Las cuentas alegres de Petro para reparar a las víctimas

Esta columna fue escrita por el columnista invitado Luis Fernando Agudelo.

La nueva (vieja) propuesta del gobierno nacional para financiar la reparación de las víctimas de la violencia mediante emisión monetaria es loable en sus intenciones, pero podría perjudicar a quienes pretende beneficiar. La emisión de dinero genera inflación y esta, a su vez, empobrece a los más pobres.

Esta propuesta es una trampa que se ha repetido con resultados económicos y sociales desastrosos en América Latina. En 1990, Dornbusch y Edwards publicaron “La macroeconomía del populismo en América Latina”, donde describen el mecanismo usado durante décadas para intentar salir de la pobreza mágicamente. 

Los países que han caído en esta trampa, ante una situación de bajo crecimiento, eliminan las restricciones para emitir dinero con la idea de aprovechar la capacidad ociosa de la economía para mejorar la equidad. Para el caso puntual de la propuesta del presidente con la intención de reparar a las víctimas rápidamente. 

En el corto plazo, mientras llegan nuevas elecciones, el plan funciona. Circula más plata, la gente tiene más en el bolsillo y la economía crece. En nuestro caso, las víctimas recibirían la anhelada reparación. Pero las empresas empiezan a tener problemas para producir o importar las cosas que las personas quieren comprar y los precios suben. 

Entonces, al gobierno le toca controlar los precios y las importaciones para atajar la inflación y la devaluación incontenibles e intenta hacerlo a través del presupuesto nacional. Pero no tiene recursos y no puede aumentar los impuestos debido al déficit fiscal.  El sueño se convierte en pesadilla: el dinero (merecido) que reciben las víctimas, fruto de la emisión, se convierte en papel sin valor porque la inflación lo devalúa. 

Aquí surge el descontento social. Y al gobierno le toca escoger entre dos opciones: se reelige y reduce el gasto, perjudicando a quienes reciben subsidios, o deja que un gobierno de otro talante político asuma el ajuste. En este último caso, quienes emitieron, se lavarán las manos y acusarán a los nuevos de ser neoliberales, fascistas y oligarcas. Pero la inflación no tiene ideología: cuando los precios suben, son los más pobres quienes sufren las consecuencias. 

Argentina y Venezuela son ejemplos claros de las consecuencias de políticas irresponsables. La fórmula de gastar sin control y emitir dinero cuando los impuestos no alcanzan, justificada como una defensa de los pobres, solo crea más pobreza. 

En particular, los argentinos han vivido en estos años las consecuencias de esta fórmula mágica justificada en la ilusión de un país más justo y un Estado presente que proteja a los más pobres para evitar la marginalidad. 

Hoy los precios son insostenibles para la mayoría, así lo muestran los datos. En el año 2000 un producto de la canasta familiar en Colombia costaba $10.000 pesos. Si el precio solo hubiera aumentado conforme a la inflación, en 2023 este producto debería costar $34.000 pesos, lo que representa un 346% de inflación acumulada. En el caso de Argentina, el mismo producto que costaba $10.000 pesos argentinos en los 2000, en 2023 habría alcanzado un precio de $2.700.000 pesos argentinos, equivalente a un 27.305% de inflación acumulada.

Colombia debe abordar de manera seria la discusión sobre la reparación a las víctimas, pero no existen soluciones mágicas. Se requiere un aumento en la inversión y la productividad, un sector privado competitivo y un Estado más eficiente que promueva el crecimiento y dirija los recursos fiscales hacia los más pobres. Para países como Colombia, que no tienen monedas de referencia internacional, esto nunca se logrará imprimiendo billetes.