El presupuesto, ¿herramienta política o solución para el bienestar?

La reciente declaración del senador Miguel Uribe del Centro Democrático, en la que celebra la negativa al presupuesto del presidente Petro como una victoria para “salvar los recursos para las elecciones de 2026,” plantea interrogantes sobre el uso del presupuesto nacional como herramienta política y las verdaderas prioridades de quienes lo discuten. Quiero plantear mi postura crítica en mi calidad de ciudadano colombiano de a pie, anclando esta desde una perspectiva lógica en clave del Estado-bienestar-social del país, pues, es importante señalar que el presupuesto no es ni debe reducirse a un simple botín político, sino categorizarse como la base que sostiene y define las posibilidades de desarrollo social y económico para millones de colombianos. 

Colombia atraviesa un momento decisivo en su historia. Tras el estrago económico post-pandémico y con la persistencia de problemas estructurales como la pobreza, la inequidad y la violencia, el presupuesto nacional se convierte en un elemento central y determinante para cualquier proyecto de gobierno. El presupuesto como instrumento fundamental de gestión para otorgar un mayor bienestar a la ciudadanía a través de una asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos define las áreas que recibirán apoyo estatal, desde la educación y la salud, hasta la infraestructura y la seguridad. El actual gobierno ha propuesto un presupuesto que, según su perspectiva, apunta a generar cambios en los sectores más vulnerables del país. 

Por tal razón, es importante recordar que la discusión del presupuesto no es un acto aislado ni neutral. Refleja las prioridades políticas y sociales de un gobierno y, por ende, tiene implicaciones directas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este acto mezquino: “La negativa al presupuesto,” como lo presenta el senador Uribe, implica no solo un acto de oposición política que despierta el monstruo que ha consumido al país como lo es “el agonismo y antagonismo social: la creación del enemigo interno”, sino que también una obstrucción a las propuestas de cambio que puedan beneficiar a la población. 

En las democracias modernas, el presupuesto no es solo un documento contable; es un pacto social. A través de la distribución de recursos, los gobiernos intentan responder a las necesidades de sus ciudadanos, asegurando el funcionamiento adecuado de servicios esenciales y desarrollando proyectos que promuevan el bienestar colectivo. En este sentido, la discusión sobre el presupuesto debería centrarse en cómo lograr el mayor beneficio posible para la población, no en cómo bloquear las propuestas de un gobierno por razones partidistas. 

El presupuesto es una herramienta fundamental para mantener la cohesión social y garantizar el acceso a derechos básicos como la educación, la salud, el agua potable, la alimentación, y la seguridad. Negarlo sin una alternativa clara no solo atenta contra la estabilidad de un gobierno, sino contra la estabilidad del país entero. La pregunta que debería guiar cualquier discusión presupuestaria es: ¿Cómo impacta esto a los ciudadanos, y cómo puede mejorar su vida? La respuesta nunca debería ser “salvar recursos para futuras elecciones.”

¿Una lógica falaz?

Cuando el senador Uribe afirma que al negar el presupuesto están “salvando los recursos para las elecciones de 2026,” propone una lógica que merece ser examinada de cerca. Desde una perspectiva económica, política y social, esta afirmación carece de solidez. Primero, el presupuesto es una herramienta que se renueva año a año, adaptándose a las necesidades y circunstancias de cada momento. No es un recurso fijo que se “guarda” o “salva” para un uso futuro, como si fuera una alcancía. Lo que no se invierte hoy, se pierde, y las consecuencias de esa pérdida son tangibles: proyectos cancelados, servicios insuficientes y un impacto negativo en los más vulnerables. 

Además, la afirmación de Uribe parece sugerir que las elecciones de 2026 son más importantes que las necesidades actuales del país. Esta es una forma de hacer política cortoplacista y miope, que privilegia los intereses de un partido sobre las urgencias del país. En lugar de construir soluciones para los desafíos inmediatos, como la pobreza, el hambre y la inequidad, se plantea la idea de reservar recursos para fines políticos futuros. Esto no solo es irresponsable, sino que es una lógica falaz que desvía la atención de los problemas que requieren acción hoy. 

La política de obstrucción, en la que se bloquea sistemáticamente cualquier propuesta del gobierno sin ofrecer alternativas viables, tiene consecuencias profundas para el país. Negar el presupuesto no es un acto sin consecuencias; afecta directamente la capacidad del Estado para implementar políticas públicas y responder a las demandas de la ciudadanía. Las personas más afectadas por este tipo de tácticas son, sin duda, las más vulnerables: aquellas que dependen de los programas sociales, del acceso a la salud pública, de la educación pública y de la infraestructura básica. 

Históricamente, las democracias que adoptan una política de obstrucción sistemática terminan debilitando sus instituciones y erosionando la confianza ciudadana en la política. En lugar de un debate democrático basado en la búsqueda de soluciones, se cae en el terreno de la lucha partidista, donde lo que importa es quién gana o pierde políticamente, no qué es lo mejor para el país. 

“Por quién doblan las campanas”

¿Por el bien de quién?

La política no puede ni debe ser vista como un juego de suma cero, donde lo que un partido pierde, otro lo gana. Los recursos del Estado, y en particular el presupuesto, son el reflejo del compromiso de un gobierno con su gente. Negar recursos esenciales para programas sociales, educación o infraestructura en nombre de una futura estrategia electoral no es solo irresponsable, sino que también traiciona el pacto social que los políticos tienen con sus electores. 

Los actores políticos deben recordar que sus decisiones tienen consecuencias reales y tangibles en la vida de las personas. En este sentido, es esencial que los intereses electorales no se antepongan al bienestar de la población. Los recursos del país deben ser utilizados para enfrentar los desafíos presentes y no ser reservados como si fueran piezas de ajedrez en un juego de poder. 

Es abominable la afirmación del senador Miguel Uribe sobre “salvar recursos” para las elecciones de 2026 es una muestra clara de cómo la política partidista puede anteponerse a los intereses del país. En lugar de enfocarse en las necesidades urgentes de la ciudadanía, se priorizan los cálculos electorales, lo cual es una traición a la misión fundamental del Estado: servir al bienestar común. 

Es fundamental que el debate sobre el presupuesto se lleve a cabo con seriedad y responsabilidad, poniendo siempre en primer lugar el bienestar de la población. Las elecciones futuras no pueden ser una excusa para bloquear las soluciones que Colombia necesita hoy. Si la política sigue siendo utilizada como un medio para obstruir, el país entero sufrirá las consecuencias.

Puede sonar como cliché; pero, todos los actores políticos, independientemente de su ideología, trabajen juntos para construir un futuro donde las prioridades sean el bienestar, la equidad y el desarrollo sostenible de la nación, y no los intereses electorales de unos pocos.