Ayer el cuestionado presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Álvaro Hernán Prada, dijo que el decreto del congelamiento del presupuesto nacional afectó a la entidad y que eso iba a poner en peligro las elecciones de 2025 y 2026. “La restricción de recursos a la Autoridad Electoral, afecta la realización de elecciones libres, justas y transparentes”. La alerta generó una ola de críticas en la que subieron opositores al gobierno de Gustavo Petro.
Pero la alerta está inflada. La plata de las elecciones está garantizada, solo que va a seguir en manos de la Registraduría, y no del CNE, por ahora. El gobierno metió el rubro de la organización de las elecciones en el presupuesto que le asignó a la Registraduría, que es de 3.4 billones de pesos. Así también lo confirmó la Misión de Observación Electoral, MOE.
Además, incluso con congelamiento, la variación del presupuesto anual del CNE es alto frente al del año anterior.
Lo que hay detrás del anuncio del CNE es, por un lado, una movida del órgano electoral para tener el mayor presupuesto de su historia, ampliar su nómina y asumir el poder de la contratación de la organización electoral. Y, por el otro, una pelea jurídica sobre qué funciones le corresponden al CNE, porque históricamente la organización del proceso electoral ha corrido por cuenta de la Registraduría.
De hecho, genera más preocupación que el CNE, un órgano político, gane poder en la organización electoral, y se lo quite a la Registraduría, un ente más independiente, cuya cabeza es nombrada por las altas cortes, y no por el Congreso.
Aún con recorte la plata del CNE es gigantesca
Al CNE el gobierno Petro le había asignado inicialmente un billón de pesos para el presupuesto de 2025, cinco veces lo que tuvo en el presupuesto de 2024, como reveló La Silla Vacía. La entidad pidió esa plata para gastarla en tres frentes.
Para funcionamiento, es decir, para el pago de sueldos de funcionarios, supernumerarios y contratistas, pidieron más de 95 mil millones de pesos. Y otros 3 mil millones más para pagar los esquemas de seguridad de los 10 magistrados y los viáticos de sus salidas nacionales e internacionales. En general, casi 25 mil millones de pesos más en comparación al gasto de personal de 2024.
Para la financiación de los partidos políticos y el pago de reposición de votos 338 mil millones de pesos. Es un monto de deudas acumuladas y gastos fijos establecidos por la ley.
Y un nuevo agregado de 557 mil millones de pesos para empezar a ejecutar funciones electorales como contratar la capacitación de jurados y testigos electorales, hacer el preconteo y el escrutinio. Acciones que históricamente hizo la Registraduría, una entidad más robusta y con presencia nacional.
Es decir, esa plata de los 557 mil millones nuevos nunca ha estado en manos del CNE.
Con el recorte de los 600 mil millones que coincide con ese rubo nuevo, el presidente del CNE, Prada, dijo que esas funciones electorales quedaban en el limbo. Y por eso, ese fue el tema a tratar en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral que se hizo hoy.
En esa reunión, la Registraduría y el gobierno pusieron los puntos sobre las íes. El presupuesto asignado para la Registraduría no se tocó con el congelamiento y se mantuvo en 3.4 billones. De esos recursos, 2.6 billones quedaron sujetos a algo que se llama DGPPN, que es una plata que queda fija, pero depende de una aprobación cuando la entidad la pide.
Vía DGPPN la Registraduría pidió la plata para costear las elecciones nacionales de 2022 o las regionales de 2023. Con esos 2.6 billones de pesos de 2025 planea organizar las elecciones que correspondan al 2026.
Es decir, no hay riesgo de que las elecciones se aplacen por falta de plata. La pelea, entonces, es si de los 2.6 billones disponibles se le va a girar una parte al CNE para que asuma unas funciones o se va a mantener el manejo por parte de la Registraduría. Es pelea de abogados.
Un decreto de 2010 le entrega a la Registraduría toda la potestad para organizar las elecciones. Un fallo reciente de la Corte Constitucional que tumbó el Código Electoral también lo confirma.
Pero en el CNE sostienen que son ellos los que deben manejar la plata de la organización electoral. Eso, porque en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, de Petro, el CNE consiguió autonomía financiera y administrativa para operar.
Dentro del órgano no hay unanimidad sobre asumir esas funciones electorales. “El CNE no tiene por qué meterse en divulgaciones y preconteo. Intentaron hacerlo en 2012 y el Consejo de Estado lo tumbó. Esa es una competencia de la Registraduría”, dijo en su momento el magistrado Altus Baquero.
Para resolver la pelea de competencia habrá una mesa técnica electoral en los próximos días. Tendrán asiento ahí la Registraduría, el CNE, el ministerio de Hacienda y la Contraloría.
Los 466 mil millones que se le mantienen al CNE, un presupuesto ocho veces más alto que el de 2020, o el billón si es que les descongelan los 600 mil millones aplazados, van a quedar en manos de la presidencia de Álvaro Hernán Prada, quien está imputado por la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
