Una inmobiliaria en la que tiene intereses Martha Plata Navas, la hermana de la mejor amiga de la primera dama Verónica Alcocer, se ha ganado la lotería de los contratos de arrendamiento con entidades que dependen de la Presidencia en lo que va del gobierno Petro.
Seis entidades públicas, cuyas cabezas fueron nombradas por el presidente Petro, firmaron con la Promotora de Comercio Inmobiliario, Procomercio, contratos de arrendamiento por 116 mil millones de pesos entre diciembre de 2022 y abril de este año. El monto cuadruplica lo que había firmado esa empresa en los últimos 14 años con entidades públicas dirigidas por funcionarios nombrados por el presidente.
Los arriendos son en las torres del centro comercial San Martín, en el centro de Bogotá. El contrato más grande de Procomercio en el gobierno Petro es con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) por 41 mil millones de pesos.
Semanas antes de que se firmara el arrendamiento, Martha Plata, visitó a Jonathan Ramírez Nieves, quien luego se convertiría en el secretario general y quien firmó el contrato. Plata hace parte de la junta directiva de Procomercio y estuvo reunida 9 horas con Ramírez justo cuando iba a empezar la estructuración del contrato.
Ramírez Nieves fue el jurídico de la campaña del presidente Petro y protagonista del primer escándalo de corrupción del gobierno relacionado con presunto direccionamiento de contratos en el DPS. Ramírez dijo que era inocente de amañar licitaciones, pero renunció a su cargo. Aunque Petro sacó pecho por esa salida, el abogado volvió a trabajar con el gobierno por otra vía.
Antes de entrar en su racha ganadora, Procomercio estaba sufriendo varios problemas financieros. Pero durante el gobierno Petro fueron rápidamente superados.
La visita de Martha Plata al DPS
El 6 de octubre de 2022 a la sede del Departamento de Prosperidad Social llegó una visita inusual.
A las 9:19 de la mañana se registró en la puerta de ingreso Martha Plata Navas, la hermana de Carolina Plata Navas, quien hoy tiene un contrato de 20 millones de pesos mensuales para apoyar el protocolo en las casas de Presidencia y es la mejor amiga de la primera dama Verónica Alcocer.
Plata tenía como destino la oficina de Jonathan Ramírez Nieves, un abogado que seis días antes había sido nombrado como asesor en la subdirección para la superación de la pobreza por la entonces directora del DPS, Cielo Rusinque, hoy superintendente de Industria y Comercio. Según reconoció Rusinque, Ramírez en la práctica se desempeñaba como su “secretario privado”.
Ramírez venía de ser el jurídico de la campaña del presidente Petro, hoy indagada en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía y Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación de topes de gastos.
La salida de Plata se registró a las 6:31 de la tarde, tras las nueve horas. Ni Martha Plata ni Jonathan Ramírez le respondieron a La Silla Vacía cuál fue el motivo de la visita, por qué tardó tanto tiempo, o si hablaron de potenciales proyectos en el DPS.
La visita coincide con los tiempos en que en esa entidad empezaron a moverse para firmar un millonario contrato en el que Plata tenía interés.
El DPS tenía que decidir si seguía en la misma sede o si buscaba una nueva para funcionar y la tarea recaía sobre Jonathan Ramírez, el funcionario al que visitó y que salió poco después por un audio en el que dice estar amañando una licitación. “(…)necesito que en la licitación haya harta gente, harta gente, varias compañías, que sean tuyas, que las metamos”, afirma hablando con un contratista.
Para el contrato con Procomercio, según el estudio de mercado para contratar el arriendo, en octubre de 2022 el DPS empezó a recolectar información y a pedir cotizaciones para definir la nueva sede.
Por el negocio de 41 mil millones de pesos, se presentaron 3 ofertas. La que resultó ganadora fue la de la Promotora Inmobiliario Comercio, Procomercio, empresa de la que Martha Plata Navas hace parte de la junta directiva desde 2021.
Más allá de ser hermana de Carolina Plata y cuñada de Danilo Romero, el mejor amigo y compadre del presidente Petro, Martha Plata es una política con línea directa con el petrismo.
En 2011 manejó las finanzas de la campaña a la Alcaldía de Bogotá de Petro y le donó 30 millones de pesos a esa aspiración. Luego, cuando Petro ya era alcalde, la nombró como miembro de la junta directiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB.
Luego nadó en otras corrientes políticas. En 2015 buscó sin éxito llegar al Concejo de Bogotá con el aval liberal. También fue cercana al santismo vía su exesposo, Óscar Rueda, quien fue presidente del Partido de La U, viceministro de turismo y embajador en China en la era Santos. Y en 2019 le hizo campaña a la Alcaldía de Bogotá al candidato uribista y hoy senador del Centro Democrático, Miguel Uribe.
En la campaña de 2022 volvió a las lides petristas. Según cuatro fuentes que hicieron parte de la campaña del presidente Petro, Martha Plata era vista con regularidad en sedes de la aspiración presidencial. “Es amiga de Ricardo Roa y uno la veía conversando con él”, aseguró una de esas fuentes.
Así como en 2011, ese apoyo lo ha cosechado. Sus hijos han sido vinculados a cargos públicos en el gobierno Petro.
- Óscar Felipe Rueda Plata entró a Procolombia, entidad encargada de promover la marca del país en el mundo, como director de la oficina comercial de China. En los cargos de Procolombia tiene injerencia Verónica Alcocer.
- Camilo Andrés Rueda Plata, como contó El Espectador, tuvo un contrato como asesor jurídico entre abril y noviembre de 2023 en la Superintendencia de Notariado y Registro con honorarios mensuales de 8,8 millones de pesos.
Su cercanía con el gobierno también coincide con una racha sin precedentes para Procomercio, la empresa que asesora como miembro de la junta directiva.
Prosperidad para Procomercio
Procomercio cruzaba por serios problemas financieros antes de la llegada de Petro al poder.
Esa empresa se constituyó en 2003 con el propósito de desarrollar y administrar un predio de propiedad de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía (Casur) en el que está un complejo llamado San Martín, en el centro de Bogotá. Ese complejo incluye dos edificios de oficinas de 41 pisos cada uno y un centro comercial. El negocio entre Procomercio y Casur se selló en 2004 y va hasta 2034.
El hombre detrás de Procomercio se llama Giovanni Mauricio Vargas Uribe. Según las actas de 2023 de la empresa es dueño del 89 por ciento de esa inmobiliaria a través de otras dos firmas: Desarrollador Titular de las Américas en Colombia con el 60,9% de las acciones y Desarrolladora Titular de las Américas en Panamá con el 28,3% de las acciones.
Vargas es un contador público y tributarista santandereano, de donde son las hermanas Plata. Guarda bajo perfil, pero la única mención pública de la que La Silla Vacía encontró rastro está enredada en el escándalo de Panamá Papers. Vargas fue asesor tributario de Servientrega y Efecty, empresas que fueron investigadas por presunto lavado de activos. Vargas fue nombrado como implicado en la elaboración y cobro de facturas falsas.
En 2023 los dueños de las empresas fueron absueltos porque varios delitos prescribieron y porque en los que seguían vivos la Fiscalía no probó más allá de toda duda la culpabilidad de los implicados. Más allá de la mención en el expediente a Vargas, La Silla no encontró que su labor hubiera sido investigada individualmente.
Martha Plata Navas aparece en la junta directiva de Procomercio desde 2021. Antes de Plata, en esa junta directiva estuvo su exesposo, el político Óscar Rueda. Ni Vargas ni Plata le respondieron a La Silla Vacía cómo se conocieron ni por qué Plata fue invitada a la junta directiva de Procomercio. Tampoco, si Plata tuvo o ha tenido asignadas labores de lobby en Procomercio.
En la junta directiva de Procomercio también aparece Juan Hernán Ortiz. Martha Plata es su suplente. Ortiz es un abogado que sonó para ocupar la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, sin tener experiencia en el gobierno Petro. En el sector de hidrocarburos tiene intereses Danilo Romero, compadre de Petro y cuñado de Martha Plata. Romero estuvo en el sonajero para convertirse en Ministro de Minas y energía.
Antes de la victoria de Petro el negocio de Procomercio iba mal. Sus proyecciones sobre el éxito que tendría San Martín resultaron desfasadas. No tuvo la acogida que suponía y empezaron a tener problemas para conseguir arrendatarios. Su último gran cliente fue Ecopetrol, y abandonó la sede al inicio de la pandemia.
Con los años, San Martín se convirtió en un proyecto inmobiliario venido a menos.
En julio de 2020, según quedó registro en una de las actas de junta directiva, había preocupación no solo por los efectos de la pandemia, sino porque tenían un pleito de plata con Casur. En el documento Procomercio dejó constancia de que estaba buscando “acercamientos” con varias entidades públicas para superar la mala racha e incluso consideró la posibilidad de terminar el arrendamiento del complejo con Casur.
Menos de seis meses después de esa junta, Procomercio le pidió a la Superintendencia de Sociedades que la autorizara a entrar en un proceso de reorganización porque no tenía cómo pagar sus deudas.
Y el 12 de julio del 2021, un año después de que en la junta se habló de problemas financieros, Procomercio perdió un pleito millonario. Un tribunal ordenó a Procomercio pagar 36.000 millones de pesos a Casur por pagos atrasados en arrendamiento.
Pero un año más tarde, empezaron una serie de eventos afortunados para Procomercio. El arranque lo marca la visita de Martha Plata a Jonathan Ramírez, quien a tres semanas de reunirse con ella, el 25 de octubre, empezó a despachar como secretario general. Su nombramiento se hizo oficial el 4 de noviembre.
El DPS concluyó que la propuesta de Procomercio era la más favorable porque era más barata que la del arrendador actual. Según Rusinque, en reacción a este artículo, el ahorro anual, era de 1000 millones. También la eligieron porque cumplía con una directiva que publicó Presidencia en septiembre de 2022, que dice que se deben priorizar propiedades públicas para suscribir contratos de arrendamiento. En efecto, el complejo San Martín está en un predio de propiedad de la Policía. Pero, en realidad lo tiene Procomercio a modo de arriendo desde el 2004.
El contrato se oficializó el 27 de diciembre con el DPS y fue el negocio del año para Procomercio. Se firmó por 41.618 millones de pesos y va hasta julio de 2026. En todo 2022 los arrendamientos más caros que Procomercio había firmado con una entidad pública sumaron 5 mil millones de pesos.
Más allá del monto del contrato, el negocio resultó particularmente ganador para Procomercio porque le cobró al DPS mucho más caro que a cualquier otra entidad por metro cuadrado en diciembre de 2022.
Mientras que otras cuatro entidades que firmaron contratos de arriendo el mismo mes pagaron entre 60 y 67 mil pesos por metro cuadrado arrendado a Procomercio, el DPS pagó 78 mil pesos por metro cuadrado. De las otras cuatro entidades, dos son de la Rama Judicial y estaban contratando desde el año pasado, una empezó a contratar con San Martín antes de la llegada del presidente Petro, y una dependía de la Registraduría.
Según explicó Andrés Martínez, presidente ejecutivo de la Lonja Propiedad Raíz de Bogotá, para definir el metro cuadrado de una propiedad en arriendo se deben tener en cuenta factores como “localización, oferta y demanda y el mercado en general, el entorno o disposiciones urbanísticas que pueden dar lugar a nuevos desarrollos constructivos y urbanísticos”. Martínez también detalló que para definir el precio del metro cuadrado cuando un piso es más alto o más bajo “no existe una metodología” y “todo va regulado conforme al mercado, es decir, oferta y demanda”.
En la práctica, que el mercado regule deja un margen de discrecionalidad para que el arrendador ponga precios.
Desde Procomercio no le respondieron a La Silla Vacía por qué le cobró más al DPS, que a esas otras cuatro entidades, cuando el complejo empresarial es el mismo.
El contrato del DPS, también incluyó otra ñapa para Procomercio. Cuando esa entidad arrendó dejó escrito que al “mismo inmueble se podría trasladar” el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas.
En enero de 2023, tres semanas después de que el DPS firmara el contrato con Procomercio, Memoria Histórica hizo lo mismo. Se trasteó al complejo empresarial San Martín y uno de los criterios para seleccionar esa propuesta fue que estaba cerca del DPS. El contrato inicial fue 2 mil millones en diciembre de 2022 y lo renovó en agosto de 2023 por 6.103 millones.
Así como con el DPS, Procomercio le cobró más caro a Memoria Histórica que a otras entidades.
Por ejemplo, en febrero de 2023 la Secretaría de Integración Social de Bogotá (tiene su sede en San Martín desde hace 10 años) pagó a 72 mil pesos el metro cuadrado. Mientras que Memoria Histórica pagó 80 mil pesos por metro cuadrado en enero de 2023.
Un mes después de que el DPS firmara el contrato con Procomercio, y de abrir el camino para que Memoria Histórica también lo hiciera, Ramírez Nieves salió de su cargo en medio de señalamientos de corrupción.
Semana publicó los audios en los que se le escuchaba hablar con el contratista. En su defensa, Ramírez dijo que la grabación había sido editada para tergiversar sus palabras y se retiró del DPS mientras lo investigaban.
En medio de ese escándalo, el presidente Petro trinó: “la diferencia es que a unos gobiernos le daban a los corruptos y asesinos embajadas y en el mío se van”. Pero volvió. Ramírez fue contratado después en el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que se encarga de las empresas intervenidas por esa entidad.
Cuatro fuentes le contaron por aparte a La Silla Vacía que es común ver a Ramírez en la sede de la Superintendencia de Servicios Públicos y que asesora a la cabeza de esa entidad Dagoberto Quiroga, el expresidente de la Colombia Humana también vinculado a las investigaciones por presunta financiación irregular de la campaña del presidente Petro.
“El Fondo Empresarial está delegado en el BBVA y yo no tengo contrato directo con la Superservicios sino con el Fondo. Como el Fondo da asesoría jurídica a la Superservicios es natural que me vean en la entidad(…)”, aseguró Ramírez a La Silla Vacía en abril cuando fue consultado por sus apariciones en entidades públicas tras el escándalo del DPS. “Como tengo un criterio jurídico muy sólido, entonces él (Dagoberto Quiroga) confía mucho en mí cada vez que necesita un criterio jurídico. Yo sí soy su amigo, he trabajado con él en el pasado y supongo que por eso me ven mucho con él”.
La racha siguió con sello petrista
El Consejo Nacional Electoral, CNE, llevaba años pidiendo un cambio de sede porque trabajaba en la Registraduría en condiciones de hacinamiento, y en el primer semestre de 2022 emprendió la búsqueda de nuevas oficinas para despachar.
La magistrada del Pacto Histórico, Fabiola Márquez, quien fue la presidenta del CNE entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, fue la que se encargó de esa tarea. Tres magistrados le dijeron por aparte a La Silla Vacía que el proceso estuvo únicamente en manos de Márquez y que supieron detalles del traslado cuando ya estaba seleccionado San Martín.
Márquez aseguró que la decisión del traslado justo a esa sede no obedeció a criterios políticos. “No conozco a la señora Martha Plata y menos amigas de la primera dama Verónica”. También dijo que la Registraduría era la encargada del proceso.
Sin embargo, en la Registraduría explicaron que aún cuando el presupuesto del CNE era administrado por ellos, era el CNE el que daba directrices sobre su inversión. En los documentos del proceso queda prueba de que fue el personal del CNE el que se encargó del estudio de mercado y de proyectar el contrato de arrendamiento.
En la administración de la magistrada Márquez, el CNE concluyó que Procomercio sería el arrendador porque fue la oferta más barata y firmó el contrato por 2.956 millones. En agosto de 2023, antes de dejar la presidencia del CNE, Márquez renovó el contrato, esta vez hasta diciembre de 2025 por 12.026 millones de pesos.
Así que bajo la batuta del Pacto Histórico, el CNE empezó a despachar en una empresa cuya junta directiva también tiene línea con el petrismo.
Procomercio además tiene un vínculo directo con el CNE. En enero de 2023 fue designado como conjuez de esa corporación por el partido de La U, Jesús María Carrillo Ballesteros, exmagistrado de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, que es accionista de Procomercio.
Además del CNE, el DPS y Memoria Histórica, desde las oficinas de San Martín administradas por Procomercio empezaron a despachar:
- La Dirección Nacional de Inteligencia, que firmó contrato en abril de 2024 por 1.095 millones.
- La Agencia de Reincorporación, que firmó contrato en junio de 2023 por 21.431 millones.
- La Sociedad de Activos Especiales, que firmó un contrato por 130 millones en marzo de 2023 y que en mayo firmó otro contrato por 25.378 millones.
- El Ministerio de Agricultura, que firmó contrato en diciembre de 2023 por 15.198 millones.
El Minagricultura está a punto de arrancar un pleito jurídico por ese arrendamiento. En abril de 2023 suscribió un contrato con otra firma llamada Famoc De Panel para ocupar un edificio desde junio de ese año. Sin embargo, se echó para atrás porque llegó una denuncia que advertía que el precio que iban a pagar era mucho más alto que el de otras ofertas.
El valor por metro cuadrado que pactó con Famoc fue de 109 mil pesos, y, según la denuncia, había ofertas de 66 mil pesos el metro cuadrado ignoradas por el Minagricultura. Sin embargo, ese ministerio en diciembre de 2023 suscribió contrato con Procomercio para trasladarse al complejo San Martín y acordó un pago de 96 mil pesos el metro cuadrado.
Ahora la arrendadora quiere demandar porque el Minagricultura motivó la anulación del contrato diciendo que el precio era muy alto, pero firmó un contrato por un valor cercano al que desechó. También está reclamando que perdió plata adecuando la sede para que ese ministerio funcionara.
En total, todas las entidades que se pasaron a San Martín y cuyos nombramientos dependen de presidencia firmaron contratos de arrendamiento con Procomercio por 116 mil millones de pesos entre diciembre de 2022 y abril de 2024. Los contratos del CNE, cuando su presidencia estuvo en cabeza del Pacto Histórico, suman 14 mil millones de pesos.
La cifra no tiene precedentes para esa empresa. Antes de este gobierno, Procomercio había suscrito contratos por 88 mil millones de pesos entre 2008 y agosto 6 de 2022, de acuerdo al sistema de contratación estatal. De ese monto, 28 mil millones de pesos fueron en contratos con entidades cuyos nombramientos dependían directamente de presidencia.
Es decir, en solo 2 años Procomercio cuadruplicó el monto de los contratos que firmó con entidades estatales cuyos nombramientos dependen del presidente con respecto a los últimos 14 años.
Así como con el DPS, los precios por metro cuadrado que les cobró Procomercio a todas las entidades que llegaron en la era Petro son más altos que los que les cobró a otras entidades.
Así, la suerte le sonrió a Procomercio. El complejo San Martín pasó de la crisis, a estar en su mejor racha financiera en el gobierno del presidente Petro, con quien tiene amigos en común.
Nota del editor: Cielo Rusinque, exdirectora del DPS, envió a través de este video una solicitud rectificación que no fue concedida por La Silla Vacía por los argumentos que detallamos en este hilo. En la historia se agregó la versión de Rusinque y se corrigió que Ramírez, quien firmó el contrato con Procomercio, era secretario privado y no general del DPS cuando se reunió con Martha Plata. Su nombramiento oficial como secretario general se dio menos de un mes después.
