En un solo atentado, la comunidad de la vereda Lejanías de Cantagallo, en el sur de Bolívar, perdió a todos sus líderes comunales. Lisímaco Zamudio, presidente de la JAC; John Freddy Pérez, vicepresidente; Yohana Sepúlveda, secretaria; y Luis Eduardo Pérez, padre de John Freddy, fueron asesinados en Yondó (Antioquia) en una emboscada de las disidencias de las Farc de “Calarcá”, en agosto del 2024, mientras ese grupo tenía un cese al fuego y una negociación abierta con el gobierno Petro
La razón detrás de la emboscada fue que el Clan del Golfo obligó a estos líderes a subirse a una camioneta con un cadáver y les ordenó llevarlo hasta Barrancabermeja. Fue una sentencia de muerte porque puso a los líderes en medio de los fusiles del Clan y la disidencias, y su caso ilustra la tragedia que siguieron viviendo los líderes sociales en 2024: 170 fueron asesinados el año pasado, la mayoría liderazgos comunales en el fuego cruzado de los grupos armados.
La Silla Vacía revisó la información del seguimiento que hicieron la ONG Indepaz y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP del asesinato de líderes sociales a lo largo del año para consolidar una base de datos propia. Para hacerlo, se tomó la información de los líderes que coinciden en las dos bases de datos y complementó esa información con una revisión propia sobre cada caso para establecer qué características del liderazgo ejercían las víctimas y de las circunstancias del asesinato.
El resultado fueron 170 líderes asesinados, siete menos que en 2023, una disminución del 4%, pero que sigue poniendo a Colombia como uno de los países más letales del mundo para los liderazgos sociales:
Entre Valle y Cauca se concentró casi una tercera parte de los asesinatos
Carmelina Yule fue asesinada el 17 de marzo de este año. La líder, de 62 años, era mayora Nasa de un resguardo en Toribio, Cauca. En 2019, había trabajado como coordinadora del programa Mujer del Territorio en ese municipio. Nada evitó que la matara el frente Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Jacobo Arenas, mientras Yule exigía la liberación de un menor reclutado por esa disidencia.
Por el asesinato de Yule, el presidente Gustavo Petro rompió el cese al fuego bilateral y los diálogos de pazo con esa disidencia, que opera en Cauca, Valle y Nariño. Yule también se convirtió en la cara de la violencia desatada por las disidencias en contra de los líderes indígenas y civiles en el suroccidente colombiano. El Cauca es el departamento con más líderes asesinados: 30 casos durante el 2024.
De los 30 asesinados en Cauca, 13 eran líderes indígenas y ocho eran miembros de juntas de acción comunal, lo que muestra que los criminales concentraron su violencia en los liderazgos de los territorios en disputa o bajo su control en este departamento.
Por el lado del Valle del Cauca, de los 17 asesinatos destacan los ocho líderes políticos asesinados en ese departamento el año pasado: cuatro en Tuluá, tres en Buga y uno en Jamundí.
Entre los cinco departamentos más violentos para los líderes sociales en el país también destacan Antioquia, Arauca y Bolívar, que representan el 57% de los casos del 2024. El municipio de Tame (Arauca) fue el más violento para ser líder social, allí se presentaron siete casos de líderes asesinados. Le siguen Tuluá en el Valle, con seis caos, y Arauquita también en Arauca, con cinco casos.
En comparación con el año 2023, Antioquia y Cauca siguieron siendo los departamentos más violentos. Pero Nariño bajó las cifras, mientras en el Valle y Arauca los asesinatos aumentaron.
Los criminales se ensañaron contra los liderazgos comunales
Yeri Edwin Gaitán era presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Colombia, en Jamundí. Gaitán era reconocido por su liderazgo en asuntos de seguridad en el corregimiento y esto lo hizo un blanco de las disidencias.
En la madrugada del jueves, 1 de julio, Gaitán estaba departiendo con algunos familiares en zona rural de Jamundí. Una mujer se acercó a él y lo sacó engañado de la reunión para que la ayudara a mediar una supuesta disputa. Pero según información de la Policía, Gaitán fue obligado a subir a una camioneta que lo llevó hasta la vereda Ampudia, donde lo esperaban disidentes de la facción de “Mordisco”, que lo asesinaron y abandonaron en una cancha de fútbol.
El caso de Gaitán ilustra el peligro que corren los presidentes de juntas en territorios de disputa o presencia de grupos armados o bandas criminales. Los presidentes o miembros de JAC representan el 36% de los líderes asesinados en 2024, de lejos el liderazgo más riesgoso. Los líderes comunales tienen que asumir roles de interlocución con los grupos armados y además son señalados por estos cuando hay disputas entre dos actores por el control de la región o su población.
Por otro lado, aunque tradicionalmente La Silla no ha incluido asesinatos de excombatientes de las Farc dentro de la base de datos de líderes por tratarse de otro tipo de fenómeno, este año incluimos a los firmantes de paz que también asumieron un liderazgo en sus regiones y fueron asesinados. Un doble factor de riesgo para estas personas.
Es el caso de Carlos Jeison Jiménez Gutiérrez, este era firmante del acuerdo de paz y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal. Este fue secuestrado por personas armadas en su lugar de residencia. El 28 de octubre, fue encontrado asesinado en la vereda el Turpial del municipio de Mesetas, Meta.
Los concejales y excandidatos políticos sufrieron la violencia postelectoral
Después de los liderazgos comunales, los líderes políticos fueron las mayores víctimas el 2024, con 26 casos. Aunque es un 24% menos que en 2023, la cifra muestra que los líderes políticos siguieron siendo perseguidos después de las elecciones regionales del 2023. Muchos de los asesinados fueron ex candidatos a la alcaldía o al concejo de sus municipios, o habían sido elegidos para el periodo 2024-2027.
De los líderes asesinados siete eran concejales. Por otro lado, siete eran militantes o miembros del Pacto Histórico.
El asesinato de líderes más urbanos subió 44% respecto a 2023
Camilo Sánchez y Camila Ospitia eran líderes juveniles en Bogotá y fueron asesinados el 15 de agosto del 2024.
Sánchez era referente del hip hop local, conocido en el mundo del rap como MC Cub. También hizo parte de proyectos animalistas, huertas comunitarias y actividades sociales y artísticas. Ospitia estudió seis semestres de Trabajo Social e integraba varios colectivos y estrategias de recuperación del espacio público con el fin de salvar jóvenes de ingresar a la delincuencia y al consumo irresponsable de sustancias.
Ambos hacían parte del colectivo Distreestyle en Bosa, que se reunía en el parque Porvenir de esta localidad. Fueron asesinados por una banda criminal a la que le molestaba el activismo urbano de estos jóvenes porque le dañaba sus negocios en este parque. En la noche del 15 de agosto, hombres armados dispararon contra varios miembros de este colectivo después de una reunión, allí murió Sánchez y Ospitia, y fue herida otra joven.
El caso de estos jóvenes ilustra el aumento del riesgo y la violencia en entornos urbanos para los líderes. Entre el 2023 y el 2024, el número de asesinatos de líderes en entornos urbanos aumentó un 44%; aunque la mayoría de los casos siguen ocurriendo en entornos rurales.
Bogotá y Quibdó fueron las capitales donde más asesinatos de líderes se registraron: cinco casos para ambas. Pero, el aumento de asesinatos en entornos rurales también se debe a que muchos homicidios se cometieron en plenas cabeceras municipales y no en el monte, lejos de testigos.
Los criminales siguen metiendo a los líderes en la guerra
El caso de los miembros de la junta de acción comunal de Lejanías, de Cantagallo, muestra el riesgo deliberado en el que los grupos armados ponen a los líderes sociales al involucrarlos a la fuerza en la confrontación con otros grupos armados.
Este también fue el caso de Jaime Alexander Betancur, quien era miembro de la JAC de la vereda La Coposa, del municipio de Valdivia (Antioquia). El 17 de diciembre, después de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, un grupo armado aun sin identificar obligó a Betancur a ir a recoger un cadáver de un criminal que había muerto en los combates. El cadáver estaba en medio de un campo minado y Betancur pisó una mina que lo mató inmediatamente.
Este uso arbitrario de la población civil para labores en medio de la guerra entre grupos es altamente riesgosa para los liderazgos sociales, no solo por las acciones inmediatas sino por posibles señalamientos posteriores del grupo armado rival. La violencia brutal desatada por el ELN contra civiles, en el Catatumbo, muestra el riesgo mortal de la estigmatización para los líderes y firmantes de paz en estas zonas.
