La legalización de la marihuana para uso recreativo en adultos está a 54 votos y un debate en el Senado de ser realidad. Es la cuarta vez en 5 años que se pone sobre la mesa la idea de eliminar esa prohibición de la Constitución a la producción y venta de cannabis. Aunque es una iniciativa de congresistas, su aprobación también sería una victoria para el gobierno de Gustavo Petro en su enfoque por una nueva política de drogas.
Pero en las cuentas de la calculadora legislativa esos votos aún no están asegurados. Por ser una reforma constitucional necesita la mayoría calificada (54 votos), y los promotores de la iniciativa cuentan con 56 o 57 en sus cálculos.
Los apoyos fluctúan entre movidas de congresistas opositores para bloquear a sus compañeros y el ambiente hostil que, paradójicamente, han generado los líderes el proyecto para presionar los respaldos.
El proyecto está programado para mañana, porque si no se vota antes del 20 de junio se hundiría y debería arrancar desde cero. En un gobierno que ya empieza a sentir vientos adversos, su fracaso en esta legislatura podría significar un aplazamiento de años hasta que se vuelvan a alinear los factores que han permitido a la iniciativa llegar a este punto.
Un cambio de enfoque histórico
El proyecto en su esencia busca modificar el artículo 49 de la Constitución que dice que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. Esa norma está vigente desde 2009 por iniciativa del Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en su enfoque prohibicionista de política antidrogas.
Lo que se propone, 14 años después, sería la ruptura histórica más grande del Congreso frente a la guerra contra las drogas. La modificación constitucional limita esa prohibición para que no aplique a “el porte, producción, distribución, venta y consumo del cannabis y sus derivados por parte de mayores de edad”. Esto abre las puertas para que una regulación posterior abra las puertas a la producción, venta y consumo de marihuana para uso recreacional. Colombia sería el tercer país en hacerlo en América Latina, después de Uruguay y México.
Además, con un componente territorial y financiero, para que gracias a esa cadena de comercialización los departamentos y municipios puedan crear y recaudar unos impuestos.
Uno de los argumentos de la propuesta es que ese enfoque prohibicionista del gobierno Uribe no aportó en la lucha contra las drogas. Empezando porque el consumo no disminuyó. De acuerdo con cifras del Dane en 2019, el 8.3 por ciento de los colombianos afirmó haber consumido marihuana alguna vez en su vida.
El fracaso del prohibicionismo ha juntado en una misma orilla al presidente Gustavo Petro y antecesores suyos de origen liberal: Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria. “El prohibicionismo es algo que no solo resulta ingenuo e inalcanzable, sino que ha significado un fracaso rotundo en términos de vidas y esfuerzos económicos y humanos”, dijo Gaviria al pedirle a su partido, el Liberal, apoyar la reforma.
“Colombia debe regular el cannabis de uso adulto para quitarle la renta a las mafias, mejorar la salud pública y crear empleo. El mundo se mueve en esa dirección”, trinó Santos hoy a horas del debate final.
Colombia debe regular el cannabis de uso adulto para quitarle la renta a las mafias, mejorar la salud pública y crear empleo. El mundo se mueve en esa dirección. pic.twitter.com/mOECsD3xDo
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) June 14, 2023
Bajo esta ola progresista y liberal, el proyecto consiguió el impulso político para llegar por primera vez al último debate en el Congreso.
Como se trata de un acto legislativo para que el proyecto sea aprobado, necesita de mayorías en el último debate en el Senado. Es decir, que la voten la mitad más uno de los senadores. Como son 106 (originalmente eran 108, pero renunció Rodolfo Hernández y al corrupto Mario Castaño le decretaron silla vacía), la cifra clave es de 54 votos.
Las fórmulas para llegar al 54
En sumas, la apuesta por conseguir los votos mínimos parte de estos cálculos: 20 senadores del Pacto Histórico, 12 de la coalición de la Esperanza, 5 de Comunes, 4 de Cambio Radical, 9 del partido Liberal y al menos 6 de la U. Eso, suponiendo que todos van a estar, da 56 votos. Un margen mínimo.
En el trámite del proyecto, los autores y el gobierno Petro han ido encontrando esos votos, alimentando la idea de que esta vez pueda ser la vencida.
El 6 de diciembre de 2022, cuando aún existía coalición de gobierno con los partidos tradicionales, la plenaria del Senado estudió por primera vez el articulado. Ese día hubo dos votaciones que decantaron las posturas de los senadores.
Inicialmente, cuando el Centro Democrático presentó una propuesta para hundir el proyecto, solo 13 senadores acompañaron la idea frente a 49 que la rechazaron.
- Del Centro Democrático: Vicente Carreño, Alirio Barrera, Paola Holguín, Paloma Valencia, Esteban Quintero y Honorio Henríquez del Centro Democrático.
- Del partido Conservador: Óscar Barreto, Germán Blanco, Nicolás Echeverri y Óscar Giraldo.
- De La U: Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés.
- Del Verde: Jonathan Ferney Pulido, más conocido como Jota Pe.
- Del Liberal: Karina Espinosa.
Ahí fue llamativo el voto de “Jota Pe”, porque meses antes él había firmado un proyecto de ley de la bancada Verde que apuntaba justamente a eliminar esa prohibición.
La cantada de apoyos para que la reforma siguiera adelante llegó después cuando se votó el informe de ponencia positiva. Ahí, el proyecto se apuntó 53 senadores. A la bancada del Pacto Histórico, Comunes y de la Alianza Verde, se sumaron unos apoyos graneados de los partidos tradicionales que marcaron la diferencia.
- Del Liberal: Lidio García, John Jairo Roldán, Juan Diego Echavarría, Miguel Ángel Pinto, Alejandro Vega, Jaime Durán, Alejandro Chacón, Laura Fortích y Claudia Pérez.
- Del Conservador: Marcos Daniel Pineda y Nadia Blel.
- De Cambio Radical: David Luna y Ana María Castañeda.
- De La U: Antonio Correa, Juan Felipe Lemos, Julio Elías Vidal, Alfredo Deluque y Julio Elías Chagui.
Ese antecedente le da razones a los promotores del proyecto para creer que lo pueden sacar adelante mañana, pero arranca con números mínimos. Teniendo en cuenta, además, que ya no existe la coalición con los partidos Conservador y La U.
Como es una iniciativa que lleva el apoyo del gobierno a través del Ministerio de Justicia, mantener esa coalición hubiera implicado una especie de obligación entre esas bancadas para impulsarla. Algo clave, por ejemplo, para garantizar la presencia de los senadores que se ausentaron en el primer debate.
Sin esa coalición, detractores del proyecto que hacen parte de esos partidos tradicionales han tomado vuelo propio para tratar de hundir el trámite. El senador conservador Germán Blanco está liderando una movida dentro del partido para que la votación se haga en bancada porque sabe que la mayoría no está de acuerdo.
Si lo logra, eso bloquearía a Marcos Daniel Pineda o Nadia Blel que apoyaron la reforma en primer debate. Incluso a Carlos Trujillo, que aunque no apareció en el primer debate, suele votar inclinado hacia las iniciativas del gobierno.
“El presidente del partido conservador me manifestó que antes de la votación haremos reunión de bancada. Yo le radiqué una carta solicitando bancada la semana pasada. Eso nos permitiría que los 15 senadores conservadores no votaran o votaran negativo”, dijo Blanco.
En el Partido de la U hay una postura más a favor del proyecto, pero hay varias bajas para la sesión de mañana. Se da por contado que David Name, quien había dado el sí, no vote porque va a estar fuera de Bogotá. Igual ocurre con Antonio Correa, quien está enfermo. Mientras que Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés, que habían votado en contra, aún no definen si entrar a apoyar.
En Cambio Radical, por el contrario, la postura al no es mayoritaria. Siete senadores están en contra y cuatro a favor. Los del sí son David Luna, Carlos Motoa y Jorge Benedetti, que hacen parte de la Comisión Primera, y que ya votaron a favor cuando el proyecto pasó por ahí la semana pasada. Y Ana María Castañeda que ya votó en primer debate.
Esa bancada se reunirá esta tarde y Luna pedirá que los dejen en libertad para votar. El líder de esa colectividad, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, no ha tratado de influir en esa votación, lo cual, indirectamente, muestra su respaldo.
En el caso del Partido Liberal el espaldarazo del expresidente Gaviria ratifica que al menos 8 de los 13 senadores van a dar el sí. Teniendo en cuenta el voto negativo fijo de Karina Espinosa, y las ausencias en el primer debate. Se da por descontado que el Miguel Pinto no va a estar en la sesión por asuntos familiares. El senador Mauricio Gómez dijo que no va a estar mañana porque tiene un compromiso familiar.
A las dudas de los votos se les suma el ambiente tenso que se ha creado en estos días justamente por la presión de los votos. No cayó bien entre algunos senadores la declaración que hizo, hace unos días, el representante Juan Carlos Losada. Dijo que más de 70 congresistas no iban a sesionar este jueves 15 de junio por irse con gastos pagos a un encuentro con banqueros en Cartagena.
“El jueves 15, que todavía debería estar sesionando este Congreso, está el panel de congresistas en Cartagena. Por eso le he pedido de manera formal a Asobancaria que solo invite a senadores godos y del Centro Democrático”, dijo.
Es decir, atacó a los conservadores que potencialmente podrían llegar a votar a favor si no hay bloqueo de bancada.
Efectivamente, en el foro de Asobancaria estaba programado un foro con senadores, entre ellos varios de los que están a favor de la reforma. Pero, por pedido de esos senadores, el evento se corrió para el viernes. Aún así, Losada no ha salido a recular.
Lo que temen los promotores del proyecto es que la sesión de mañana no se haga en la mañana lo cual ayudaría a que muchos senadores asistan, si no que se haga en la tarde cuando la mayoría tiene programado su regreso a regiones.
