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En todo el país crecen y crecen las quejas, denuncias y protestas por el mal servicio de electricidad que, además, es cada vez más costoso. En el último año, de marzo de 2023 a marzo de 2024, el coste de comprar bienes y servicios en todo el país creció 7,4%, mientras que, durante el mismo periodo, el coste de pagar el recibo de electricidad creció 19,5%.
Por ciudades, la cosa es todavía peor, los municipios de los siete departamentos de la costa siguen siendo los más asfixiados, el coste de la electricidad les ha aumentado en más del 30% durante el último año. Con razón el paro costeño realizado el pasado 11 de abril.
El departamento del Meta no se queda atrás, Villavicencio y los demás municipios que tienen como comercializador del servicio de electricidad a la empresa Electrificadora del Meta S.A. (Emsa), también tuvieron un incremento del recibo por encima de la media nacional ubicándose en el 21%. Lo curioso es que mientras el precio del recibo aumenta, la calidad del servicio empeora. Veamos.
El resultado del costoso precio del recibo se debe a que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) del gobierno Petro mantiene la misma metodología para establecer el precio cobrado por kilovatio/hora de los gobiernos anteriores, pero además la hizo peor. Al emitir la Resolución 101-028 de 2023, que dio vida al Costo de Opción Tarifaria (COT), aumentó el precio del recibo, permitiendo que las empresas puedan diferir en los usuarios el cobro del saldo acumulado por opciones tarifarías de años anteriores, que a noviembre de 2023, sumaba más de 96.200 millones de pesos para los hogares del departamento del Meta.
El resultado del pésimo servicio se debe a un pésimo manejo de la empresa, como lo demuestran las cifras del recién publicado informe de gestión de 2023 de la Emsa. En este se evidencia que la utilidad neta para 2023 cayó cerca de $9.700 millones, pasando de más de $39.500 millones en 2022 a menos de $29.800 millones en 2023, disminuyendo un 33% la ganancia. También empeoró el estado de pérdidas y ganancias de forma dramática, generando pérdidas por más de $9.200 millones con un aumento superior al 44%, unos $2.800 millones más de perdidas respecto al año anterior.
Lo inaceptable de estos resultados es que, en general, todas las variables relacionadas con los ingresos fueron favorables para la compañía durante el último año.
La empresa cerró 2023 con cerca 394.000 usuarios, registrando más de 13.800 nuevos clientes. Además, las ventas totales crecieron en más de $104.300 millones, para un total superior a $739.000 millones. La energía facturada creció en más de 52 GWh, para un histórico total de 998 GWh. Ni hablar del recaudo total de la compañía, que pasó de $625.600 millones en 2022, a más de $799.800 millones en 2023, teniendo un crecimiento mayor a $174.100 millones, equivalente al 27,8%.
En resumen, lo anterior permitió que los ingresos operacionales de la Emsa crecieran cerca de $105.300 millones, un 15,2% más que el año anterior, para un total superior a $799.600 millones.
A pesar de estos resultados positivos, los indicadores financieros más importantes no reflejaron lo mismo. El beneficio de la empresa antes de restar los intereses que tienes que pagar por la deuda contraída (o Ebitda por su sigla en inglés) creció tan solo $16.900 millones más que el año anterior mientras que, el margen Ebitda disminuyó hasta el 16,61%, muy por debajo del promedio de los últimos cinco años que ha sido del 22% y bien lejos de las referencias establecidas por la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios para el sector, del 33% para las comercializadoras y del 25,77% para las distribuidoras y comercializadoras. Claramente, la empresa tiene problemas estructurales en la operación del negocio, que es la distribución y comercialización de la electricidad a los hogares del Meta.
Por su parte, los costos crecieron cerca del 16%, mientras los gastos operativos y administrativos crecieron cerca del 19%. Lo que más creció, de forma inexplicable porque lo omite el informe, fueron los gastos no operacionales, aquellos gastos que no tienen relación directa con la operación del negocio, los cuales crecieron más del 73%, pasando de $27.400 millones en 2022 a $47.400 millones en 2023, un aumento superior a $20.000 millones.
Mayor preocupación genera el rubro de efectivo y equivalentes al efectivo que pasó de $4.700 millones en 2022 a más de $31.500 millones en 2023, aumentando así el uso de dinero a la mano, sin restricción, en cerca de $26.800 millones, un increíble incremento del 567%. Tanto dinero en caja se puede prestar, fácilmente, para casos de corrupción y malversación de recursos públicos. Ahí también deberían poner los ojos los entes de control.
Contrario al derroche de recursos sin explicación, la inversión para mejorar la calidad del servicio durante 2023 solo fue de $27.600 millones de recursos propios. Con razón la calidad del servicio empeora cada día más. Así lo demuestra el índice de satisfacción de los clientes que cayó fuertemente, pasando de 59% a tan solo 43,5%.
Lo mismo ocurrió con los indicadores de calidad que empeoraron fuertemente durante el último año. El índice de duración de las interrupciones de energía (o Saidi por sus siglas en inglés), que mide las horas en las que los usuarios se quedaron sin servicio de electricidad, pasó de cerca de 16 a 24 horas y, el índice de frecuencia de las interrupciones del servicio de energía (o Saifi por sus siglas en inglés), que mide el número de veces en que los usuarios se quedan sin electricidad pasó de 19 a más de 42 veces en el año.
Que quede claro que sin aumentar la inversión de forma importante en la modernización y ampliación de redes, maquinaria, equipos y subestaciones, en general, como también en el mantenimiento y limpieza de las redes, será imposible mejorar el pésimo servicio, se seguirá yendo “la luz” y se seguirán dañando los electrodomésticos que, en la mayoría de los casos, no cuentan con compensación ni arreglo para el usuario por parte de la empresa.
Por eso indigna que los dueños y directivos de la empresa, hayan decidido reinvertir tan solo el 30% de la ganancia, unos $8.900 millones para 2024. El resto va a parar a las cuentas del gobierno nacional (56%), la gobernación del Meta (26%), el Grupo de Energía de Bogotá (16%) y otros dueños minoritarios (2%). Mientras los usuarios siguen padeciendo el mal servicio.
Todo lo anterior, llevó a que la calificadora de riesgo Fitch Ratings Colombia S.A. revisara a negativa la perspectiva de la calificación nacional de riesgo crediticio de largo plazo, pasando de AAA+ a AAA, mientras conservó la calificación de corto plazo en F1+. Lo que quiere decir que, en el largo plazo, se proyecta que la situación de la empresa empeorará si se sigue administrando como se viene haciendo.
Estos resultados negativos llevarían a los propietarios de cualquier empresa a despedir tanto al gerente como a la junta directiva en pleno, pero no ha ocurrido así, los directivos siguen enquistados en sus cargos. Lo que también es responsabilidad del gobierno nacional, ya que este es, de lejos, el dueño mayoritario de la empresa al poseer el 56% de las acciones y, además, tiene mayoría en la junta directiva, al concentrar tres de los cinco cargos.
Como el gobierno nacional no quiere cambio en la Emsa y se niega a nombrar profesionales independientes, que estén a la altura de las necesidades de cientos de miles de hogares del departamento que sufren por un servicio de electricidad caro y malo; nos corresponde a los usuarios unirnos alrededor de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y empezar a exigir soluciones reales, como han dado ejemplo los costeños, que preparan una gran movilización nacional el día 11 de julio en Bogotá. ¡Ahí estaremos!
