Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En ocasión al debate técnico y financiero que ha suscitado en torno al proyecto de acto legislativo que busca incrementar los ingresos de municipios y departamentos, mediante la reforma del actual Sistema General de Participación (SGP) es necesario también realizar un debate público que, a la par del análisis de la viabilidad fiscal de la medida, aborde la pertinencia social de la misma y las oportunidades que brindaría en materia de reivindicación social para los territorios más apartados y vulnerables de nuestro país. Esto a través del fortalecimiento de la autonomía territorial para que puedan hacer uso de sus recursos según sus propias priorizaciones para la atención de sectores vitales como educación, salud, vivienda y agua potable.
De acuerdo con datos del sistema de información y consulta de distribuciones de recursos territoriales (Sicodis), los recursos presupuestados para la vigencia 2024 por las entidades territoriales por concepto del SGP es de 70,54 billones de pesos, de los cuales a la fecha se han distribuido 67,33 que corresponden al 95,4%.
Antioquia, Valle, Bolívar y Cundinamarca, son los departamentos que con Bogotá concentran el 35,77% de los recursos distribuidos del SGP. Por el contrario, el Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y San Andrés son los departamentos menos favorecidos con las transferencias del SGP, ya que solo han recibido 1,6% de las mismas durante el 2024.
Lo anterior ha traído consigo serias limitaciones para garantizar el desarrollo y bienestar en gran parte de los municipios y departamentos de Colombia. En consecuencia, para cumplir los mandatos de la Constitución de 1991 es necesario avanzar hacia un esquema que reconozca las asimetrías propias de nuestra nación y promueva la autonomía, la redistribución de competencias y un modelo de desarrollo con equidad territorial e inclusión social.
En este contexto es clave armonizar las voces que frente al trámite del proyecto de Acto Legislativo 018 de 2024 manifiestan su preocupación respecto al cumplimiento de la regla fiscal y los riesgos macroeconómicos de la medida, con las voces que pedimos devolver a los territorios las herramientas y capacidades necesarias para resolver las inequidades estructurales de un país que ha olvidado a los más alejados y que se concentra en debates que desde la periferia los ciudadanos que no tienen agua, acceso a educación de calidad, vías, ni empleo, le parecen irrisorios.
Por eso considero que el proyecto de reforma al SGP y el Acuerdo Nacional, liderado por el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, son un paso fundamental para que desde el centro del país NO se siga decidiendo el destino del resto del territorio nacional, agudizando la pobreza y perpetuando las inequidades.
Siendo este un escenario para la optimización de la fusión pública y para que en palabras de nuestro nobel de literatura Gabriel García Márquez: “Las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.
