La COP de cambio climático de Bakú, en Azerbaiyán, concluyó con un acuerdo que no cumplió con los objetivos de una COP pensada para avanzar en el tema de financiación. La meta de financiamiento climático se incrementó de 100 mil millones a 300 mil millones de dólares anuales, pero quedó lejos de los 1.3 billones de dólares que se esperaba acordar para hacer frente a la crisis climática, un objetivo que se pospuso hasta 2035.
La Silla Académica conversó con Antonio Hill, asesor del Natural Resource Governance Institute y experto en justicia climática y desarrollo social para analizar los resultados de la COP29. También habló con Jhon Betancur, director de la línea de investigación en biosistemas integrados del Doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales, sobre los avances y retos de Colombia en temas como la transición energética, los mercados de carbono y las tecnologías renovables discutidos en la cumbre.
La Silla Académica. ¿Qué acuerdos se esperaba salieran de la COP29, una cumbre de bajo perfil?
Antonio Hill. Esta COP era la última oportunidad para cumplir con el Acuerdo de París, que exigía que se fijara una nueva meta de financiación climática antes del 2025. En este tema, no era solo qué tanto se lograba aumentar el monto final, que quedó en 300 mil millones de dólares anuales, sino los términos de esa financiación.
Cuestiones como la adicionalidad eran fundamentales. Esto hace referencia a si los recursos son nuevos y adicionales a los flujos existentes de cooperación internacional, el propósito de los mismos y el grado en que realmente apoyarán la transición energética que están llevando a cabo los países de bajos y medianos ingresos.
También lo eran la calidad y la forma de ese financiamiento, ya que existe una gran diferencia entre subvenciones o transferencias directas desde la bolsa pública y préstamos, sean estos concesionales o no concesionales. Este fue un tema especialmente álgido dentro de estas negociaciones. En la última versión del texto de la negociación que se publicó el viernes anterior, había señales alentadoras porque incluía las mejores opciones y que beneficiarían a un país como Colombia.
La ambición sobre el financiamiento disponible que saliera de esta cumbre se relaciona con la del próximo año en Brasil y con el hecho de que, para el 10 de febrero del 2026, se espera establecer las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).
Estas NDC son las metas de cada país. Todas serán analizadas en Belén para evaluar qué tan lejos estamos de cumplir realmente los objetivos del Acuerdo de París, especialmente el de limitar el aumento de la temperatura promedio global a 1.5 grados Celsius.
La poca ambición y la escasa confianza en que esos recursos realmente estarán disponibles dificultará que los países se comprometan con metas más ambiciosas en sus NDC. Para un país como Colombia, que está tomando decisiones clave como la transición de la industria del gas y el petróleo, esta situación puede marcar una diferencia significativa.
LSA. Un tema que sonó en la COP y en la reunión del G20 es la reelección de Trump y cómo afectaría los compromisos ambientales. ¿Qué piensa de este riesgo?
AH. Después de pasar una semana en Bakú, fue evidente la ansiedad y preocupación por los resultados de las elecciones en Estados Unidos. En general, la situación geopolítica internacional causa incertidumbre y preocupación.
Paradójicamente, esta situación también ejerce una fuerte presión sobre los países que ya están comprometidos con el Acuerdo de París, porque saben que tienen que tener buenos resultados, especialmente en términos de financiamiento. No tener estos resultados le da argumentos a quienes dicen que la acción climática global no tiene futuro.
Ahora, los vaivenes en los compromisos climáticos por parte de Estados Unidos ya son bien conocidos por los gobiernos, negociadores y delegaciones. Por eso la llegada de Trump tal vez preocupa más por lo que podría implicar en temas internacionales, como la relación con Rusia y la guerra en Ucrania o las tensiones comerciales con China y cómo contribuiría a que se congele la economía mundial, más que se retire, de nuevo, del Acuerdo de París.
A lo largo de las negociaciones climáticas, Estados Unidos ha tenido un papel determinante, desde su presión en 1997 para incluir mecanismos de mercado en el Protocolo de Kioto hasta su retirada del Acuerdo de París durante el anterior gobierno de Trump. Con estos vaivenes, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, no se espera que Estados Unidos juegue un papel protagónico en la acción climática. Por eso, que una nueva administración decida descartar sus compromisos no es una sorpresa ni una gran preocupación.
En su momento Trump se retiró, pero la transición energética siguió impulsada por la economía renovable y los Estados comprometidos con la sostenibilidad. En la práctica, la energía renovable no convencional creció significativamente y se asentaron dinámicas que luego se intensificaron con la administración de Biden.
Además, varios estados tienen autoridad y soberanía sobre sus políticas energéticas y casi la mitad de la economía estadounidense está comprometida con estas transiciones e inversiones que ya estaban en marcha.
LSA. El canje de deuda por servicios ambientales fue un tema importante liderado por Colombia, ¿qué piensa de esta propuesta?
AH. Colombia enfrenta una carga elevada de deuda soberana y altos intereses sobre la misma. De modo que vincular el pago de intereses a inversiones específicas en una transición sostenible es una buena idea. Pero debe considerarse dentro de un marco más amplio de ajustes estructurales en el Sistema Internacional de Financiamiento Multilateral para el Desarrollo y el Cambio Climático. Este tema ya está en la agenda.
La agenda de Bridgetown, propuesta por el gobierno de Barbados, será presentada en la Cumbre de Financiamiento de Madrid en 2025. En Bakú, también se identificaron varios apartados del texto de negociación que mencionan estos cambios estructurales, haciendo llamados a los bancos multilaterales de desarrollo y a los mercados privados de capital para ajustar sus políticas y reglas para favorecer la transición que atraviesan no solo Colombia, sino también todos los países del sur global.
Desde esta perspectiva, la propuesta tiene mucho futuro y se debió implementar hace tiempo. Más de 100 países del sur global enfrentan una carga de deuda tan alta, que el pago de intereses les impide realizar inversiones en otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los relacionados con el cambio climático.
Colombia lideró la búsqueda de recursos innovadores para la transición energética. En este sentido, el gobierno ha creado una comisión encargada de estudiar nuevas opciones, como la posibilidad de implementar un impuesto sobre las ganancias extraordinarias, conocidas como “windfall taxes”. Este impuesto se aplicaría a las ganancias obtenidas cuando los precios del petróleo suben debido a la volatilidad del mercado, superando un umbral determinado. Las ganancias recaudadas se destinarían a un fondo que apoye las necesidades planteadas en el esquema de financiamiento climático de la Convención de Cambio Climático.
LSA. Colombia se adhirió el año pasado al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. En Bakú diez países nuevos se unieron a esa iniciativa, ¿qué lectura tiene de ese tratado?
AH. Estuve en Dubái cuando el presidente Petro anunció la adhesión de Colombia a la Iniciativa de los Países Bajos, destacando que fue un acto de solidaridad con los países, especialmente isleños, que comenzaron este camino.
Colombia también ha comenzado a vincularse a otra iniciativa clave: la Alianza Más Allá del Petróleo y Gas, a la cual se adhirió el año pasado. Aunque similar al tratado mencionado, es como un club de países, una iniciativa intergubernamental que, a diferencia de otras, tiene un enfoque más práctico y técnico. No solo llevan una agenda de pronunciamientos.
Los gobiernos que participan deben cumplir con políticas y compromisos claros y Colombia, aunque aún no cumple plenamente con estos requisitos, pudo ingresar en el nivel más bajo de la pirámide. Desde allí recibe apoyo financiero para realizar los análisis técnicos necesarios y así cumplir con los compromisos en un futuro cercano.
El enfoque se está ampliando para incluir a países similares a Colombia, a diferencia de los primeros países que se unieron, como Dinamarca, Costa Rica, Francia y Portugal, que no son productores de petróleo y gas. Colombia, ya siendo el 22º productor mundial, tiene una trayectoria mucho más relevante en este contexto, especialmente si hablamos de la transición de los combustibles fósiles.
La iniciativa tiene buena tracción en cuestiones políticas importantes. Hay que ver si Colombia logra avanzar y subir de membresía.
LSA. Antonio, ¿cuál es su balance de la COP29 en relación con los objetivos del Acuerdo de París?
AH. Hay tres puntos que se discutieron que considero importantes. El primero es el desfinanciamiento. La última versión del texto tenía opciones valiosas que realmente apoyarían la posición de los países del Sur Global, incluidos Colombia.
Un avance relevante es que se discutió en un lenguaje que permitiría discriminar entre los tipos de financiamiento: uno que apoye una salida progresiva del petróleo y de otros combustibles fósiles, y otro tipo de financiamiento que no esté directamente relacionado con la transición energética.
El segundo es el refuerzo del compromiso que surgió por primera vez en Dubai sobre la salida progresiva de los combustibles fósiles. Este tema aparece no solo en el texto sobre financiamiento, sino también en el del programa de mitigación. Surgieron propuestas interesantes como convocar anualmente una discusión o negociación para abordar los temas emergentes relacionados con la transición energética. Para países como Colombia, que han tomado en serio esta transición y están comprometidos con una salida progresiva de los combustibles fósiles, esta medida es crucial.
Un resultado relevante de la COP son los avances con el artículo 6 del Acuerdo de París, que tiene que ver con los mercados de carbono. Se lograron establecer las reglas, pero considero que este asunto llegó demasiado tarde. Llevamos casi 20 años debatiendo sobre los mercados de carbono y, a pesar de ello, no hemos visto avances significativos a nivel internacional que permitan reducir efectivamente las emisiones con la urgencia que necesitamos. Esta no puede ser la solución principal para enfrentar la crisis climática.
Por último, un aspecto donde realmente avanzamos fue en el programa para la transición energética justa. La idea apareció en Egipto hace dos años y el año pasado recibió respaldo en Dubai. Durante todo este año hemos tenido diálogos técnicos y políticos para definir hojas de ruta y senderos para una transición justa. Y esto importa especialmente para los países en desarrollo, especialmente los del sur global como Colombia, donde el esfuerzo en acción climática ha estado históricamente sesgado. Hasta ahora, la discusión ha sido muy limitada porque se enfoca únicamente en la mitigación, sin considerar la realidad socioeconómica de los países.
LSA. ¿Qué significa la transición justa para un país como Colombia?
AH. En Colombia, transformar el corredor minero es un objetivo central del gobierno, con toda razón. Pero la salida del carbón tiene consecuencias profundas para las comunidades que dependen de esta industria y que, de un día para otro, se quedan sin empleo. Considerar esto es justamente lo que implica una transición justa, que no se limita solo a la mitigación.
Por eso, dentro de lo que se discutió estaba el desarrollo sostenible, la diversificación económica, y la atención a trabajadores y comunidades dependientes de los combustibles fósiles. Esto estuvo sobre la mesa en las negociaciones y, más que un acuerdo cerrado, será un camino que se consolidará el próximo año en Brasil. Junto con los NDC que los países presenten. Esto podría reorientar los esfuerzos climáticos hacia un enfoque más inclusivo y realista.
LSA. Jhon, ¿Cómo ve a Colombia en la disminución del uso de recursos fósiles y la transición energética?
Jhon Betancur. El petróleo es un recurso con una vida útil finita. Puede que tengamos 25 años más de este recurso, pero la transición energética es inevitable. Eso sí, el objetivo es hacer una transición equilibrada, que no nos deje sin un sustento energético de manera abrupta y que incluya también el cambio en ciertos hábitos de las personas.
Entonces, en el caso del transporte, no podemos simplemente prohibir el uso de gasolina sin ofrecer alternativas, como los vehículos eléctricos. Y para fomentar su uso debemos ofrecer beneficios como reducir impuestos, eximir del pico y placa y apoyar la infraestructura de carga, entre otros.
La clave está en generar incentivos para que las personas adopten tecnologías más limpias. En países desarrollados, por ejemplo, la movilidad es el principal reto de la transición energética, y se ha logrado avanzar con sistemas de transporte público eficientes, como en España, donde la gente prefiere usar el tren o el metro porque es más rápido y económico que usar el carro.
LSA. ¿Qué pasa entonces con medidas como cerrar pozos o la no exploración?
JB. Los pozos son recursos que tenemos disponibles y deben utilizarse. El no hacerlo en este momento no garantiza que en otro gobierno o momento no vayan a ser usados.
Claro que lo mejor es no usar más petróleo, pero esto implica cambiar todo el sistema económico y cómo funcionamos en el diario. Eso no puede hacerse de la noche a la mañana y necesitamos seguir explorando mientras se realizan las transiciones a energías limpias. Ahora, no es que crea que la explotación no tiene consecuencias, pero son recursos que no se reemplazan tan fácilmente.
LSA. ¿Colombia debería aprovechar la abundancia de recursos que tiene, como en cobre o níquel, para reemplazar las ganancias que le genera el petróleo?
JB. Hay un tema con los países que tienen abundancia de recursos como el petróleo. A menudo enfrentan tensiones políticas, conflictos internos y externos, e incluso se estanca su desarrollo por gestiones inadecuadas o a la dependencia exclusiva de esos recursos.
Venezuela, por ejemplo, tiene mucho petróleo, pero la corrupción, la crisis política y económica han hecho que, en lugar de desarrollo sostenido, el país esté en un ciclo de crisis y dependencia. En Colombia la cosa es distinta por la diversidad de recursos naturales. Tiene grandes reservas de hidrocarburos, pero también minerales elementales para la transición energética, como el cobre, el níquel y el cobalto. El gran reto es manejar prudentemente esos recursos finitos.
Estos minerales pueden agotarse rápidamente. De hecho hay un llamado de atención que dice que en 20 o 40 años se podrían agotar. Entonces, si bien están en el centro de la revolución tecnológica, también vienen con una disyuntiva sobre cómo gestionar ese patrimonio natural de forma sostenible y prever que es un recurso agotable a corto tiempo.
LSA. Qué piensa del mercado de bonos de carbono, ¿realmente es una alternativa de mitigación para países emisores y de financiamiento para Colombia?
JB. Los bonos de carbono están directamente relacionados con las emisiones de CO2, la principal fuente de contaminación atmosférica. Debemos centrarnos en quienes generan estas emisiones, como las industrias y los países, pero con una perspectiva crítica.
Criticamos a Estados Unidos por ser uno de los mayores emisores, pero olvidamos que también es el motor de la industria global. Lo mismo sucede con China y otras potencias económicas. Estas naciones generan emisiones, pero lo hacen principalmente para satisfacer la demanda global.
La industria petrolera de Estados Unidos, por ejemplo, contamina al refinar el petróleo que luego consumimos en todo el mundo. China también genera altas emisiones, pero todos usamos los electrodomésticos o computadoras que producen. Nosotros como consumidores somos indirectamente responsables de estas emisiones. Por eso la solución no recae solo en las grandes potencias. A medida que la globalización crece, el impacto ambiental de nuestras decisiones también lo hace.
Entonces los bonos de carbono funcionan para compensar las emisiones. Empresas e industrias de países como China, Corea, Estados Unidos o Canadá, entre otros, deben pagar por las emisiones que generan y los recursos van a países como Colombia que tienen una alta biodiversidad y la capacidad de actuar como sumideros de CO2. Con la reforestación y la conservación de los bosques, el país no solo contribuye a la salud del planeta, sino que también obtiene recursos a través de los bonos de carbono.
El sistema ha tenido críticas, principalmente por las disparidades entre la conservación y el desarrollo industrial. Por ejemplo, países como India están optando por sembrar cultivos específicos como el arroz, lo cual les permite generar ingresos, mientras que los países que preservan su biodiversidad se ven limitados en términos de desarrollo industrial. Aunque esta crítica es válida, los bonos de carbono siguen siendo una estrategia efectiva, especialmente para países como Colombia, que puede beneficiarse enormemente de mantener su biodiversidad intacta.
Otra crítica importante tiene que ver con la distribución y la trazabilidad de los recursos generados por los bonos de carbono, porque se debe asegurar que los recursos beneficien a las comunidades locales y den incentivos a propietarios de tierras que participen activamente en la conservación. De lo contrario, el impacto de los bonos de carbono será limitado.
LSA. ¿Cómo podrían aprovecharse esos recursos en Colombia?
JB. Hay varias acciones clave para la transición con las que se pueden relacionar los bonos de carbono. Las energías renovables son una de estas. Hoy ya es común ver en varias partes del mundo paneles solares y molinos eólicos, aunque estos son menos frecuentes.
También podrían relacionarse con las tecnologías de eficiencia energética, los equipos y electrodomésticos que usamos, como neveras, televisores o computadoras, deben ser cada vez más eficientes para reducir el consumo energético y las emisiones asociadas. O con la gestión de residuos, donde hay mucho por mejorar. En Colombia no hay una estrategia clara de manejo de residuos y esto termina en un uso ineficiente de recursos. La biomasa, que proviene de los residuos orgánicos, es una gran fuente de energía renovable, pero no estamos aprovechándola adecuadamente.
Si adoptamos estrategias más efectivas de gestión de residuos y de uso de los bonos de carbono, podríamos generar un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la economía, promoviendo la sostenibilidad y la creación de empleos verdes.
LSA. ¿Cuáles son las acciones más urgentes que deberían emprender países en desarrollo y desarrollados para materializar lo acordado en la COP?
JB. Lo principal sería desarrollar estrategias sostenibles que sean específicas y tengan beneficios claros, en particular para la reducción de las emisiones. Yo diría que un enfoque que parece obvio, pero es prioritario, es la movilidad. Este sector es donde más energía de origen fósil se consume y donde podemos hacer una gran diferencia. La movilidad en general es una de las principales fuentes de contaminación.
Para esto, se deben desarrollar sistemas integrados de transporte tanto para personas como para transporte de cargas, autos compartidos, que ya se usan en algunos lugares, con incentivos de movilidad libre como es el pico y placa. Por ejemplo, recuperar las vías férreas, implementar trenes eléctricos facilita el transporte y reduciría significativamente las emisiones. También tenemos el uso de la bicicleta como un recurso valioso, entonces se deben asegurar ciclorutas seguras, proporcionar infraestructura adecuada y establecer incentivos para quienes opten por esta alternativa.
También se podría incentivar la transición hacia vehículos eléctricos, tanto para las personas como para la industria. Un acuerdo con países como China o Taiwán, líderes en la producción de vehículos eléctricos, podría permitir que estos vehículos lleguen a Colombia a precios más accesibles. Al eliminar barreras arancelarias, el gobierno no solo estaría promoviendo la transición energética, sino también beneficiándose económicamente de la importación de estas tecnologías.
En cuanto a las tecnologías domésticas, en nuestros hogares ya hemos comenzado a hacer cambios positivos, como el reemplazo de bombillos tradicionales por luminarias de bajo consumo. Los cambios no tienen que ser drásticos ni inmediatos. Podemos comenzar con pequeñas acciones y, poco a poco, integrar soluciones más amplias. Los países desarrollados no adoptaron todo de un solo golpe, lo hicieron paso a paso.
