Los líderes sociales asesinados en Caquetá

En San Vicente del Caguán, Caquetá, tres líderes de la misma organización social fueron víctimas de atentados en noviembre del año pasado. A dos los mataron y el que sigue vivo todavía tiene la bala que puede resolver su caso en el cuerpo. Éstas son sus historias, que les presentamos gracias a la investigación que nos pidieron nuestros Súper Amigos.

¿Quiénes son?

Cuellar es un líder campesino en Caquetá, tesorero de uno de los seis núcleos veredales de la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, Ascal-G, que hace presencia en la inspección de San Juan de Losada, en límites entre Meta y Caquetá. Tiene 50 años y hoy vive en San Vicente del Caguán.

El 20 de noviembre del año pasado, que caía en domingo, Cuéllar acababa de salir del funeral de su sobrino Erley Monroy, también líder social y miembro de Ascal-G, cuando un tipo en una moto le disparó con un revólver calibre 38 en la puerta de su casa. Terminó en la sala de cuidados intensivos del hospital de Florencia y ahí se quedó por un mes, inconsciente y conectado a un respirador artificial.

Después de eso salió, volvió a San Vicente y ahora está pendiente de una cirugía para que le saquen una bala que todavía sigue en su cuerpo. Está en su cadera y no se la ha sacado porque, según él, no le han agendado la cita con un cirujano en Florencia. La bala de Cuéllar puede atar un cabo: si el atentado a él y el de Monroy, que era su sobrino, están conectados.

Losada o “Mango”, como le decían en San Vicente, era miembro de la junta de acción comunal de la vereda Platanillo en San Juan de Losada. Era parte de Ascal-G como miembro del núcleo que comprende a diez de las 70 veredas que cubre esa organización, pero no tenía un cargo directivo.

Como integrante de la Junta, según contaron a La Silla dos fuentes de San Juan de Losada, él hacía parte de la comisión de veeduría. En esa comisión se miran uno a uno los proyectos que aprueba mensualmente la junta y se revisa en qué van, qué se ha cumplido y qué no.

Losada también era el carnicero de la vereda. Tenía 28 años y con su esposa, también eran dueños de una una discoteca que se llama Acuario

El 18 de noviembre dos tipos entraron a su casa y uno de ellos le disparó cuatro veces. El primer disparo fue con una escopeta y los otros tres con revólver. Lo mataron en frente de su esposa, su hijo y un trabajador.

¿En que va la investigación?

El caso de Monroy es el único que en este momento tiene la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía que creó el Acuerdo de Paz para el desmantelamiento de organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos.

El caso, según dijo a La Silla la Fiscalía, sigue en etapa de indagación. Es decir, todavía no hay pruebas suficientes que apunten a corroborar una hipótesis ni a señalar a un culpable.

Según supo La Silla, el caso de Monroy está priorizado y en su investigación están asignados cuatro investigadores, dos analistas de contexto y un fiscal que trabajó en casos de falsos positivos, pertenecientes a tres direcciones más (la de seguridad ciudadana, la de crimen organizado y la de derechos humanos).

La Fiscalía ya completa 93 “actividades investigativas” que van desde testimonios, hasta inspecciones en terreno y pruebas forenses. “Frente a los autores, no hay indicios de que sea un crimen de Estado y la hipótesis de los paramilitares tampoco ha tenido peso hasta ahora en la investigación”, dijo a La Silla una fuente de la Fiscalía. “Estos casos no están engavetados, solo que aun no tenemos pruebas suficientes para apuntarle a una explicación”.

Hipótesis

1. LO MATARON LAS FARC, CONCRETAMENTE ALIAS ‘SALVADOR’:

Ésta hipótesis se puso sobre la mesa porque el presidente del Concejo de San Vicente del Caguán, Eduardo Cedeño García, señaló públicamente al jefe de finanzas de la ‘compañía Felipe Rincón’ , de haberlo matado, según él por “diferencias que surgieron entre ambos”.

“Los campesinos del área tenían conocimiento de que el hombre (Monroy) se le había salido de las manos a ‘Salvador’, ya no hacía caso. Lo que él decía lo contradecía”, dijo a La Silla Sur el concejal Cedeño. “Una cosa es que ellos manden y la gente no les haga caso y otra que además de no hacerles caso, les contesten y eso hizo Erley”, agregó.

“Erley les decía que ellos ya estaban en un proceso de paz y que no podían seguir mandando como siempre habían mandado”, nos dijo el concejal.

Según él, como las Farc ya habían firmado la paz con el Gobierno, para no vincularse directamente, contrataron a un sicario para matar a Monroy. “Se conoció que hacía meses atrás un miliciano de ellos tenía la tarea de conseguir un sicario”.

Sin embargo, Marina Monroy, la esposa de Erley, dijo a La Silla que ella fue hasta la zona veredal a carear a ‘Salvador’ y le dijo que no lo había matado y que contará todo lo que hizo y lo que no en la Comisión de la Verdad. “Yo estoy convencida de que no fueron ellos porque mi esposo no tenía problemas con la guerrilla y las Farc cuando matan a alguien lo aceptan. Así era siempre.”, nos dijo.

2. LOS SEÑALAMIENTOS DEL ALCALDE HUMBERTO SÁNCHEZ CEDEÑO LO PUSIERON DE BLANCO DE GRUPOS QUE QUIEREN TOMARSE EL TERRITORIO:

El 26 de agosto de 2016, tres meses antes de la muerte de Monroy, el alcalde de San Vicente, que es del Centro Democrático, publicó en su cuenta de Facebook unas fotos con un manual de convivencia de Ascal-G.

Las fotos venían con afirmaciones abajo como “por el sector de San Juan de Losada hay una ONG que se llama Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero que de una u otra manera quiere usurpar el espacio que deja la guerrilla en cuanto a la extorsión. Han creado un manual de convivencia, normas en donde prácticamente le están cobrando a la gente el porcentaje que la guerrilla deja de cobrar”, dice.

Ese manual lo venían trabajando las juntas de acción comunal de las 70 veredas de San Juan de Losada en 2015 y para el momento en que el alcalde lo filtró, estaba a punto de ser aprobado. Incluía reglas como que cada fincario debía pagar 6 mil pesos por cabeza de ganado al año para hacer carreteras o que quien contratara a alguien que no fuera afiliado de las juntas para trabajar en las fincas debía pagar una multa.

Pero después de esas afirmaciones, Monroy y el presidente de Ascal-G, Carlos Vargas, denunciaron sentirse perseguidos y de hecho Vargas públicamente dijo que el alcalde era el culpable de la muerte de los líderes de la asociación.

Erley también había puesto la denuncia en mayo de 2016 ante la gobernación del Meta de que él había visto personas con brazaletes de las AUC en San Juan de Losada. “La tesis de él (Erley) era que la misma Fuerza Pública que no estaba alineada con los acuerdos de La Habana estaba disfrazando a soldados con esos brazaletes para meterle miedo a la gente de lo que significaba la paz”, dijo a La Silla el líder de una organización social en San Vicente del Caguán que pidió que omitiremos su nombre por su seguridad.

Aunque en San Vicente sí aparecieron unos letreros de las AUC el año pasado anunciando que llegaban al pueblo y que no estaban con la paz, “no hay más que esos letreros y tampoco ha pasado más de los comentarios”, dijo a La Silla Arbey Alvear, el presidente de la Unión de Organizaciones Sociales, Campesinas, Ambientales y de Derechos Humanos de San Vicente del Caguán, Uníos, que agrupa a 11 organizaciones sociales de mujeres, jóvenes, indígenas y campesinos de ese municipio.

Ni la Defensoría del Pueblo, ni el Ejército ni otras fuentes de San Vicente, ni líderes sociales consultados por La Silla dicen que haya AUC en el municipio.

En lo que sí coinciden todos, menos el Ejército, que negó a La Silla la existencia de AUC o de bandas criminales, es que aparte de la disidencia del frente séptimo de las Farc, sí hay pequeños grupos que aún no han identificado, que aparecieron desde la firma de los acuerdos, y que se dedican a “ir a las fincas a amedrentar a la gente, pero no se identifican como disidencia”, dijo a La Silla Gerney Calderón, Defensor del pueblo en Caquetá.

“Aquí cuando se firmó el cese esto era un remanso de paz. Ahora en la zona rural, en el Caguán bajo, se ven carros raros, actores que no se sabe qué son y que están matando a la gente”, dijo a La Silla una fuente que lleva años viviendo en el territorio.

La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos, DHOC, que es la que representa legalmente a la familia de Monroy, puso una solicitud de investigación contra el Alcalde ante la Procuraduría el día después del asesinato.

La Silla buscó varias veces al alcalde Sánchez para conocer su versión, pero no quiso hablar.

El atentado contra Cuellar está siendo investigado por la Fiscalía 19, seccional de San Vicente del Caguán y como el de Cuellar, está en etapa de investigación.

“El tema de Hugo sigue en averiguación. Apenas están terminando de recolectar pruebas, pero no hay un sindicado, no hay nada”, dijo a La Silla Sur Soleido Morales, el abogado de Cuéllar, que también hace parte de DHOC. “Yo sí creo que el caso de él está atado al de Monroy”, agregó.

Hipótesis

LOS SEÑALAMIENTOS DEL ALCALDE HUMBERTO SÁNCHEZ CEDEÑO LO PUSIERON DE BLANCO DE GRUPOS QUE QUIEREN TOMARSE EL TERRITORIO:

Así como con Monroy, en el caso de Cuellar, que también era de Ascal-G, una de las hipótesis sobre su intento de asesinato es que a raíz de los señalamientos del alcalde del Centro Democrático, la organización se volvió el blanco de las bandas que operan en San Vicente.

“Todo esto que nos pasó comenzó desde que el Alcalde dijo públicamente que todos los líderes comunales de Ascal-G trabajabamos para la guerrilla. Yo no tengo pruebas contra él, pero lo que dijo sí nos hizo mucho daño”, dijo a La Silla Sur Cuellar.

El caso de Losada es el más avanzado de los tres. Según supo La Silla por Fiscalía, ya le imputaron cargos a Jorge Eliecer Cendales, quien no los aceptó.

Hipótesis

1. LOS SEÑALAMIENTOS

Las acusaciones del alcalde del Centro Democrático, Humberto Sánchez Cedeño, estigmatizaron a los integrantes de Ascal-G y eso hizo que fueran blanco de ataque de grupos que se quieren tomar el territorio y hacer “limpieza” de la Farc.

2. AJUSTE DE CUENTAS:

Esta es la hipótesis de la Fiscalía y por eso imputaron a Jorge Eliecer Cendales.

Según confirmó La Silla con la Fiscalía en Caquetá, para el momento del asesinato Cendales vivía en la vereda Platanillo, la misma de Losada, y tenía una discoteca que competía con la de Losada. Esa competencia, sumada a que Losada le debía plata por unas peleas de gallos y otras deudas, fue lo que supuestamente hizo que lo matara.

A Cendales lo capturaron a principios de julio en Algeciras, Huila, hasta donde llegaron investigadores de la Sijin de la Policía y en un operativo conjunto con el CTI, dieron con él.

“La versión que sostenemos y de la cual tenemos pruebas suficientes es que el asesinato ocurrió por un problema entre vecinos”, dijo a La Silla la Fiscalía en Caquetá.Dificultades en la investigación

Los tres casos de estos líderes tienen en común, aparte de que todos eran de Ascal-G y ejercían algún tipo de liderazgo, que sus crímenes ocurrieron en zona rural, donde es más difícil que haya testigos y recolectar las pruebas tarda más tiempo.

Solo para llegar a San Juan de Losada, un funcionario de la Fiscalía le toma entre dos a tres horas saliendo desde San Vicente por carretera. Ese tiempo perdido entre el momento en que ocurre el crimen y el que llegan a investigarlo, puede hacer toda la diferencia para resolver el caso.

El único crimen en el que hubo testigos fue el de Losada, que es justamente el más avanzado. El CTI, la Sijín, la Dijín y la Fiscalía entrevistaron a la esposa y a la hija de 11 años, que estaban en el momento en que lo mataron, y pudieron darles un retrato hablado.

Ascal-G y las Farc

A diferencia del Ejército, que llegaba y se iba de Losada y Guayabero, en límites entre Meta y Caquetá, la columna móvil Felipe Rincón (antes Frente 40), que era parte del Bloque Oriental de las Farc, liderada por alias ‘Salvador’, hacía presencia permanente en la zona.

Esto hizo que entre la guerrilla y Ascal-G se diera una relación que, como le dijo a La Silla una fuente que conoce por dentro a Ascal-G “era de convivencia, pero también de coordinación.”

Ascal-G tiene seis mesas directivas que se distribuyen las 70 veredas de la zona y en cada una de esas veredas, su papel es, como le decía a La Silla Elver Medina, su Secretario General, “acompañar a las juntas de acción comunal para que hagan cumplir sus normas de convivencia y hacer conciencia del cuidado ambiental”.

Esa estructura para las Farc era muy funcional porque “con ese nivel de organización, que abarcaba a todas las veredas, era más fácil para nosotros que nuestras orientaciones se cumplieran en todo el territorio y como dice el viejo dicho, quien gana las masas, gana la guerra”, dijo a La Silla Federico Montes, responsable político de las Farc en Caquetá.

Antes de que la columna se concentrara en la zona veredal de la Y en el Meta, a partir del cese bilateral que acordaron con el gobierno, en esta región cada junta tenía su propio manual de convivencia en el que se definían reglas como donde talar los árboles, cuántas hectáreas podían dedicarse a qué cultivos o la cuota que debía pagar cada fincario al año para construir carreteras.

En ese contexto, como se lo dijo a La Silla una fuente de San Vicente que conoce por dentro la organización pero no hace parte de ella “el cumplimiento de esas normas tenía tres instancias. La primera eran las juntas. Si usted no cumplía el reglamento, la segunda instancia era Ascal-G y si seguía sin cumplir, las Farc eran la tercera instancia”.

Esa versión se la confirmó a La Silla un ganadero que vive en esa región y que nos pidió no ser citado por su seguridad. “Si por ejemplo uno no paga la cuota pues primero se le venía la junta y si uno incumplía había que rendirle cuentas a Ascal y uno nunca quería que de ahí pasara, porque lo que seguía era entenderse con ellos (las Farc).”

También nos la corroboró Medina, el secretario de Ascal. “Esas situaciones (que un caso escalara a las Farc) sí se dieron en varias oportunidades. Ellos (las Farc) velaban porque lo que aprobaran las juntas y que nosotros supervisábamos se cumpliera y pues era un grupo armado y pues….así era como lo hacían cumplir”.

“Nosotros mismos por falta de presencia del Estado los hemos orientado a que se organicen en medio de ese abandono y todas esas normas que ellos (Ascal-G) aprobaban en comunidad, nosotros estábamos de acuerdo y como éramos un Ejército, hacíamos cumplir esas normas”, dijo a La Silla Iván Merchán, uno de los nueve integrantes del Estado Mayor del Bloque Oriental de las Farc.

La guerrilla expulsaba del territorio a quienes no acataran las normas. “Si llegaba alguien a decir que no quería poner la cuota pues se le llamaba al orden y se le decía que se tenía que ir. Así funcionaba las Farc con todas las organizaciones con las que compartiamos territorio. Es una relación de hermandad, pero que tiene sus reglas”, dijo Montes a La Silla.

Por ejemplo, una de las reglas que tienen las juntas es que cada fincario pagara seis mil pesos por cabeza de ganado al año para con esa plata hacer las carreteras. Así es como Ascal-G ha construido 1333 kilómetros de vías que conectan a estas veredas. Aunque según tres miembros de Ascal, las Farc no pusieron ni un peso para esas vías y la guerrilla tampoco las incluyó dentro de su reporte de bienes al gobierno, sí se beneficiaban de ellas para sacar y entrar armas, comida y en general, para moverse en el territorio.

Pero cuando la Columna se fue para la zona veredal “ya no había tercera instancia y surge entonces el famoso Manual que el alcalde de San Vicente filtró”, dijo a La Silla una fuente que pertenece a una organización social de ese municipio. “El Manual lo que intenta es llenar el vacío de la coacción de las Farc”.

Esa versión, sin embargo, no la comparten en Ascal-G. “Lo que queríamos era unificar los mismos acuerdos para todas las veredas y lo empezamos a trabajar mucho antes de que se fueran las Farc”, dijo a La Silla Medina.

Sin embargo, para una fuente que vive en San Vicente, fue justamente ese manual lo que empezó a poner a Erley Monroy y a los demás líderes de Ascal-G entre ojos. “La verdad es que la gente decía que Erley manipulaba a la comunidad. Con ese manual se querían volver casi que un Estado y la gente comenzó a no gustarle eso”.

Monroy siempre defendió la idea de que el abandono del Estado fue el que hizo que Ascal-G se convirtiera poco a poco en una especie de gobierno autónomo.

“Nosotros somos un gobierno autónomo porque el Gobierno ha abandonado completamente la región y entonces nos ha tocado hacer los puentes, hacer las carreteras e incluso pagar maestros y hacer las escuelas”, dijo en una entrevista meses antes de que lo mataran.

El riesgo de ser líder

Alzar la voz en Caquetá para proteger derechos es muy arriesgado por varias razones.

La primera, según dijo a La Silla Gerney Calderón, defensor del pueblo en ese departamento, es la estigmatización. “Aquí el activismo inmediatamente tiene dos rótulos: izquierdista y fariano. Con eso, la gente tiene aseguradas las amenazas de sectores que no están con la implementación de los acuerdos”.

“Los líderes sociales en zonas como el Caguán deben enfrentarse a la estigmatización de habitar un territorio donde ha ejercido su dominio histórico las Farc y esa estigmatización es la sombrilla para que sus reivindicaciones sean respondidas por el Estado como un asunto de orden público y no de participación ciudadana”, dijo a La Silla Sur, Alejandra Ciro, una historiadora caqueteña que lleva años estudiando a las organizaciones sociales de su departamento.

La segunda razón tiene que ver con que ahora con las dos disidencias que se mueven en el departamento (la del frente séptimo en San Vicente y la del primero en Solano), denunciar o liderar procesos que tengan que ver con el aterrizaje de los acuerdos los pone en el radar de estos grupos armados.

De hecho, a la Defensoría ya llegó una denuncia de que un vicepresidente de una junta de acción comunal en Cartagena del Chairá, que ha liderado el proceso de sustitución de cultivos allí, está siendo amenazado por la disidencia de Duarte para que no arranquen la coca.

Manual de convivencia

El manual que publicó el alcalde Cedeño señalando a Ascal-G de querer reemplazar a las Farc comenzó a trabajarse desde 2015.

En una asamblea que hicieron las 70 veredas de la Asociación a mediados de ese año, los presidentes de las juntas hablaron sobre la posibilidad de unificar las normas para todo el territorio y no que cada vereda tuviera un manual distinto.

Fue hasta junio de 2016, según dijo a La Silla el secretario de Ascal, que comenzaron a trabajar en un borrador que fue el que se conoció.

El manual decía que “Ascal G era la primera autoridad política y social de la región y obliga a todas las juntas del área de Losada-Guayabero al cumplimiento de los acuerdos”.

Tenía 76 puntos e incluía reglas que iban mucho más allá de regular donde se siembra o donde se pueden talar árboles porque regulaban la vida de la gente.

Por ejemplo, incluía normas como que el que tuviera carros robados en la región debía pagar cinco millones y la junta podía inmovilizarle el carro; que toda persona mayor de 14 años tenía que afiliarse a una junta; que el que no saliera a hacer trabajo comunitario, como por ejemplo ayudar a construir una vía, debía pagar 50 mil pesos al comité de trabajo; que el que le diera trabajo a un “desconocido o desafiliado” debía pagar una sanción de dos millones de pesos a la junta de acción comunal.

También incluía que la persona que “haga desorden en una cantina, establecimiento o evento” debía pagar una multa de un millón de pesos a la junta. Lo mismo debía pagar el que dijera un chisme o calumnia. Si se agarraba a puños, garrotazos, patada, botellazo o “quiebre de envase” debían pagar 500 mil a la junta. Si decían “palabras soeces directas”, la multa era de 300 mil.

Pero además incluía normas que le daban mucho más poder a Ascal-G.

Por ejemplo, decía que el que saboteara o irrespetara al moderador en las reuniones de Ascal-G debía pagar 200 mil pesos o que cada vereda debía pagarle cien mil pesos cada tres meses a la mesa directiva del núcleo al que pertenecía para pagarles los viajes a los directivos de la asociación; que se debían hacer bazares y rifas para recolectar fondos para la asociación y que “ninguna empresa o institución podrán actuar en la región sin su debida autorización de la directiva de Ascal-G”

Incluso había normas que le ponían impuestos al comercio del trago o a la compra y venta de fincas y casas. “Todo negocio de venta deberá pagar el 10 por ciento del valor del inmueble distribuido así: 4 por ciento para la JAC, 3 por ciento para el núcleo (de Ascal) y el 3 por ciento restante para la movilización de los directivos de Ascal-G”.