Como en segunda vuelta muchos votarán con la teoría del mal menor hicimos un ejercicio de futurología para ver cuál sería el escenario más catástrófico posible si gana uno u otro candidato.
Mañana muchos colombianos que no votaron por Gustavo Petro ni Iván Duque en la primera vuelta votarán, como nos lo dijeron varios de los entrevistados en esta historia, por quien consideran ‘el mal menor’.
Partiendo de los escenarios catastróficos que han pronosticado las dos campañas en contienda sobre lo que puede suceder si gana el otro, analizamos con 18 fuentes expertas en el Estado, economía, cortes y el Acuerdo de paz, cuáles serían los peores escenarios posibles si llegara cualquiera de los dos a la Presidencia y las cosas no le salieran bien.
Es un ejercicio de futurología pero basado en las condiciones reales actuales.
No volverá trizas los acuerdos pero:
- A. Las modificaciones que sí puede hacer a lo pactado en la Habana pueden provocar que muchos ex combatientes engrosen las disidencias:
Aunque Duque tendría las mayorías en el Congreso para endurecer las penas de delitos relacionados con el conflicto y lograr que el narcotráfico no sea amnistiable en ningún caso, más allá de su efecto simbólico y político para la tribuna, no afectaría para nada la situación real de los desmovilizados de la Farc.
Hay un principio constitucional básico de favorabilidad que dice que siempre se le aplica al procesado o condenado la pena más favorable que exista a partir del momento en que comete el delito. En otras palabras, los exguerrilleros de las Farc que por el Acuerdo fueron amnistiados o que podrían serlo, mantendrían su amnistía, así se endureciera la norma, y su derecho a una pena alternativa diferente a la cárcel.
Pero, por ejemplo, Duque podría sacar un decreto acelerando la presentación de los comandantes de las Farc a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y, tras el ‘Pacto Nacional’ que ha propuesto conseguir, lograr que este tribunal no haga sus penas compatibles con hacer política de manera simultánea. En ese caso, la mayoría de los de la cúpula de la Farc, que fueron designados para ocupar las 10 curules automáticas, no podría ir al próximo Congreso porque tienen que pagar sus penas. Tendrían que designar a otros que no hayan cometido delitos atroces.
También podría pasar que dado que Duque ha dicho varias veces que los cabecillas de la Farc siguen delinquiendo porque no han entregado todos los bienes, ni las rutas, ni los socios, ni como lavaban la plata y que toda esa información debieron entregarla antes de convertirse en partido político, su Gobierno de órdenes a los servicios de inteligencia para que metan entre sus principales objetivos el seguimiento a estas conductas.
Que les trunquen la posibilidad de participación política, que es uno de los ejes del Acuerdo de Paz o que sus líderes estén permanentemente bajo sospecha, puede ser visto por la exguerrillerada, que hasta ahora se ha mantenido en la expectativa en los espacios de capacitación, como una traición al Acuerdo.
Esto puede provocar en un escenario negativo, como le dijo a La Silla Sergio Guarín, director de posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, “que una porción de los excombatientes se sumen a las disidencias, que los mandos medios sean los llamados a hacer la coordinación entre esas disidencias para unificarlas y que entre los líderes del Secretariado unos se vayan a la clandestinidad y otros pidan asilo”.
Hasta ahora, como lo contamos, los excombatientes y mandos medios como Iván Merchán en el Meta o el mismo Romaña se mantienen en que hay que apostarle a la paz y a defender los Acuerdos, pero si los derechos políticos de las Farc, que fueron la razón por la cual ellos dejaron las armas llegan a estar en riesgo, ese escenario fatal podría darse.
Es posible, también, que el gobierno Duque se esfuerce por evitar este escenario dándole a los desmovilizados más beneficios de los que tienen hoy para asegurar su reincorporación. Pero, como el objetivo último del uribismo, es truncar las posibilidades políticas de las Farc, esa apuesta sería por la reincorporación individual y no colectiva. Y esto trae como consecuencia el debilitamiento de los vínculos con sus excomandantes con el riesgo de que huérfanos de esas figuras de autoridad y de ese norte político terminen engrosando la delincuencia común o las filas de otros grupos armados.
- B. Puede aumentar la conflictividad social entre los sectores que pierden con los cambios del Acuerdo.
Duque ha dicho que le haría modificaciones al punto agrario, como suprimir las nuevas agencias creadas por el Acuerdo de Paz, no haciendo el catastro multipropósito, eliminando la figura de la buena fe exenta de culpa como criterio para la restitución de tierras, entre otras, y que le apostaría a desarrollar el campo a partir de la agroindustria.
Si hace esto, y, por ejemplo, suprime los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets y cambia el enfoque participativo para decidir los proyectos con los campesinos que ya está andando o si lleva aviones a fumigar la coca en sitios donde ya se han firmado acuerdos individuales de sustitución (en total hay 69 mil familias que ya los firmaron) bajo el argumento de que por cuestiones de seguridad toca hacerlo, los sectores que ven lo pactado en la Habana como su nueva Constitución no se van a quedar quietos y pueden paralizar el país productivo que promueve Duque en sus discursos.
Los cocaleros, por ejemplo, podrían bloquear carreteras como lo hicieron en las famosas marchas cocaleras hace veinte años. Aprovechando además que después de firmado el Acuerdo ellos comenzaron a organizarse a nivel nacional con la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, tendrían cómo paralizar las vías en los 14 departamentos en los que tienen comités conformados.
También organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, o indígenas como la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic o afro como el Proceso de Comunidades Negras, PCN, que tienen la expectativa de que en las regiones en las que hacen presencia aterricen los Pdets para hacer proyectos productivos y que además están con Petro, podrían hacerle resistencia.
No tendrá un poder omnímodo pero sí incentivos para convocar una constituyente
- Como presidente, tendrá una mayoría más pequeña que la de Santos, con una oposición con más derechos y con una Corte Constitucional con una mayoría sólida a favor del acuerdo de paz
Fernando Cepeda Ulloa dice que “en Colombia solo hay un partido que es el presidencial” y es porque normalmente el presidente tiene las mayorías en el Congreso, sobre todo cuando están arrancando.
Durante todo su gobierno, Juan Manuel Santos tuvo una coalición de 84 senadores, que sin embargo, no impidió que le hundieran proyectos clave para él como las curules para las víctimas, la ley de equilibrio de poderes, etc.
Duque tendrá una coalición menor, 70 congresistas en el nuevo Congreso (19 del Centro Democrático, 15 conservadores, 16 de Cambio Radical, por lo menos 10 de los 14 de la U y 10 de 14 liberales) y de esta coalición ya los 14 liberales dijeron que no lo apoyarían en sus intentos de reformar el Acuerdo de Paz. Es decir que no tendrá la “aplanadora duquista” de la que habla Claudia López.
Además, a partir de este año, entra en vigencia el estatuto de oposición aprobado por el Congreso en abril del año pasado y que le da mayores garantías a los que le hagan oposición al Presidente.
Esas reglas incluyen que los partidos que en agosto declaren ante el Consejo Nacional Electoral que están en la oposición, tendrán derecho a 30 minutos al mes al aire en horario prime time en televisión y radio (hoy solo tienen espacios en proporción a sus curules en el Congreso) para contarle a los colombianos su oposición a los proyectos del presidente o para denunciar sus abusos; tendrán derecho a tres réplicas por año en los mismos medios y por el mismo tiempo que lo hace el Presidente en una alocución (hoy no tienen ese derecho a réplica); tendrán derecho a que un representante de la oposición esté en la comisión asesora de relaciones exteriores (hoy no tienen a nadie); y además, tendrán 5 por ciento más de financiación estatal al año (hoy la financiación no tiene en cuenta si los partidos son de oposición o no).
Encima de eso, tiene un cambio muy importante que aterrizó pero que ya venía desde la reforma de reequilibrio de poderes: el candidato que pierda en segunda vuelta tendrá una curul automática en Senado y su fórmula vicepresidencial tendrá una curul en Cámara (hoy no tienen ningún rol asignado por ley). Lo que quiere decir que si Petro pierde, será seguramente el líder de la oposición en el Congreso, con lo que implica que llegue un líder de su talla y con millones de votos detrás.
Todos esos dientes que le da el estatuto a la oposición al bloque de 20 senadores de centro o centro izquierda (el congreso de ahora tiene solo 10), puede hacerle un contrapeso fuerte a Duque, equivalente al que Uribe le hizo a Santos, sobre todo si Petro ocupara su curul.
Fuera del control que pueda tener en el Congreso, Duque tendría el contrapeso de las cortes.
Aunque como dice Rodrigo Uprimny, las cortes de hoy están mucho más desprestigiadas que las cortes en la época de Uribe tras los escándalos del Cartel de la Toga, y el escándalo de Jorge Pretelt, por lo menos en la Constitucional hay una mayoría sólida de 6 magistrados que han votado de manera consistente a favor del Acuerdo de Paz y que serían otro obstáculo para cualquier reforma radical de los acuerdos.
- Pero Duque podría tener un incentivo para convocar una constituyente si Uribe se siente arrinconado por la justicia
Duque ya se bajó públicamente de su idea de unificar las Cortes, y ha dicho que si llega a la Presidencia buscaría debatir con la rama judicial la conveniencia de hacer una reforma a la justicia.
Pero si él no logra ese consenso con las Cortes, que no se han dejado tocar hasta ahora como pasó con la reforma de reequilibrio de poderes en el gobierno Santos y es muy poco probable que se dejen quitar poderes como el de nominación, el peor escenario sería que Duque intente convocar una constituyente para sacar adelante su idea de crear una sola corte.
Para convocar una constituyente tendría que pasar varios obstáculos. Tendría primero que presentar una ley de convocatoria en el Congreso que incluya la competencia (qué temas tocará la asamblea) y la composición (quiénes la integran).
Esa ley se la tendrían que aprobar por mayoría absoluta en las dos Cámaras (55 votos en Senado dependiendo de lo que ocurra con la curul indígena y si Petro aceptara la curul y 87 en cámara dependiendo de si Angela María Robledo aceptara su curul).
Si se la pasan, luego la tiene que avalar la Corte Constitucional. Antes de votarla, la Corte hace un ‘juicio de sustitución’ para determinar si lo que quiere hacer la Asamblea toca ejes esenciales de la Constitución. Si sí, la tumban. Si no, la votan y para eso necesitaría 5 de 9 votos para convocarla.
Pero lograr que le pasen en la Corte una Constituyente es, para dos juristas consultados por La Silla, prácticamente imposible si en ella incluye revocar a las cortes. “Así no sea solo una constituyente para reformar a la justicia, si incluye ese tema ninguna Corte va a votar su desaparición”, nos dijo el exministro de justicia Yesid Reyes.
Pero aún si lo logra, necesita que más de una tercera parte del censo electoral vote a favor de hacerla.
Para incurrir en todo estos costos -este proceso se le llevaría mínimo dos años- tendría que tener un incentivo muy grande, y este solo podría ser salvar a Uribe de ir a la cárcel.
El ex presidente tiene 28 investigaciones penales en su contra en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, y las más graves que están relacionadas con algún tipo de participación suya en las masacres del Aro y la Granja, que está todavía por probarse, las acaban de declarar de lesa humanidad, lo que quiere decir que no prescriben.
No hay tanto riesgo de que se repita la criminalidad al interior del Estado que se vivió durante el mandato de Uribe, pero sí de que se entierre la verdad sobre lo que pasó durante ese período.
- Duque tiene un origen diferente a Uribe y gobernará en un contexto diferente
Iván Duque no tiene el mismo orígen personal de Álvaro Uribe, que creció en Antioquia, en el mismo entorno social de los narcotraficantes Ochoa y cuyo papá fue asesinado por las Farc.
A diferencia del círculo más íntimo de Uribe, que fue víctima de los ataques de las Farc, Duque tiene un orígen de niño “bien” urbano, ajeno a la guerra, y que ha hecho su carrera profesional en Estados Unidos imbuido de los valores gringos.
Gobernará, también, en un contexto muy diferente al de la intensa confrontación armada que se vivió durante el Gobierno de Uribe y que creó incentivos para crímenes como los de los falsos positivos.
Precisamente después de ese episodio criminal de nuestra historia y como otra forma de derrotar a Uribe, Santos promovió un cambio profundo en la línea de mando de las Fuerzas Militares ascendiendo a tenientes y coroneles más respetuosos de los derechos humanos lo que haría a las fuerzas menos proclives a cometer los mismos crímenes.
Como Duque no tiene rabo de paja él mismo, ni tampoco ha mostrado ninguna actitud antiinstitucional, no es claro por qué él estimularía que se chuzaran a jueces y periodistas como lo hicieron durante el gobierno de Uribe.
- Sin embargo, precisamente por lo que sucedió durante el gobierno de su padrino político, sí hay un incentivo de cerrar los caminos para que esta verdad entre en el relato de la Historia de este país.
- A. Sacando a los militares y agentes del Estado de la JEP
Cuando la Corte Constitucional avaló la modificación que introdujo Cambio Radical (secundada por el Centro Democrático) para sacar de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, a los terceros que cometieron delitos atroces en el conflicto, se redujeron los incentivos para que empresarios o ganaderos que financiaron paramilitares o para que políticos que se aliaron con ellos para despojar tierras fueran a contar la verdad de su participación en la Comisión de la Verdad, que forma todo un sistema con la JEP.
Duque ha propuesto sacar a los militares y agentes del Estado de la Jep porque considera que el que vayan a la misma justicia transicional sería hacerlos “equivalentes” a los guerrilleros que combatieron y ha dicho que deberían ser juzgados por una sala penal especialmente creada para ello en la Corte Suprema.
Si lograra sacar adelante esta idea, y tendría las mayorías en el Congreso para hacerlo, desvertebraría la esencia de la JEP como órgano para cerrar un conflicto en el que participaron varios y no solo las Farc como una amenaza terrorista (como lo ve Uribe).
Pero, también, quitaría otro incentivo para que estos agentes del Estado contaran la verdad en la Comisión de la Verdad y se conociera cómo fue la participación criminal de estamentos de la Fuerza Pública y de agentes del Estado durante el conflicto, muchas veces en complicidad con civiles en esferas altas de poder.
Esto dejaría por fuera de la JEP, por ejemplo, los falsos positivos, el abuso del DAS para perseguir civiles que consideraban guerrilleros y no lo eran, las muertes en la Comuna 13 cuando la Operación Orión, etc.
La consecuencia de esto es que no se podría cerrar del todo el capítulo de la guerra de Colombia, pues como ha sucedido en otros países que vivieron conflictos similares, tarde que temprano la verdad vuelve a surgir.
- B. Quitándole a los propietarios de tierra adquirida de buena fe pero no exenta de culpa el riesgo de tener que devolverlas
Duque cree que los propietarios que compraron tierra de buena fe deben estar protegidos. Eso en la práctica los eximiría de tener que probar, como se los exige hoy un juez de restitución, que al comprarla verificaron la cadena de propiedad del predio, miraron el contexto de violencia y verificaron el precio de la tierra para estar seguros que no se trataba de tierra despojada con violencia a los campesinos.
Si el propietario lo prueba, hoy hay dos opciones: se quedan con la tierra y a la víctima despojada la reubican en un predio que tenga las mismas condiciones o les quitan la tierra para dársela a la víctima y por eso los compensan dándoles otro predio. Si no logran demostrar la buena fe exenta de culpa, el juez les quita la tierra para devólversela a la víctima sin ningún tipo de indemnización.
El efecto de eso, además de que el Estado tendría que indemnizarlos a todos los propietarios, es que se le quita un incentivo a la justicia para intentar conocer las lógicas económicas detrás del despojo de tierras en Colombia, que ha alimentado en parte el conflicto armado.
