Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
A los escándalos de los últimos días con las camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en los que presuntamente se habría transportado a miembros del ELN en Arauquita, se suman a los denunciados en Tame, cuando el Ejército Nacional encontró a una persona que estaba siendo secuestrada a bordo de uno de estos vehículos, así como los registrados en Tumaco, donde fueron halladas 1.000 municiones en el vehículo asignado a la Alcaldía y 200 millones de pesos en otro. Esto sin olvidar que el ejército detuvo una caravana en Yolombó-Antioquia con tres disidentes de las Farc a bordo.
Los cinco hechos anteriores ocurrieron en menos de un mes y, si bien las situaciones irregulares con los esquemas de la UNP no son nuevas, sí causan mucho ruido y generan interrogantes sobre la transparencia en los manejos por parte de la entidad, la voluntad de paz de los grupos armados y las políticas de seguridad y de protección a defensores de derechos humanos del gobierno nacional.
Durante casi cuatro años fui delegado de la Presidencia de la República en el Cerrem, el cuerpo intercolegiado que tiene la función de recomendar medidas de protección a la vida e integridad de personas y comunidades en riesgo como consecuencia de sus actividades políticas, para que las implemente UNP.
Medidas que, por lo general, consisten en la asignación de escoltas, chalecos antibalas, celulares o vehículos. Es un procedimiento reglado en los decretos 1066 de 2015 y 1139 de 2021. A partir de esta experiencia, propongo este análisis sobre la política de seguridad y la de protección a defensores de derechos humanos.
En 2023 la UNP recibió 11.218 solicitudes, que condujeron a 10.690 evaluaciones de riesgo, de las cuales se tiene a 3.643 beneficiarios. Para protegerlos, según la condición de cada caso, la entidad asignó 834 vehículos y 1.964 escoltas. Sumado al funcionamiento de la entidad, estas medidas le cuestan a los colombianos más de dos billones de pesos cada año. Esta cifra viene creciendo y es, en perspectiva, similar al presupuesto de la Procuraduría General de la Nación, de los Ministerios de Justicia o Relaciones Exteriores o de la Alcaldía de Cartagena.
| Año | Valor (COP) |
| 2022 | 1.645.168.284.600 |
| 2023 | 2.206.467.055.717 |
| 2024 | 2.379.199.325.642 |
Lo que resulta más preocupante es que las solicitudes crecen de la mano con las amenazas a las personas. Y en lugar de esclarecer el origen de estos delitos, se ordena la implementación de nuevas medidas de manera apresurada. Por supuesto que el Estado tiene la obligación de proteger la vida e integridad de los defensores de derechos humanos, así como garantizar las condiciones de seguridad para que puedan realizar su labor política. Pero el mecanismo empleado no es sostenible ni eficiente porque hace permanente una medida que debería ser transitoria. Ponerle un carro blindado a todo el que esté en riesgo es mucho más costoso que atacar las raíces del problema.
En lugar de contener el crecimiento de las economías ilegales, perseguir a los grupos criminales, controlar los territorios con fuerza pública, empoderar a los gobiernos locales y a las juntas de acción comunal, construir vías de comunicación, aumentar la cobertura de educación, salud y servicios públicos, ofrecer alternativas productivas a los colombianos de las regiones más remotas, se ha optado por la salida que individualmente proteja a cada uno de los amenazados. Amenazados justamente por denunciar las carencias que perpetúan la inseguridad.
La situación se hace más peligrosa cuando el contar con un esquema de protección se convierte en señal de estatus y en motivo de disputa por parte de otras personas que también quieren tener uno. En otros casos se llegó al absurdo de implementar esquemas en corregimientos no carreteables, es decir, sin caminos para que transiten los carros, por ser netamente fluviales.
Aunque no es lo habitual, en mi experiencia en el Cerrem, cada semana revisaba estudios en los que, a pesar de que el analista no identificaba riesgos objetivos, los evaluados solían presentar acciones de tutela para mantener su esquema de protección o rechazaban al escolta asignado si no estaba acompañado de una camioneta y un conductor.
Así mismo, siendo muy excepcionales estos casos, debía recomendar desmontes por mal uso. La UNP documentó irregularidades tales como transportar personas amigas de los protegidos, usar los vehículos como Uber o taxi y cobrar las carreras, manejar en estado de embriaguez, salirse de rutas seguras y amenazar a los escoltas con reemplazarlos si no accedían a pretensiones de este tipo. Muchas veces el presunto mal uso era denunciado por los mismos escoltas, cuando se rompía la relación de confianza entre ellos y sus protegidos.
Y también hay casos en los que los mismos evaluados con los riesgos más altos, pedían que no se les asignaran esquemas, porque en lugar de protegerlos, los exponían más a los ojos de sus victimarios. Lo cual refuerza que no es con camionetas y escoltas que se protege su vida ni como mejor se garantiza la seguridad colectiva en un territorio.
Caso contrario ocurría en Bogotá y las principales ciudades. Había casos de periodistas influyentes y exservidores públicos que, si bien no tenían que desplazarse a territorios o estar en zonas de conflicto, pedían esquemas de seguridad para ellos o incluso para sus familiares.
Muchas veces el argumento para asignar esquemas en estos casos era evitar ruido cuando eran personas influyentes en medios o en redes, no dar lugar a señalamientos del estilo “el gobierno descuida a sus opositores”, pero desde mi experiencia estando tan cerca en la implementación de las medidas, mi sensación es que pesaban más al final el ‘amiguismo’ con los políticos afines y el temor a los opositores. Consideraba preocupante que el primer criterio para asignar medidas no fuera el técnico, sino el político. Más cuando estamos hablando de un programa que cuesta dos billones de pesos al año y sobre el que tantos escándalos llegan a la opinión pública.
Considero hasta aquí, que un primer elemento que retrata las carencias de este programa es el corto circuito entre la dirección central de la entidad en Bogotá y la situación en muchos territorios. La UNP ha sido diligente dando respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía y brindando soluciones para proteger o trasladar a las personas en riesgo. Justamente, buscando esa interlocución directa entre los amenazados y quienes recomendamos sus medidas, la UNP organizó sesiones en territorio, tan pronto la pandemia lo permitió, para tener ese contacto con ellos en Cauca, Catatumbo, Magdalena Medio, Chocó, el Caribe o los Llanos, por nombrar algunas regiones que visitamos y que nos dieron insumos a la hora de hacer las recomendaciones.
Pero no se puede olvidar que el origen del riesgo y la amenaza para los defensores de derechos humanos viene del conflicto armado y la disputa por las economías ilícitas que emergen ante la ausencia del Estado. Las personas que denuncian asociaciones entre políticos locales y grupos armados, el reclutamiento forzado infantil, la explotación sexual, la minería ilegal, la siembra de coca; los presidentes de acción comunal que no se ponen al servicio de los actores armados como interlocutores con su población; los guardias indígenas que sirven de barrera a actores armados; o los integrantes de consejos comunitarios que buscan alternativas a los confinamientos de sus integrantes, son quienes sufren en carne propia de atentados y agresiones. Son ellos quienes defienden los derechos humanos y tienen que ser protegidos por el Estado.
Pero la respuesta del Estado no puede ser reactiva, es decir, únicamente desplegar recursos y herramientas para proteger a los individuos más expuestos. Lo más eficaz sería intervenir la cadena en los pasos anteriores: hacer presencia institucional en los territorios, perseguir a los actores armados, ofrecer alternativas a quienes conforman sus filas, proteger los recursos naturales y fortalecer el gobierno propio de los grupos étnicos.
Los recursos que se destinan a esquemas de protección podrían ser mejor aprovechados si se traza una política de seguridad preventiva y no reactiva. De esta manera, no habría condiciones que pongan en riesgo a las personas que hoy son amenazadas.
Lo anterior, a su vez, tiene que estar en sintonía con una política de paz efectiva y clara. La política de Paz Total del gobierno Petro, que ha sido analizada con rigor por este medio, ha sido ambigua y cambiante a lo largo de estos dos años. Más allá de la discusión sobre su legitimidad política o su sustento legal, no es claro a largo plazo cuál es el objetivo perseguido. Sí ha sido evidente, en cambio, que buscó un alivio humanitario para ciertas regiones del país. Pero no es claro cuáles son las estrategias para implementar los Acuerdos de Paz de 2016, ni para recuperar los espacios que dejaron las Farc y que fueron copados por nuevos grupos armados, cuando ya habían sido priorizados como Pdet por el gobierno Duque. Esta carencia de planeación en temas de paz está correspondida por la incertidumbre en temas de seguridad. Esto necesariamente obliga a responder atendiendo emergencias, y nada es más fácil que implementar medidas individuales urgentes.
Los escándalos por el mal uso de las camionetas de la UNP seguirán ocupando titulares y dando de qué hablar a la opinión pública. El debate de fondo es por qué persisten las condiciones de conflicto e inseguridad que ponen en riesgo a los defensores de derechos humanos y no hay una visión política que busque cómo revertirlas.
