“Así como les preocupan las vías 4G, también debería preocuparles la construcción del presente y el futuro del departamento, que es la Universidad de Antioquia (U. de A.)”, dijo la semana pasada el ministro de Educación, Daniel Rojas, en una asamblea en Medellín con la comunidad universitaria de esa institución. Al espacio no asistieron ni el gobernador uribista, Andrés Julián Rendón, ni el alcalde, Federico Gutiérrez.
La declaración del ministro respondió a la crisis financiera de la principal universidad pública de los paisas y la segunda del país, que hoy tiene un hueco de $140 mil millones que compromete su operación de aquí a final de año. Pero fue también el mensaje de un gobierno de izquierda que encuentra en esta crisis una oportunidad para mostrar que sí recuerda a Antioquia, pese al discurso de agravios que reiteran Rendón y “Fico” —como es conocido—, dos de sus principales opositores de derecha en las regiones.
“Petro no quiere nada con Antioquia. El ministro no llega a hablar con la institucionalidad, sino con una asamblea”, dice el representante uribista Juan Espinal sobre las intenciones del gobierno en la institución. “Se ha creado una narrativa de que Petro no mira a Antioquia, pero su presencia ha estado en zonas olvidadas, jóvenes, adultos mayores y educación superior”, contrapuntea el diputado Juan David Muñoz, del ala petrista del Partido Verde.
Rojas hace fórmula con el rector para alertar sobre la crisis
La U. de A. ha sido escenario de tensiones entre el uribismo y el gobierno de Gustavo Petro desde febrero pasado, cuando el presidente se llevó un punto de honor al incidir en la elección de un rector que no era de la cuerda de Rendón. La misma tensión se traslada a la crisis financiera actual, en la que el gobierno Petro, además de ganar espacio y ambientar su reforma a la Ley 30, reclama más compromiso de sus contradictores.
El ministro Rojas, como en otras universidades, ha ganado espacio en la U. de A. Esta vez, no por una elección rectoral, sino por una crisis financiera que suma un déficit acumulado de $348 mil millones. Contrario a otras coyunturas, esta vez la principal cara del gobierno en temas de educación ha asumido un rol activo en la institución, no solo con anuncios, sino participando de asambleas propias del movimiento estudiantil (de donde proviene).
“Hace unas semanas estuvimos en la universidad y nos comprometimos a acudir a esta asamblea”, dijo Rojas el miércoles pasado, en su visita a Medellín. “Lamentamos las sillas vacías (de Rendón y “Fico”), porque parte de los compromisos fue buscar la concurrencia de la Gobernación, la Alcaldía de Medellín y la bancada antioqueña en el Congreso”. El desplante fue luego objeto de versiones cruzadas, que al final terminaron mostrando que los dos mandatarios locales fueron los ausentes.
En días previos, el ministro lideró un encuentro en Bogotá para discutir salidas ante la crisis. Del espacio participaron el rector de la U. de A., John Jairo Arboleda; los secretarios de Educación de Rendón y “Fico”; y parte de la bancada antioqueña, jalonada por el representante de Verde Oxígeno, Daniel Carvalho.
“El ambiente fue muy cordial. Cada entidad expuso el origen del problema y los congresistas entregamos una carta con propuestas”, cuenta Carvalho. “Pero nadie se comprometió a nada en especial, más allá de estudiar las propuestas y dar una respuesta”.
Las propuestas que menciona Carvalho fueron consignadas en una misiva firmada por 25 congresistas paisas de todas las orillas políticas.
Al gobierno nacional le piden girar más recursos, respaldar créditos y garantizar los cinco puntos adicionales del IPC (fórmula sobre la cual la Nación gira recursos a las universidades públicas y que este gobierno creció entre 2022 y este año). A la Gobernación, aumentar los mismos cinco puntos y devolver dinero cobrado en impuestos. Y a la Alcaldía de Medellín (que no gira recursos por disposición de la Ley 30), aportar por primera vez y cobrar una tarifa diferenciada de servicios públicos.
El pedido se da en un escenario en el que la U. de A. no tiene caja para terminar su operación este año, explica el rector Arboleda. Según el funcionario, la Ley 30 se quedó corta en sus proyecciones y la universidad ha crecido a un ritmo que no se equipara con los giros que hacen las entidades públicas llamadas a su financiación.
La institución tiene un presupuesto proyectado para este año de $1,6 billones (la quinta parte de una ciudad como Medellín). Para funcionamiento y pago de nóminas, la Nación pone el 80%, la Gobernación el 4% y la universidad asume el resto.
“La crisis que mencionamos tiene que ver con los Fondos Generales, a los que llegan las transferencias del Estado. Ese dinero es insuficiente: del presupuesto total, hoy apenas el 46% es público y el resto lo asume la universidad”, dice Arboleda.
“Desde 2022 a hoy, hemos fortalecido la base presupuestal de la universidad”, agregó Rojas en su más reciente visita a Medellín. “Nosotros pensamos que la educación es un derecho y no un servicio, por eso la crisis no la deben pagar maestros o estudiantes”.
Gobierno rechaza condiciones de Rendón y cuestiona silencio de “Fico”
La carta firmada por la mayoría de congresistas paisas no fue sinónimo de un acuerdo pleno. Y ese disenso lo retratan las tensiones entre las soluciones que propone el ministro Rojas y la participación, condicionada, por la que hasta ahora apuesta el gobernador Rendón.
El ministro reconoce que hay un retraso del gobierno en los giros de gratuidad (que equivalen a $11 mil millones, según Arboleda), pero dice que la vía para sacar a la universidad de la crisis no es la austeridad concretada en recortes de profesores de cátedra, trabajadores o afectaciones a la calidad educativa.
De hecho, en su reciente visita el funcionario confirmó un giro extra de $66 mil millones para 2025 (adicional a los $600 mil millones que ya gira el gobierno). Y dijo que si la universidad entrega algunos de sus predios para la reforma agraria podría tener más ingresos para paliar la coyuntura.
El gobernador, que ha mostrado en varias ocasiones sus distancias con el rector Arboleda, propone aportar en tanto la universidad implemente un plan de austeridad (similar al que emprendió su Gobernación) y dice que parte de la crisis encuentra eco en las pocas horas de clase que dictan los profesores de planta.
Rendón promete aportarle a la universidad un peso por cada tres ahorrados y dice que, ante esta coyuntura, se adelantaron giros por $11 mil millones. Para el ministro Rojas, esta propuesta retrata un “chantaje”. El representante Espinal, en cambio, comparte la medida: “El pedido del gobernador me parece lógico. El déficit que tenemos es por la burocracia desbordada de la U. de A. Profesores que ganan muchísimo por escribir un paper”.
Pese a este respaldo, y como el ministro Rojas, los diputados Muñoz y Luis Peláez, de Dignidad y Compromiso, cuestionan los aportes del gobierno de Rendón a la universidad y lo señalan de recortar la contratación.
Los contratos interadministrativos con la Gobernación, que son otra entrada de recursos para la institución, pasaron de 27 el año pasado (por valor de $94 mil millones) a 14 en lo que va de este año (por valor de $53 mil millones). Mientras que la contratación por el lado del gobierno Petro, según el rector Arboleda, ha mostrado un repunte este año, con 13 convenios que suman $88 mil millones.
“El Ministerio está girando más y la Gobernación mucho menos. Esos datos revelan que el entusiasmo de apoyar a la universidad que muestra Rendón no es cierto. No se quieren meter en las ‘vacas’ donde está Petro”, dice el diputado Peláez, quien sostiene que parte de la contratación recortada a la U. de A. se ha ido a universidades privadas.
La versión la matiza Mauricio Alviar, el secretario de Educación de Rendón: “Eso pudo ser cierto en el primer semestre, pero se debe al arranque de administración. Nuestro plan de desarrollo apenas se aprobó en mayo”. A privadas como Eafit, según el funcionario, solo han ido $3 mil millones y a otras siete universidades, entre públicas y privadas, han ido $37 mil millones más.
A “Fico”, el alcalde de la ciudad, lo sacó del silencio el ministro Rojas, quien afirmó la semana pasada que su respuesta ante el pedido de ayuda para la U. de A. fue que “no le jalaba al acuerdo”. Ante esto, el alcalde sostuvo que no ha conversado con Rojas, y trató como “puesta en escena” y “payasada” la asamblea de la que participó el funcionario.
Dijo, incluso, que él ni el gobernador fueron invitados, pese a los correos compartidos con sus despachos y a que Alviar le dijo a La Silla que estaba al tanto del espacio. “Fico” no habló de cómo se vincularía su gobierno con la crisis.
Turbulencias en la U. paisa podrían oxigenar reforma a la Ley 30
Arboleda dice que el caso de la U. de A. no es uno aislado. Afirma que si bien hay particularidades que ahondan el déficit de esta institución, como su expansión con sedes en varias subregiones y la especialización en investigación, habla de un déficit acumulado de $18 billones en las universidades públicas desde que entró en vigencia la Ley 30.
El ministro Rojas también habla de un déficit estructural. Incluso afirma que la crisis en esta institución podría ambientar la reforma a los artículos 86 y 87 de esta ley (centrados en la financiación), que hoy promueve el gobierno y que ya fue radicada en el Congreso.
“La situación de todas las públicas en el país es similar y por eso el afán del gobierno de reformar estos artículos”, le dice el ministro a La Silla. “De hecho, hoy hay un buen ambiente para esa reforma. He hablado con congresistas de todos los partidos y hay conciencia de que estos artículos deben reformarse para garantizar la financiación”.
Pese a las diferencias en el cómo, este deseo lo podrían allanar la carta firmada por congresistas paisas para afrontar la crisis de la U. de A. y las más de 60 firmas con las que, según detalla el analista político Fredy Chaverra en esta columna, fue radicado el proyecto de reforma mencionado por Rojas.
“Esta crisis le da pie al gobierno Petro para ambientar su reforma en el Congreso, porque el problema de financiación no es solo de la U. de A.”, dice el diputado Muñoz. “Esta reforma es una táctica para solucionar lo urgente, porque una reforma integral a la educación generaría un debate mucho más denso”.
Espinal, el representante uribista, es más moderado en su lectura: “La carta de la bancada y la firma para la reforma de la Ley 30 no tienen nada que ver. No hemos mezclado los temas. Sin embargo, podría ser una buena oportunidad para abrir el debate”.
Por ahora, mientras aterrizan las medidas anunciadas por Rojas y Rendón, el rector Arboleda reconoce que la universidad quedó en medio de una disputa política que podría ser riesgosa: “Cuando uno va a Bogotá, siente que hay dificultades en el relacionamiento de los dos gobiernos. Cuando voy a un evento, hay posiciones casi irreconciliables. Es más difícil maniobrar en estas condiciones. Uno se siente en la mitad”.
Nota el Editor:
*El periodista que escribió esta historia es estudiante de la Universidad de Antioquia.
