de Desvinculados del Icbf, de la Policía de Infancia y Adolescencia y del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa. Las cifras rara vez coincidían, lo que obligaba a crear mesas interinstitucionales para establecer una línea base común y dar seguimiento a los casos.

La Defensoría del Pueblo registró 184 casos de reclutamiento infantil a nivel nacional durante 2023. Esta cifra está muy por debajo de las estimaciones que informes privados (ver Foro ONG Humanitarias-Colombia) hacen a partir del crecimiento de integrantes de los grupos armados. En ellos se calcula que serían al menos 1.000 los niños, niñas y adolescentes que pasaron a engrosar las finales de estas organizaciones, cada año durante el período 2021-23. Esta conclusión se ve reforzada con lo que el informe de la Comisión de la Verdad de 2020 refiere sobre la dinámica de expansión territorial de los grupos armados y cómo ello conlleva a una demanda de personal. Esto es justo lo que ha ocurrido desde que el gobierno nacional inició su política de Paz Total. 

Se recluta en más lugares

Como funcionario en los últimos dos gobiernos, recorrí todo el país y trabajé con alcaldes, gobernadores, altos mandos militares, líderes comunitarios, organizaciones sociales y víctimas. Observé cómo el mapa delictivo se transformó de un gobierno a otro, y cómo las aspiraciones de paz se estancaron por la falta de claridad estratégica en la Paz Total. Esta situación resultó en el acuartelamiento de las Fuerzas Militares, mientras los grupos armados y organizaciones criminales se disputaban el control de las economías ilegales.

Hasta 2024, se han emitido 24 Alertas Tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, un instrumento clave desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 para advertir sobre posibles violaciones a los derechos humanos. De estas, 21 señalan el riesgo de reclutamiento infantil. Los departamentos más afectados incluyen Cauca, Nariño, Antioquia, Valle, Chocó, Norte de Santander y el sur de Córdoba y Bolívar. Sin embargo, la violencia ha resurgido en lugares donde antes parecía controlada, como Huila, Casanare y Meta, y se ha intensificado en áreas urbanas como Bogotá, Jamundí-Valle y Quindío. Al considerar también las Alertas de 2023, el riesgo de reclutamiento infantil está presente en prácticamente todo el país.

La población con mayor riesgo tiene un perfil específico 

El Icbf y Unicef presentaron un estudio de caracterización de la población desvinculada de los actores armados, es decir los muchachos que eran reclutados por un grupo armado y luego salían. Es un documento que presenta en detalle las características y los factores de riesgo. A pesar de las particularidades de cada caso, la edad promedio de reclutamiento es de 14 años. Se recluta a dos hombres por cada mujer, y uno de cada cuatro reclutados es indígena o afrodescendiente. Además, el riesgo se extiende a niños extranjeros en las zonas fronterizas con Panamá, Ecuador y Venezuela.

Se recluta a niños del área rural en una proporción de 7 a 3 en comparación con los del área urbana. El 85% proviene de familias de bajos ingresos, y el 90% tiene acceso deficiente a salud y servicios esenciales. Los entornos protectores débiles—familia, escuela y comunidad—son factores de riesgo. Ejemplos incluyen violencia intrafamiliar, acoso escolar, consumo de sustancias psicoactivas, homofobia, castigos en el hogar, vivir en zonas de conflicto y tener familiares en grupos armados.

A esto se suman el poder de las redes sociales para convocar, el tiempo libre mal aprovechado, la débil presencia estatal y las expectativas de revancha y reconocimiento, que propician el reclutamiento. Además, estas expectativas de admiración a menudo se ven defraudadas por el miedo y la desconfianza, así como por los riesgos asociados a abandonar un grupo armado y el estigma que enfrentan al intentar reintegrarse a la sociedad.

No se recluta de una sola forma

Cuando se habla de reclutamiento, muchos imaginan a un grupo armado sustrayendo a un niño de su familia, vistiéndolo con uniforme y dándole un fusil. Este temor ha marcado a muchos padres, especialmente en los primeros años de este siglo, cuando las guerrillas eran más poderosas y los secuestros eran comunes. Aunque esta modalidad aún persiste, no es la única forma de vinculación, un término más amplio que abarca el reclutamiento, así como el uso y la explotación de niños, niñas y adolescentes. 

La coacción puede no ser tan intensa como antes, pero el riesgo persiste. Además de los grandes grupos armados organizados como las FARC, el ELN, las AUC y el Clan del Golfo, la escena criminal ha visto emerger nuevos actores. Aunque carecen de vocación política y no amenazan la existencia del Estado, están impulsados por un deseo insaciable de controlar economías ilegales y disputarse, a sangre y fuego, las rentas del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, el mercado de armas y la trata de personas. Entre ellos se encuentran carteles internacionales, como los mexicanos y el Tren de Aragua, así como organizaciones locales como los Pachenca, los Paisas, los Shottas y los Espartanos.

Para su funcionamiento, estas empresas del delito requieren mano de obra que ejecute todos los eslabones de su cadena de negocio. Esto crea oportunidades de carrera para los pobladores en sus zonas de influencia y atrae tanto a adultos como a menores.

Es imposible competir con ofertas de trabajo que incluyen salarios de al menos 2 millones de pesos, celular, motocicleta, armas, mujeres, poder y reconocimiento, mientras el Estado falla en proporcionar servicios básicos como educación, salud, transporte y seguridad. Además, cualquier emprendimiento legal es asfixiado por impuestos y desangrado por extorsionistas. No sorprende que un joven de una zona marginal, sin oportunidades de formación y sin opciones al migrar a otra ciudad, elija ganarse la vida bajo las condiciones que le ofrece un grupo criminal.

Aquí es donde surgen otras modalidades de vinculación: el uso y la utilización. Desde pequeños, los niños encuentran oportunidades ilegales para generar dinero, especialmente en entornos familiares precarios y con necesidades urgentes. Inician sus carreras criminales como campaneros (avisando sobre la llegada de la policía), repartidores de microtráfico o cobradores de extorsiones. Todas estas son actividades ilícitas, y es en este contexto donde se habla de uso.

Los niños también pueden estar vinculados a organizaciones criminales realizando actividades legales, como cocinar para los miembros del grupo, lavar ropa, cultivar alimentos o cuidar enfermos. Esto se clasifica como utilización. Tanto en el uso como en la utilización, los niños pueden permanecer en su entorno familiar, dormir en casa, asistir a la escuela y dedicar unas horas por la tarde a generar ingresos de actividades criminales. De esta forma, es muy difícil para ellos y sus familias resistirse a estas tentadoras ofertas.

Lo que ha hecho el gobierno

El gobierno nacional es el rector de la política de prevención de reclutamiento infantil, pero no es el único responsable. De hecho, los gobiernos locales son los primeros respondientes porque tienen los recursos operativos, el contacto directo con la población y conocen las particularidades de sus territorios para saber cómo reaccionar en tiempo real cada vez que hay un riesgo. 

Sería ilógico pensar que desde Bogotá se atienda cada caso que ocurra en veredas distantes. Por eso la última Línea de Política Pública de 2019 estableció como pilar la corresponsabilidad nación-territorio. Fue un instrumento diseñado para las circunstancias de ese entonces y que dio resultados para conformar instancias locales como los Equipo de Acción Inmediata. Sin embargo, a pesar de que la situación humanitaria es hoy más aguda, el gobierno nacional ha decidido no actualizar la política pública. La inacción derivada de la política de Paz Total victimiza a esta población en riesgo de reclutamiento y carece de un enfoque de derechos humanos.

No actualizar la política es un desacierto mayúsculo porque, como se explicó, se está reclutando en más lugares y de formas más complejas. Las amenazas para los niños son más altas en este momento y las herramientas de la política vigente están desactualizadas. Incluso la priorización de 2024  de los municipios con mayor peligro de reclutamiento está desbordada: 450 tienen alto riesgo. Esto quiere decir que casi la mitad del país necesita acciones urgentes.

No se puede responder de manera reaccionaria, apagando incendios, cuando el problema es estructural. No se trata de trasladar individualmente a las familias amenazadas, de poner un campo de fútbol en determinado lugar o de hacer un taller en reconocimiento de derechos. Mientras existan economías ilegales altamente rentables y el Estado renuncie a enfrentarlas, la violencia seguirá presente en los territorios. Incluso en las principales ciudades, habrá demanda de mano de obra para diversas tareas, y estas serán mejor recompensadas que cualquier trabajo legal al que la mayoría de los jóvenes del país podría aspirar.

Los niños, niñas y adolescentes de Colombia están en riesgo de ser violentados, cooptados y reclutados, ya que los incentivos de pertenecer a un grupo armado o una organización criminal son más atractivos que lo que el Estado puede ofrecerles. No hay tal cosa como un reclutamiento infantil voluntario; siempre será forzado.